La presidente del Colegio de Periodistas sostiene que el reciente fallo que condenó a un exjuez y un exgeneral de Ejército por el espionaje ilegal al periodista Mauricio Weibel «debe ser leído como una advertencia y, a la vez, como un precedente. Si el periodismo que revela corrupción militar pudo ser objeto de espionaje ilegal, ninguna investigación sobre asuntos sensibles está completamente a salvo. La condena obtenida marca un piso mínimo de justicia, pero si en los próximos casos la respuesta institucional no es igual de firme, el daño no será sólo para un periodista: será para el derecho de toda la sociedad a saber».

Hay casos judiciales que no sólo interpelan a los tribunales, sino que interpelan a una sociedad entera. El espionaje denunciado contra el periodista chileno Mauricio Weibel Barahona pertenece a esa categoría incómoda y decisiva, la de aquellos episodios que obligan a preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar el poder cuando el periodismo toca sus zonas más oscuras.

Weibel investigó durante años graves hechos de corrupción al interior del Ejército de Chile. Sus publicaciones sobre el llamado “Milicogate” revelaron manejos opacos de recursos públicos y responsabilidades que alcanzaban a altas jerarquías institucionales. Ese trabajo no era una amenaza para la seguridad nacional, sino una contribución esencial al derecho de la ciudadanía a saber temas de interés público. Sin embargo, según los antecedentes judiciales, la respuesta de sectores vinculados a la inteligencia militar fue vigilarlo, intervenir sus comunicaciones y amedrentar su labor informativa.

Cuando el Estado espía ilegalmente a un periodista, no sólo viola la privacidad de una persona, sino que ataca el corazón mismo de la democracia. La vigilancia arbitraria contra reporteros, fuentes o denunciantes produce un efecto silencioso pero devastador que instala miedo, desalienta investigaciones, rompe la confianza con las fuentes y empuja a la autocensura. 

Es una forma de censura indirecta, más sofisticada que la prohibición abierta, pero igualmente corrosiva.

Los organismos que monitorean la libertad de prensa en el mundo confirman que esta forma de censura silenciosa no es un fenómeno aislado. El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) constató que la libertad de prensa está en su nivel más bajo en 25 años, con más de la mitad de los países del planeta clasificados en situación “difícil” o “muy grave”. El indicador legal -el que mide la protección normativa del ejercicio periodístico- fue el que más se deterioró: empeoró en el 60% de los países evaluados, un síntoma, advierte RSF, de que el periodismo se está criminalizando cada vez más en el mundo mediante leyes de seguridad nacional y figuras penales que, con distintos pretextos, terminan silenciando a quienes investigan.

El periodismo de investigación vive de la posibilidad de hacer preguntas incómodas, revisar documentos, proteger fuentes y publicar aquello que ciertos poderes preferirían mantener oculto. Si quienes revelan corrupción terminan tratados como objetivos de inteligencia, el mensaje para el resto de la prensa es brutal: investigar puede tener costos personales, familiares y profesionales. