La decisión de reemplazar la palabra “territorio” por “comunidad” en documentos o instrucciones del Ministerio de la Mujer no es un asunto meramente semántico, sostiene la autora de esta columna. Ambos conceptos, sostiene, describen realidades diferentes y eliminar uno de ellos puede dificultar la comprensión de las desigualdades espaciales que enfrentan las mujeres. Y concluye que «el Estado necesita profesionales capaces de pensar críticamente la realidad, no funcionarios limitados por un vocabulario políticamente autorizado, en ese sentido, es contradictorio que mientras las ciencias sociales han avanzado hacia comprensiones cada vez más complejas del territorio, reconociendo sus dimensiones materiales, simbólicas, culturales, ecológicas, afectivas y políticas, una institución pública pretenda reducir esta categoría a una supuesta identidad ideológica».

Imagen de portada: vecinos de Santiago Centro pintan fachadas en 2023 para recuperar sus barrios (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

Con estupor hemos conocido la instrucción dirigida a trabajadoras y trabajadores del Ministerio de la Mujer que solicita evitar el uso de la palabra territorio y reemplazarla por comunidad, bajo el argumento de que territorio sería un concepto asociado a la izquierda. La situación es preocupante por razones que exceden ampliamente una disputa terminológica. Lo complejo es que cuando desde una institución pública se intenta retirar una categoría del lenguaje profesional por su supuesta adscripción ideológica, se configura un problema que compromete la calidad de las políticas públicas, la formación de quienes las implementan y, de manera especial, la responsabilidad ética de un Estado que debe comprender la realidad social antes de intervenir.

El asunto necesita precisiones básicas: territorio y comunidad no son conceptos equivalentes. Mantienen una relación estrecha, se intersectan, se condicionan y pueden producirse mutuamente en determinados procesos históricos. Sin embargo, refieren a dimensiones analíticas diferentes. Confundirlos es un error conceptual con consecuencias prácticas, puesto que, sustituir deliberadamente uno por otro, además, transforma una discusión académica y profesional en una decisión política que empobrece las herramientas disponibles para comprender las desigualdades y las relaciones sociales que atraviesan la vida de las personas.

El territorio refiere a una dimensión espacial de la vida social. Tiene una materialidad evidente: calles, viviendas, edificios, escuelas, hospitales, centros de salud, supermercados, plazas, carreteras, servicios públicos, lugares de trabajo y múltiples infraestructuras que organizan la vida cotidiana. Allí ocurren los hechos sociales, se distribuyen los recursos, se establecen relaciones, se producen desplazamientos y se experimentan oportunidades y restricciones concretas.

Sin embargo, reducir el territorio a su dimensión física es igualmente insuficiente puesto que el territorio es una construcción social, política, histórica, cultural y simbólica. La forma en que un lugar distribuye sus viviendas, sus servicios, sus áreas verdes, sus establecimientos educacionales y sus posibilidades de transporte expresa relaciones de poder y decisiones políticas. La segregación urbana constituye territorio; la desigualdad territorial constituye territorio; la distancia entre una vivienda y un centro de salud constituye territorio; el tiempo que una mujer debe invertir para trasladarse desde su hogar hasta su lugar de trabajo constituye una experiencia territorial; la ausencia de iluminación en determinados espacios públicos, el miedo a transitar por determinadas calles, la concentración de servicios en determinados sectores y el aislamiento de otros grupos de población forman parte de la manera en que el territorio organiza la experiencia social.

Por eso, referir al territorio demanda prestar atención a algunos asuntos que la palabra comunidad no alcanza a expresar por sí misma, por ejemplo, cómo el espacio se encuentra atravesado por relaciones de poder y cómo esas relaciones producen desigualdades concretas.

Entonces, afirmar que territorio es un concepto de izquierda muestra un desconocimiento básico de la trayectoria de una categoría ampliamente utilizada en la producción científica. Más grave aún es convertir ese desconocimiento en una orientación institucional dirigida a profesionales que necesitan herramientas conceptuales para desarrollar su trabajo.

