El autor de esta columna cuestiona la forma en que el Gobierno ha justificado los cambios en Becas Chile y Fondecyt Postdoctoral, planteando que decisiones de política científica se estarían adoptando antes de transparentar la evidencia que las sustenta y en medio de una narrativa que instala la sospecha sobre el uso de recursos públicos. Sostiene que «tal vez la pregunta más incómoda no sea si Fondecyt debe cambiar, sino qué ocurre cuando un Ministerio del Conocimiento trata la tradición de gobernanza que lo precede como un obstáculo administrativo y no como parte constitutiva de la legitimidad de sus decisiones».

Imagen de portada: la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El anuncio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) sobre la modificación de las bases de Fondecyt de Postdoctorado 2027 abrió un flanco complejo para la legitimidad de la cartera. Sociedades científicas, el Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH), exautoridades, y otros actores del ecosistema del conocimiento no fueron consultados antes de definir 10 áreas prioritarias, reservar hasta un 70% de las adjudicaciones para ellas, y restringir la postulación a personas chilenas o residentes en Chile.

La noticia aterrizó en medio de una discusión ya tensionada en torno a otro instrumento: Becas Chile. En junio, el ministro de Hacienda afirmó ante el Senado que el incumplimiento de retorno a Chile de becarios era parte del “fraude social”, situándolo en la misma categoría que los deudores del Crédito con Aval del Estado. Expresó que el Estado debía recuperar entre 100 y 150 mil millones de pesos asociados a incumplimientos vinculados a la formación de postgrado y postdoctoral en el extranjero.

Luego, el 3 de agosto, el MinCiencia anunció al Parlamento el congelamiento de Becas Chile —con excepción del concurso doctoral— e informó su reformulación. La directora de la cartera científica sostuvo que existían 1.666 personas en condición de incumplimiento. Ante esto, la exsubsecretaria de Ciencia cuestionó la metodología para pasar de 293 personas informadas por la Contraloría en 2024 a la nueva cifra, solicitando transparentar quiénes fueron incluidos y bajo qué criterios. 

En los días siguientes, la ministra recorrió medios de comunicación. No abordó el cuestionamiento metodológico, pero sí validó la cifra presentada por Hacienda y recurrió a casos particulares para ilustrar el supuesto “fraude”. En ese mismo marco comunicacional, la modificación de las bases de Fondecyt de Postdoctorado comenzó a aparecer asociada a la necesidad de revisar, racionalizar, y eventualmente recortar el uso de los recursos públicos destinados al sistema de investigación.

En TVN, además, incurrió en dos imprecisiones. Señaló que Becas Chile financia a parejas e hijos, incluyendo escolaridad y salud. Esto es sólo parcialmente cierto ya que se contempla asignaciones acotadas —10% de la manutención para cónyuge y 5% por cada hijo menor de 18 años—, pero no una cobertura integral. También afirmó que existiría un plazo de 16 años para volver a Chile, confundiendo la duración de un doctorado, el período de gracia, y la obligación de retribución.

Estos errores adquieren una dimensión especial cuando el “fraude social” es telón de fondo. Más aún si el propio Presidente sostuvo en T13 Radio que “hay personas que han tenido más beneficios de los que se piensa”, utilizando la manutención de hijos como parte del problema de Becas Chile.

La estrategia es eficaz. Cifras de alto impacto, ejemplos fácilmente recordables, y una apelación moral al uso de los recursos públicos. Activar asociaciones que contribuyen a construir instalar la narrativa de que existe un sistema capturado por personas que reciben recursos del Estado sin retribuir. Aunque aquello no sea una justificación técnica para rediseñar políticas que han estructurado la investigación chilena por décadas, el efecto producido es la generación de sospecha.

A lo anterior se suma el sesgo convertido en argumento técnico. En marzo, en Cooperativa, la ministra ya se había referido públicamente a Becas Chile recordando crecer en Maipú, estudiar en un liceo municipal, y conocer en Estados Unidos a personas de altos ingresos que contaban con el beneficio. Su conclusión fue que el instrumento debía llegar también a personas de escasos recursos. Recientemente, en Radio13c, admitió directamente que el instrumento “es clasista”.

Similar a la controversia generada por sus dichos en Radio Infinita sobre “agradecer haber sido pobre”, la experiencia personal operó como lente para interpretar un problema estructural. Así, interesantemente, de ambos episodios emerge una aparente preocupación por la desigualdad. Emerge un gobierno —austero, pero— preocupado por la desigualdad. Touché.

Por otro lado, la ministra utilizó el desempleo para justificar la nueva versión aparentemente patriota del instrumento postdoctoral. En Radio Pauta, argumentó —y lo reafirmó en una respuesta al CRUCH— que un tercio de los beneficiarios de Fondecyt Postdoctoral correspondería a personas extranjeras sosteniendo que, en un contexto de alto desempleo y dificultades de inserción laboral para doctores formados en Chile, el Estado debía “preocuparse primero de los nuestros”.

Recientemente, en Radio13c, redobló la apuesta. Habló sobre proyectos posdoctorales en la Universidad Diego Portales y explicó que la mayoría de los de astronomía, física, y matemática son realizados por extranjeros, mientras que la mayoría de los proyectos de humanidades corresponderían a chilenos. A partir de esa comparación, sostuvo que el Estado debería invertir en chilenos que hagan astronomía, instrumentación, óptica, e ingeniería, en lugar de dar a extranjeros una plataforma para capacitarse en Chile y luego continuar sus carreras fuera del país.

Es decir, al igual que el desempleo, la astronomía y otras áreas fueron instrumentalizadas. Se transformaron en una forma de justificar una restricción medular a Fondecyt Postdoctoral que probablemente no fue diseñada con evidencia y que no contó con deliberación experta. La escena fue reveladora no sólo por el argumento, sino por el tono de la ministra: llegó a dirigirse a rectores del CRUCH sugiriendo que no comprendían adecuadamente las ciencias sociales contemporáneas. Académicamente es una actitud audaz; políticamente, es extraordinariamente eficaz porque conecta con sensibilidades frente al gasto estatal y con una suerte de nacionalismo ilustrado.

Con ello, el debate se desplaza desde preguntas técnicas —quién decidió la reforma, cómo se definieron las áreas prioritarias, por qué el 70%, qué impacto tendrá sobre el sistema de conocimiento— hacia una discusión moral: si quienes producen conocimiento están respondiendo al país y cómo encausar en la senda del desarrollo nacional sólo a “los nuestros”. Así, se reemplaza la política científica por la política de la sospecha: ¿para qué financiar investigación cuya utilidad no es evidente?, ¿por qué pagar por investigaciones sin utilidad inmediata?, ¿por qué destinar recursos a personas que podrían irse, no reinsertarse, o no contribuir al país?

Y acá emerge una paradoja central. Frente a la ciudadanía, la ministra —y con ella el Gobierno— se presenta como la autoridad que fiscaliza, revisa privilegios, y alinea el gasto público con prioridades. Pero dentro de la academia el efecto es cuestionamiento: ¿de dónde salen los datos?, ¿qué problema se está describiendo realmente?, ¿qué evidencia conecta Becas Chile con la reforma de Fondecyt? Y, sobre todo, ¿por qué no se consultó a expertos?

Es una dinámica delicada la que impulsa la cartera científica. Problemas complejos se reducen a consignas simples, debates técnicos se convierten en juicios morales, y quienes cuestionan la narrativa oficial —sean personas naturales o el CRUCH— son presentados como desconectados de la realidad. Así, en lugar de ordenar la discusión, el Gobierno la reencuadra con una cadena de dicotomías construidas: becarios responsables versus becarios irresponsables, financiar a chilenos versus financiar a extranjeros, ciencias sociales versus ciencias naturales, inmigración versus desempleo, investigación útil versus investigación inútil, gasto en conocimiento versus gasto social.

Es precisamente ahí donde Becas Chile y Fondecyt Postdoctoral 2027 dejan de ser instrumentos de política científica y se transforman en la punta visible de un problema más profundo: una forma de gobernar el conocimiento en la que las decisiones parecen llegar antes que las explicaciones, la narrativa antes que la evidencia, y la comunicación antes que la deliberación.

Las naciones orientan recursos hacia determinadas prioridades. Chile ya lo hace a través de otros instrumentos, dentro y fuera del MinCiencia. Lo problemático es que para hacerlo se prescinda de una tradición deliberativa construida durante años, se justifique con datos cuya metodología no es transparente, y luego se comunique en un clima que erosiona la confianza de quienes producen conocimiento. Finalmente, tal vez la pregunta más incómoda no sea si Fondecyt debe cambiar, sino qué ocurre cuando un Ministerio del Conocimiento trata la tradición de gobernanza que lo precede como un obstáculo administrativo y no como parte constitutiva de la legitimidad de sus decisiones.