Los autores de esta columna, académicos de una universidad regional, comentan la decisión del gobierno priorizar algunas áreas en postdoctorados y Fondecyt. Sostienen que «si permitimos que la precariedad y la selección política sesgada de lo que merece ser investigado erosionen el sistema científico, el daño será mucho más difícil de reparar que cualquier déficit presupuestario».

Imagen de portada: Shisuka / Canva

La publicación de las bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 debería preocupar mucho más allá de las universidades, pues existen dos modificaciones especialmente graves; a saber, la creación de áreas prioritarias que dejan fuera, como tales, a las ciencias sociales, humanidades y artes, así como la exigencia de residencia definitiva para investigadores extranjeros que deseen postular. No se trata de cambios menores en las reglas de un concurso, sino de una señal neoliberal de priorizar la inversión pública enfocada en la producción de rendimiento económico directo e inmediato, por un lado, y la xenofobia, por otro, con lo que el actual gobierno refleja qué conocimientos e investigadores/as en Chile empiezan (o mejor, empezamos) a ser prescindibles. 

Quienes hacemos investigación conocemos una realidad que pocas veces aparece en el debate público, pues a pesar de los esfuerzos importantes por fortalecer la actividad académica, investigar se ha convertido progresivamente en un oficio precario, sometido a exigencias curriculares crecientes y a una competencia permanente por recursos escasos. Se exige publicar en revistas de alto impacto, participar en congresos, realizar docencia, integrar redes internacionales, realizar docencia, vincularse con el medio, transferir tecnología y acreditar una productividad constante, todo ello mientras una parte importante de las trayectorias académicas iniciales depende de becas, de postdoctorados o de contratos de duración limitada. Así, pareciera que el sistema demanda excelencia sostenida mientras ofrece estabilidad con cuentagotas. En ese escenario, restringir todavía más las oportunidades de inserción científica profundiza una fragilidad que el propio Estado ha contribuido a crear.

Dicho este panorama, existe una paradoja que conviene mirar con datos, pues desde 2019 (según la UNESCO) hasta 2023 (Banco Mundial y Our World in Data), Chile cuenta con la mayor producción científica per cápita en toda Latinoamérica, esto pese a que el gasto nacional en investigación y desarrollo alcanza apenas el 0,41% del PIB, muy por debajo del 1,19% de Brasil, el 0,71% de Uruguay, y del promedio de la OCDE de 2,7% (brecha que ha sido reconocida por el propio Estado), países frente a los cuales queremos competir. Todo esto teniendo en cuenta que, a 2026, la inversión global de gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB de Latinoamérica es cuatro veces menor que la del promedio mundial y casi 10 veces menos que la de Corea del Sur (5,13%), el país que más invierte en este rubro. Ahora bien, esto refleja que Chile ha construido un liderazgo científico regional con recursos comparativamente muy limitados a nivel global. Con todo, esta productividad nace del esfuerzo acumulado de universidades, centros e investigadores que durante décadas han construido redes, formado capital humano y competido internacionalmente en condiciones poco holgadas, por lo que debilitar ese ecosistema es sencillo, pero reconstruirlo puede tomar generaciones.

La preocupación es todavía mayor cuando las ciencias sociales y las humanidades quedan relegadas a una concepción secundaria del conocimiento, en donde se prioriza la investigación producto de retornos económicos inmediatos. Un Estado no funciona únicamente con minería, inteligencia artificial, biotecnología o ciberseguridad. Una sociedad democrática también necesita conocerse y comprender por qué fracasan sus políticas públicas, cómo se relacionan las personas con sus instituciones, qué produce desigualdad, por qué aumenta la violencia, cómo se gestionan (humanamente) las migraciones, qué efectos sociales genera la transición energética, cómo se protegen los derechos fundamentales y qué fortalece o erosiona la democracia. Allí trabajan el derecho, la sociología, la economía, la antropología, la historia, la filosofía, la ciencia política y las ciencias básicas. Erróneo es pensar que estas disciplinas observan al Estado desde afuera, puesto que estas producen parte del conocimiento con el que el Estado se comprende, se corrige y decide.

Por eso inquieta que estas modificaciones coincidan con un clima político internacional en que gobiernos y movimientos de extrema derecha, muchos de ellos de signo populista y demagógicos, presentan al Estado casi exclusivamente como un problema de tamaño, costo o burocracia. Chile no está inmune a esa corriente. El actual gobierno ha hecho del ajuste fiscal y de la reducción de estructuras estatales una parte explícita de su agenda. La eficiencia del Estado es un objetivo legítimo, pero existe una diferencia profunda entre revisar instituciones para que funcionen mejor y adelgazar las capacidades públicas que permiten a una sociedad conocerse, evaluarse y corregirse.

Cuando esa lógica alcanza a la investigación, el riesgo deja de ser exclusivamente académico. Reducir la red científica significa debilitar también el tejido social que esa red estudia y acompaña, más aún cuando se trata de universidades ubicadas en la periferia, como lo es la institución pública a la que pertenecemos, que desde una región trifronteriza analiza con criterio y rigor la movilidad humana, los pueblos indígenas transfronterizos, las economías de frontera, las desigualdades territoriales, la escasez hídrica y el acceso a servicios, que no pueden resumirse a problemáticas de “zanjas” y operaciones “cancerberas”. Relegar las disciplinas que investigan esos fenómenos significa gobernar con menos conocimiento precisamente allí donde la realidad es más compleja.

Los aires de autoritarismo que algunos advertimos en distintas decisiones de este gobierno no pueden quedar reducidos a un diagnóstico ni a la indignación circunstancial de cada sector afectado. Una democracia también se protege preservando los espacios que producen pensamiento crítico, evidencia independiente, conocimiento capaz de cuestionar al poder, siendo indispensable, primero, impedir que estas modificaciones sean eficaces y, segundo, que maliciosamente estos criterios se expandan a otros concursos de ANID, como lo son los Fondecyts. La respuesta de la comunidad científica debe ser transversal y unitaria, no para defender privilegios corporativos, sino una infraestructura de conocimiento que Chile tardó décadas en construir.

No estamos discutiendo solamente cuántos postdoctorados se adjudicarán en 2027, sino qué país queremos ser y cuánto valor concedemos a la posibilidad de comprendernos a nosotros mismos, lo que solo es posible a través de una red científica que trascienda nuestras fronteras y nos integre al mundo. La ciencia aplicada es necesaria, qué duda cabe. Pero si se requiere más conocimiento que genere retornos económicos, lo que se necesita es más inversión, y no desmantelar lo que se ha construido. Si permitimos que la precariedad y la selección política sesgada de lo que merece ser investigado erosionen el sistema científico, el daño será mucho más difícil de reparar que cualquier déficit presupuestario. Chile ha alcanzado un estándar de producción científica regional que merece ser protegido y la unidad de quienes investigan, enseñan, crean y producen conocimiento es hoy una condición necesaria para impedir que ese patrimonio común comience a desmantelarse.