LA COMUNIDAD

La comunidad refiere a otra dimensión. Una comunidad supone relaciones entre personas, vínculos, pertenencias, formas de organización, memorias, prácticas compartidas, sentidos colectivos y, en determinadas circunstancias, objetivos comunes. Puede constituirse alrededor de necesidades, intereses, experiencias, identidades, proyectos, historias compartidas o procesos organizativos. Las comunidades pueden tener una fuerte inscripción territorial, aunque su existencia no depende necesariamente de compartir un espacio físico delimitado. Esta precisión es relevante, puesto que las personas que habitan un mismo territorio no constituyen automáticamente una comunidad. Una comuna, un barrio, una población o un conjunto habitacional puede estar habitado por personas con posiciones económicas diferentes, trayectorias migratorias distintas, experiencias culturales diversas, edades, identidades, intereses y proyectos contradictorios. En esos espacios pueden existir solidaridad y cooperación, pero pueden existir conflictos, desigualdades, relaciones de subordinación y disputas por recursos y reconocimiento.

Óscar Osorio Pérez (2023) señala precisamente sobre el riesgo de establecer una correspondencia automática entre comunidad, territorio y personas. Esta asociación produce una imagen homogénea de la vida colectiva y puede llevar a suponer que quienes comparten un espacio tienen necesariamente intereses comunes. La comunidad, comprendida de manera relacional, incorpora vínculos, tensiones, diferencias y conflictos.

Esta distinción tiene importancia ética para las políticas públicas dirigidas a las mujeres. ¿De qué manera puede diseñarse una política de prevención de la violencia de género sin considerar el territorio donde esa violencia ocurre? ¿Cómo se comprende la experiencia de una mujer que vive en una localidad rural distante de los servicios públicos? ¿Cómo se analiza la violencia que experimentan mujeres migrantes que habitan barrios segregados? ¿Cómo se interviene frente a las diferencias existentes entre una mujer que dispone de transporte, redes institucionales y servicios cercanos y otra que debe recorrer largas distancias para acceder a una atención especializada? ¿Cómo se reconoce la violencia que ocurre en espacios públicos, laborales, educativos, digitales y domésticos? La palabra territorio permite formular estas preguntas.

La palabra comunidad formula otras preguntas igualmente necesarias, pero distintas: ¿qué redes existen?, ¿qué organizaciones participan?, ¿qué vínculos sostienen a las personas?, ¿qué experiencias colectivas comparten?, ¿qué conflictos atraviesan sus relaciones?, ¿quiénes tienen capacidad de decisión?, ¿quiénes quedan fuera?, ¿qué actores/as poseen reconocimiento y cuáles permanecen invisibilizados? Precisamente por eso necesitamos ambos conceptos, es decir, no existe ninguna razón académica, profesional ni ética para sustituirlas.

Entonces, ¿qué sucede cuando se elimina del lenguaje profesional una categoría que permite comprender la dimensión espacial y social de esas experiencias?

Más aún, eliminar la categoría territorio del lenguaje institucional puede tener consecuencias políticas relevantes. Cuando ya no se nombra el territorio, el riesgo es invisibilizar las desigualdades que se distribuyen espacialmente y se vuelve más difícil observar cómo las políticas públicas llegan de manera diferenciada a determinados lugares. Se debilita la capacidad para identificar brechas de acceso, concentración de servicios, segregación urbana, aislamiento, precarización habitacional, desigual distribución de infraestructura y barreras de movilidad, es decir, el territorio hace visible una dimensión de la desigualdad que no desaparece porque decidamos cambiarle el nombre.

Una política pública que trabaja con mujeres debe reconocer que ellas habitan territorios concretos y que esos territorios condicionan sus posibilidades de autonomía, protección, participación y acceso a derechos. El lugar donde una mujer vive puede determinar cuánto demora en llegar a un centro de atención, qué servicios tiene disponibles, qué redes de apoyo tiene, qué posibilidades tiene de denunciar, qué instituciones reconoce como confiables y qué riesgos enfrenta en sus desplazamientos cotidianos, el territorio, entonces, es parte de la experiencia cotidiana de las personas y no una abstracción académica.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

Existe además una dimensión política que debe ser considerada, las palabras con las que nombramos la realidad organizan aquello que podemos observar, puesto que cuando una institución decide que una categoría debe desaparecer porque considera que pertenece a una determinada tradición política, la discusión ya no se sitúa en el terreno del conocimiento y pasa al terreno del control del lenguaje; lo anterior, es extremadamente delicado,  para no decir peligroso, en instituciones estatales cuya responsabilidad consiste en desarrollar políticas basadas en derechos, evidencia y comprensión rigurosa de las desigualdades.

