La primera Encuesta ICSOH-UDP sobre clima social muestra que el debate entre Estado y mercado está lejos de resolverse en términos binarios: la mayoría de los chilenos demanda un Estado garante del bienestar, aunque también exige mayor eficiencia y abre espacio, con distintos matices, a la participación privada. Los autores de esta columna señalan que «en los tiempos actuales, la pregunta clave no es si el Estado debe garantizar o no el bienestar, sino cuánto mercado cabe dentro de esa garantía, quién paga por ella y, sobre todo, si el Estado será capaz de estar a la altura de lo que la ciudadanía le exige».

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

La primera entrega de la serie “Clima Social” de la Encuesta ICSOH-UDP 2026 llega en un momento particular. A tres meses de iniciado el gobierno de Kast, la ciudadanía ya tiene los elementos necesarios para hacer un primer balance. En sintonía con la narrativa del gobierno, el 80% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el país atraviesa una emergencia económica, pero solo el 25% cree que las medidas propuestas para enfrentarla beneficiarán a la mayoría. A su vez, el 45% evalúa al actual gobierno de manera más bien negativa, y sólo el 27% lo hace de modo más bien positivo. La emoción que domina el clima nacional es la preocupación; la delincuencia encabeza con holgura la agenda de problemas urgentes (57%) y la mitad de los hogares declara estar económicamente peor que hace seis meses. En ese escenario de incertidumbre, uno de los temas centrales que ha estado en la discusión pública ha sido cuál debe ser el rol del Estado en la provisión de derechos y bienestar. Por eso, y para aportar a la conversación en el marco de este nuevo ciclo político, quisimos indagar sobre qué esperan las personas del Estado y del mercado cuando se trata de garantizar el bienestar.

Los resultados de la encuesta indican que las personas no son enemigas del Estado. El 70% prefiere un Estado que intervenga “bastante” o “mucho” en la economía y el bienestar, una preferencia mayoritaria incluso entre quienes se identifican con la derecha (60%). Más del 85% considera que es responsabilidad del Estado garantizar pensiones, salud, educación, vivienda y transporte cuando las personas no pueden acceder por sus propios medios. Al mismo tiempo, la mayoría rechaza los intercambios que sacrifican bienes colectivos por eficacia económica. Así, el 52% se opone a una economía que crece rápido aunque aumente la desigualdad, el 51% rechaza sacrificar la protección ambiental para generar empleos y el 56% descarta reducir derechos laborales para facilitar la contratación.

En cuanto a quién debería proveer los servicios sociales, el Estado, de manera gratuita e igualitaria, es la primera preferencia en pensiones, salud, educación escolar y cuidados infantiles, con la educación universitaria como única excepción, donde las opiniones se polarizan entre el Estado y un modelo mixto (servicios privados para quienes pueden pagarlos, y el Estado cubriendo a quienes no). Todo esto convive, sin embargo, con una mirada crítica sobre la eficacia estatal, ya que el 66% cree que el problema en Chile no son los impuestos bajos, sino que el Estado gasta mal lo que recauda.

El análisis de la encuesta también nos permitió detectar que existen perfiles en la población en términos de sus expectativas sobre el Estado y el mercado en la provisión de recursos. A partir de un análisis estadístico conocido como “análisis de clases latentes” (LCA, por sus siglas en inglés) nos preguntamos si era posible identificar perfiles de encuestados que compartieran patrones de respuesta similares en un conjunto de preguntas que capturan dos dimensiones del vínculo entre Estado y mercado: la disposición a aceptar sacrificios concretos a cambio de crecimiento o empleo (en desigualdad, medio ambiente y derechos laborales) y las preferencias sobre quién debería proveer seis ámbitos clave del bienestar (pensiones, salud, educación escolar y universitaria y cuidados de niños y de personas mayores). Tras el análisis, identificamos tres perfiles predominantes en la población.

Al comparar los perfiles de estos tres grupos, el primer hallazgo es que la preferencia por la provisión estatal es alta en casi todos ellos y en todos los ámbitos, especialmente en salud y en educación escolar. La principal línea de diferenciación no radica, entonces, en si se quiere o no al Estado como proveedor, sino en cuánto espacio se le da al mercado para operar junto a él, ya sea aceptando ciertos sacrificios redistributivos o permitiendo la provisión privada para quienes pueden pagarla. La siguiente tabla ordena estos tres perfiles, que hemos denominado Estatistas, Mixtos pragmáticos y Promercado (ver tabla 1).

El grupo de los Estatistas (46,3%) es el más numeroso y abarca casi la mitad de las personas encuestadas. Hablamos de personas que rechazan de manera generalizada los sacrificios que implica potenciar el mercado. Por ejemplo, no están dispuestos a más desigualdad, a menos protección ambiental ni a menos derechos laborales a cambio de crecimiento o empleo. Al mismo tiempo, prefieren al Estado como proveedor gratuito e igualitario en todos los ámbitos del bienestar, con una inclinación casi exclusiva hacia la salud y la educación escolar. Por lo tanto, se trata de un grupo que considera inaceptables tanto los trade-offs que implica impulsar el mercado, como el predominio de la provisión privada, y para el cual la protección social se concibe como un derecho que el Estado debe garantizar a todas las personas por igual. Este grupo concentra a personas que pertenecen a los segmentos de menores recursos, pero es ideológicamente heterogéneo: reúne a personas de izquierda, centro y derecha. El apoyo a un rol estatal robusto en el bienestar, en otras palabras, trasciende las divisiones ideológicas tradicionales en Chile.

En el polo opuesto, el grupo de los Promercado (18,3%) es minoritario, pero presenta el perfil más nítido de todos. Sus integrantes aceptan sacrificios a favor del mercado: crecimiento económico aunque aumente la desigualdad, empleo aunque se resienta el medio ambiente o los derechos laborales. Además, prefieren que sean los privados, o un esquema de cobertura diferenciada según capacidad de pago, quienes provean los servicios de bienestar en todos los dominios. A diferencia de lo que podría esperarse, las personas de este grupo no pertenecen necesariamente a la clase de mayor capital socioeconómico. Su perfil, más bien, se caracteriza por escolaridad e ingresos medios-bajos, predominio masculino y, sobre todo, una fuerte identificación ideológica con la derecha, acompañada de una evaluación favorable del gobierno. De hecho, es el único grupo que percibe una mejoría económica reciente y proyecta mayor optimismo hacia el futuro; una diferencia que, sin embargo, no se corresponde con una ventaja material objetiva de las personas que lo componen. Una lectura plausible es que su mirada económica esté teñida por la afinidad política con el gobierno en curso, un fenómeno bien documentado en la literatura internacional sobre razonamiento motivado por el partidismo. Su orientación promercado, en suma, parece más anclada a la identidad política que a la posición de clase.

Entre ambos polos se ubica el grupo de los Mixtos pragmáticos (35,4%), un tercio de la población que ocupa consistentemente posiciones intermedias. Son personas que rechazan los sacrificios del mercado, pero con menos contundencia que los estatistas, y en la provisión de servicios se mueven entre la preferencia por el Estado y la apertura a un modelo mixto (estatal y gratuito para quienes no pueden pagar, privado para quienes sí). Es el perfil que concentra a personas de mayor capital socioeconómico, con ingresos más altos y mayor nivel de educación que los otros dos grupos, y con mayor presencia femenina. Su posición a favor de la redistribución es intermedia, pero en materia de impuestos a los más ricos, se acerca a la posición estatista. Es decir, se trata de sectores relativamente acomodados que, aun concediendo espacio al mercado en la provisión, respaldan que el financiamiento del bienestar recaiga con mayor fuerza sobre los que más tienen.

Estos hallazgos invitan a una reflexión profunda sobre cómo entendemos el posicionamiento de la ciudadanía frente a la dicotomía Estado o Mercado. Una larga tradición de investigación comparada sobre las actitudes hacia el bienestar ha mostrado que las preferencias por el Estado o el mercado, aunque pueden responder a intereses materiales de las personas, también expresan lo que la literatura denomina una economía moral. Específicamente, concepciones compartidas sobre lo que es justo esperar, dar y recibir en una sociedad. Nuestros resultados respaldan esa lectura. Si las preferencias siguieran mecánicamente los intereses materiales de las personas, o su posición de clase, esperaríamos encontrar a las personas de ingresos altos siendo promercado y defendiendo la provisión privada que pueden pagar, y a sectores populares defendiendo el rol del Estado de manera uniforme y generalizada. Sin embargo, lo que encontramos es que la orientación promercado más nítida se ancla en la identidad política antes que en la ventaja material, por lo que son las personas de derecha, afines del gobierno, y no necesariamente las personas de clase alta, las que se sienten identificadas con esta posición. Adicionalmente, observamos que los sectores de mayor capital socioeconómico están dispuestos a conceder espacio al mercado en la provisión de bienes y servicios, pero respaldan la progresividad tributaria, alejándose de posiciones totalmente liberales en la manera de observar el vínculo entre Estado y Mercado.

Nos encontramos entonces con posiciones que nos llevan a pensar en las especificidades del caso chileno. Tras casi medio siglo de Estado subsidiario y de provisión privatizada en pensiones, salud y educación, la socialización cotidiana no parece haber producido simplemente “sujetos de mercado”. Tampoco parece haber dado lugar a un rechazo homogéneo de lo privado ni a una adhesión plena a soluciones exclusivamente estatales. La experiencia acumulada con múltiples dispositivos y formatos de provisión de servicios, incluyendo copagos, listas de espera, endeudamiento, segmentación de la calidad y pensiones insuficientes, convive con orientaciones más individualizadas, especialmente visibles en áreas como las pensiones, donde muchas personas valoran la propiedad individual de los fondos o desconfían de mecanismos plenamente colectivos. En ese sentido, lo que emerge no es una oposición simple entre Estado y mercado, sino una demanda por garantías públicas más robustas que coexiste con expectativas de elección, control individual y participación privada en ciertos ámbitos.

De este modo, a nuestro juicio, sería un error interpretar estos datos como reveladores de una nostalgia estatista o como incomprensión ciudadana de las restricciones económicas del momento presente. Lo que los datos sugieren es un estatismo cauto y exigente. Es decir, una ciudadanía que reclama al Estado como garante del bienestar, pero que al mismo tiempo desconfía de su burocracia. La disputa relevante para el futuro, entonces, no es cómo reducir el Estado, sino cómo construir provisión pública que sea de calidad, oportuna y bien administrada, y, además, universal e igualitaria. Ignorar esta demanda, o leer el reciente resultado electoral como un mandato para profundizar la mercantilización del bienestar, arriesga generar una distancia mayor entre élite política y ciudadanía, cuyas consecuencias normalmente se visibilizan en conflictos sociales agudos.

En suma, los resultados de la encuesta sugieren cautela al momento de interpretar a la ciudadanía en el momento político actual. Un gobierno que impulsa medidas de ajuste y reactivación con orientaciones promercado, no debe olvidar que su núcleo duro de apoyo está concentrado en un quinto de la población, grupo que, además, lo apoya por su identidad política más que por su posición privilegiada. En oposición, casi la mitad del país se identifica con una demanda amplia de garantías estatales universales, y el tercio restante acepta al mercado en los márgenes, pero mantiene al Estado en el centro. En los tiempos actuales, la pregunta clave no es si el Estado debe garantizar o no el bienestar, sino cuánto mercado cabe dentro de esa garantía, quién paga por ella y, sobre todo, si el Estado será capaz de estar a la altura de lo que la ciudadanía le exige.

Esta columna se basa en los resultados de la primera entrega de la serie “Clima Social” de la Encuesta ICSOH-UDP 2026, titulada “Garantías sociales en tiempos de incertidumbre”. El estudio se realizó mediante una encuesta online de 1.500 casos, con un diseño muestral no probabilístico por cuotas. El trabajo de campo fue realizado por la empresa IPSOS entre el 3 y el 8 de junio de 2026. La población objetivo corresponde a personas adultas mayores de 18 años, con cobertura nacional. Los resultados fueron ponderados por zona geográfica, sexo, edad, nivel educativo y quintiles de ingreso, siguiendo los parámetros del Censo 2024 y de la Encuesta CASEN 2024. El análisis de clases latentes se estimó sobre nueve ítems referidos a trade-offs de mercado y preferencias de provisión de servicios de bienestar, comparando modelos de una a cinco clases; la solución de tres clases fue seleccionada combinando criterios estadísticos de ajuste y parsimonia con la interpretabilidad sustantiva de los grupos.