Señor director:

A diez años de la implementación de la Ley de Etiquetado de Alimentos (27 de junio de 2016), Chile puede reconocer un avance sanitario: los sellos “Alto en”, las restricciones de publicidad infantil y la prohibición de venta en escuelas cambiaron decisiones de compra, impulsaron reformulación y generaron evidencia de reducción del riesgo de exceso de peso en escolares. Sin embargo, la magnitud persiste: más de la mitad de la población escolar chilena presenta malnutrición por exceso.

Por ello, el Congreso debiera abrir una agenda que pueda pasar de advertir a transformar entornos. Propongo evaluar un impuesto progresivo a alimentos con sellos, con trazabilidad legal de la recaudación para fortalecer comedores escolares saludables, aumentar la densidad de alimentos naturales (frutas, verduras, legumbres, huevos, lácteos sin sello) y priorizar compras locales a la agricultura familiar campesina de mínimo un 40% por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb.

La Ley 20.606 mostró efectividad, pero su nueva etapa debe medir impacto en equidad, aprendizaje y bienestar. Cuidar la alimentación escolar no es un gasto: es inversión intergeneracional en salud pública, justicia social y derecho a una nutrición saludable.