El Estado necesita profesionales capaces de pensar críticamente la realidad, no funcionarios limitados por un vocabulario políticamente autorizado, en ese sentido, es contradictorio que mientras las ciencias sociales han avanzado hacia comprensiones cada vez más complejas del territorio, reconociendo sus dimensiones materiales, simbólicas, culturales, ecológicas, afectivas y políticas, una institución pública pretenda reducir esta categoría a una supuesta identidad ideológica.

Por eso, el desafío consiste en comprender la relación entre ambos conceptos sin borrar sus diferencias y no en escoger entre comunidad y territorio.

Una comunidad puede construirse territorialmente, un territorio puede favorecer procesos comunitarios, una comunidad puede defender un territorio, un territorio puede convertirse en objeto de disputa, memoria, identidad y organización colectiva, entre otros asuntos. Existen comunidades que mantienen vínculos que atraviesan fronteras geográficas y territorios donde coexisten comunidades diversas, sabemos que la movilidad humana, las migraciones y las tecnologías digitales han multiplicado estas formas de pertenencia.

Desde esta perspectiva, reemplazar territorio por comunidad no es una simplificación inocente, esto porta una racionalidad, puesto que implica perder una herramienta analítica indispensable para comprender cómo se distribuyen materialmente las oportunidades, los riesgos, los recursos y las desigualdades.

Para el Trabajo Social, esta discusión tiene una dimensión todavía más relevante, esta profesión interviene en territorios concretos, junto a personas y comunidades concretas, frente a problemas sociales que tienen expresiones históricas, económicas, políticas y culturales. La intervención social demanda reconocer actores, relaciones, recursos, conflictos, instituciones, memorias, capacidades organizativas y condiciones materiales de existencia, es decir, una mirada profesional responsable necesita comprender dónde ocurren los procesos, quiénes participan, cómo se organiza ese espacio y qué relaciones de poder lo atraviesan. Nuestra ética profesional exige nombrar la realidad con categorías que permitan comprenderla, exige evitar la instrumentalización ideológica del lenguaje, exige reconocer la pluralidad de perspectivas existentes en las ciencias sociales y respetar el conocimiento producido durante décadas por profesionales, universidades, centros de investigación y comunidades académicas.

Por eso, la discusión provocada por esta instrucción ministerial debe generar una conversación mucho más amplia, es decir, estamos frente a una pregunta sobre qué tipo de Estado queremos construir y qué calidad intelectual esperamos de quienes dirigen, diseñan e implementan políticas públicas, más allá de una disputa acerca de una palabra. Es decir, un Estado democrático necesita instituciones capaces de distinguir conceptos, reconocer complejidades y trabajar con evidencia, necesita, además, profesionales que utilicen territorio y comunidad cuando corresponda, sin recibir instrucciones que conviertan categorías científicas en palabras sospechosas por razones ideológicas.

El territorio no pertenece a la izquierda, a la derecha ni a ninguna corriente política, pertenece a la realidad social que las ciencias sociales buscan comprender. La comunidad tampoco es una palabra políticamente neutra cuando se la utiliza para ocultar conflictos, desigualdades o diferencias existentes entre quienes comparten un espacio. Ambas categorías tienen significado en la investigación y en la intervención a partir de las relaciones sociales que analizan.

Quizás la pregunta más pertinente sea, qué realidad dejamos de ver cuando nos prohíben utilizarla y no por qué alguien utiliza la palabra territorio.

El problema de fondo surge cuando el Estado, a través del gobierno de turno, pretende controlar las palabras con las que las ciencias sociales nombran la realidad, porque la primera afectada es la capacidad de comprender. Cuando se empobrece la comprensión, se empobrecen las políticas públicas y, cuando estas pierden capacidad para reconocer las desigualdades concretas que viven las personas, especialmente las mujeres, la consecuencia deja de ser académica y se convierte en una cuestión de derechos.

El desafío, entonces, consiste en recuperar una relación responsable entre conocimiento, lenguaje y política pública, promoviendo mayor rigor en la comprensión de la realidad y menos temor frente a las palabras que las nombran.