El autor de esta columna sostiene que el colapso de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial (tras el ingreso automatizado de cerca de 40 mil escritos judiciales por parte de un abogado) no revela un problema de la inteligencia artificial, sino de una infraestructura pública diseñada para un mundo donde los usuarios eran exclusivamente personas. A su juicio, la solución no pasa por restringir la tecnología, sino por rediseñar los sistemas para la era de la automatización.

Imagen de portada: Mauricio Ávila

Cada vez que una nueva tecnología tensiona una institución, la reacción suele ser la misma: culpar a la tecnología. Ocurrió con Internet, con las redes sociales y hoy sucede con la inteligencia artificial. El reciente ingreso automatizado de miles de escritos judiciales, que afectó el funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual y llevó a jueces civiles a proponer restricciones al uso de IA, vuelve a repetir ese patrón. Cuando un sistema colapsa, asumimos que el problema está en quien lo utiliza y no en cómo fue diseñado.

Sin embargo, si uno observa el caso con cierta distancia, la pregunta realmente relevante no es cómo un abogado logró ingresar cerca de 40 mil escritos en pocos días. La interrogante es por qué la plataforma del Poder Judicial fue concebida bajo el supuesto de que nadie sería capaz de hacerlo.

Durante años, gran parte de los sistemas digitales públicos fueron concebidos para interactuar con personas y no con softwares. Cada clic suponía un ser humano detrás de una pantalla y cada formulario implicaba tiempo, paciencia y limitaciones físicas. Esa era una restricción natural del mundo analógico trasladada al mundo digital. La inteligencia artificial, los robots y la automatización, simplemente eliminaron esa restricción.

No es casualidad que los propios antecedentes conocidos indiquen que el abogado habría utilizado un «agente externo» para ejecutar una tarea que, de hacerse manualmente, habría tomado semanas o incluso meses. Más que generar escritos mediante inteligencia artificial, automatizó una labor repetitiva que cualquier organización racional intentaría optimizar. Confundir esa automatización con inteligencia artificial solo dificulta comprender el verdadero problema técnico.

Por eso preocupa que el debate derive rápidamente hacia la idea de prohibir la IA. Hacerlo porque dejó al descubierto una debilidad institucional equivale a prohibir los automóviles porque una carretera resultó insuficiente. La congestión revela un problema de infraestructura, pero no necesariamente un problema del vehículo.

Esto no significa que cualquier conducta sea aceptable. Si existió abuso procesal, uso indebido de la plataforma o una afectación deliberada del funcionamiento de los tribunales, corresponde investigarlo y aplicar las sanciones que contempla el ordenamiento jurídico. El Derecho dispone de herramientas para enfrentar conductas abusivas. Lo que no parece razonable es concluir que la respuesta consiste en prohibir una tecnología completa.

De hecho, este episodio deja una enseñanza mucho más profunda para el Estado chileno. Durante años venimos hablando de transformación digital como si consistiera simplemente en digitalizar formularios de papel. Hoy estamos entrando en una etapa completamente distinta: la de los sistemas capaces de interactuar con otros sistemas. Esa realidad exige rediseñar las plataformas públicas pensando en automatización legítima, autenticación robusta, límites de capacidad, APIs, monitoreo inteligente y reglas técnicas claras. No basta con agregar un CAPTCHA después del problema; es necesario repensar la arquitectura institucional para un entorno donde los usuarios ya no serán exclusivamente personas, sino también agentes digitales que actúan en su representación.

Paradójicamente, el episodio también deja una buena noticia. La automatización funcionó tan eficientemente que permitió revelar, en pocos días, limitaciones estructurales que probablemente habrían permanecido ocultas durante años bajo un procesamiento manual. Esa es una de las virtudes de las tecnologías disruptivas: aceleran los procesos hasta hacer visibles las fragilidades del sistema.

Quizás, la verdadera noticia es que nuestro sistema judicial todavía estaba diseñado para un mundo que comienza a desdibujarse. Pero hay una noticia más importante aquí: un solo abogado logró realizar una tarea que, hasta hace pocos años, habría requerido el trabajo de un ejército de procuradores o de decenas de abogados jóvenes.

La inteligencia artificial no creó esta vulnerabilidad. Solo llegó antes que la regulación, antes que la infraestructura y, sobre todo, antes que nuestra capacidad para comprender que la justicia digital del futuro no puede construirse sobre los supuestos tecnológicos del pasado y que la abogacía del futuro será radicalmente distinta a lo que conocemos.