En 2018, CIPER reveló que el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, había comprado una propiedad en La Reina por cerca de $350 millones. Ahora, la justicia confirmó que la vivienda pasará al fisco, luego de que el año pasado -al condenar a Aguilera- estableció que financió su compra con dinero ilícito. En 2021, el exalcalde demandó a CIPER por la publicación de dos reportajes sobre la investigación que el Ministerio Público llevaba en su contra por corrupción y exigió el pago de $1.700 millones. La acción fue patrocinada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, los mismos que hoy están bajo la lupa por la causa bielorrusa y el caso Fundamenta. Finalmente, la acusación de Aguilera no prosperó porque ellos mismos abandonaron el proceso.

Créditos imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno.

El martes 4 de agosto, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago confirmó que la propiedad que el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, compró hace diez años en la comuna de La Reina, será traspasada al fisco, luego de comprobarse que el exjefe comunal financió su adquisición con dinero obtenido de manera ilícita.

En 2018, un reportaje de CIPER reveló la existencia de la casa, cuyo financiamiento debía ser indagado por el Ministerio Público. En paralelo, el entonces edil enfrentaba otra pesquisa de la Contraloría que amenazaba con destapar irregularidades en el municipio y crecía la presión en su contra por sus vínculos con el narcotraficante Jorge «Chino» Pinto, revelados por Informe Especial en octubre de ese año (vea aquí el reportaje «San Ramón: tres investigaciones cercan al alcalde vinculado a narcotraficantes«).

Finalmente, en 2025 la justicia condenó a Aguilera por lavado de activos y aumento patrimonial injustificado. Por el primer delito, el exmilitante socialista recibió cuatro años de reclusión bajo libertad vigilada y una multa de 200 UTM. Los jueces establecieron que la compra de la casa en La Reina fue una maniobra ejecutada bajo esa figura penal. Por el segundo cargo, se le impuso el pago de otra multa por $246.918.500, equivalente al incremento patrimonial indebido. 

Según el fallo, los hechos que sustentan ambas condenas ocurrieron entre 2013 y 2017, período en que Aguilera ejercía como alcalde de San Ramón (en total, desempeñó ese cargo por nueve años, entre 2012 y 2021).

Además, se acreditó que, en el ejercicio de sus funciones, Aguilera también incurrió en cohecho pasivo, toda vez que «solicitó o aceptó para sí un beneficio económico, a cambio de realizar u omitir actos propios de su cargo, contraviniendo sus deberes funcionales». Sin embargo, el tribunal lo absolvió de este cargo por encontrarse prescrito.

En suma, el tribunal concluyó que «los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos no se presentan como conductas aisladas, sino como partes de un mismo entramado delictivo, donde el acusado, abusando de su investidura pública, recibió pagos ilegales, incrementó injustificadamente su patrimonio y adoptó mecanismos para ocultar la trazabilidad del dinero, lo que permite atribuirle una participación dolosa y consciente como autor de los tres ilícitos».

Los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, hoy investigados por la justicia por la causa bielorrusa y Fundamenta (Créditos: Mario Vargas (Agencia Uno) / Eduardo Lagos (sitio web LVS Abogados).

LA DEMANDA CONTRA CIPER

En 2021, Aguilera demandó a CIPER por la publicación de dos reportajes que incluían información sobre el avance de la investigación en su contra. Estos eran:

• Los millonarios pagos al alcalde Aguilera y los testimonios de sus subordinados que lo tienen al borde del precipicio, publicado el 5 de junio de 2021 (véalo aquí).
• Ex colaboradores de alcalde Aguilera declaran que su campaña recibió aportes de narco y que el municipio pagaba a trabajadores falsos, publicado el 2 de julio de 2021 (véalo aquí).

La acción civil fue patrocinada por Eduardo Lagos y Mario Vargas, los abogados que hoy son investigados por la justicia por sus actuaciones en la causa del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y el caso Fundamenta. 

En el escrito que presentaron ante el 26° Civil de Santiago, los abogados de Aguilera afirmaron que los artículos contenían “imputaciones (…) absolutamente falsas, pudiendo constarse que por parte de la demandada ha existido un ejercicio abusivo de su derecho a informar y de su labor periodística”, y que la redacción de ambos reportajes “da cuenta de una postura abiertamente parcializada y prejuiciada respecto de nuestro representado, abandonando completamente su labor de informar de manera objetiva a sus lectores”.

Por estos motivos, Aguilera acusó daño moral y exigió una indemnización de $1.700 millones. Sin embargo, la demanda no prosperó por abandono de procedimiento, ya que la parte querellante no realizó movimientos en la causa.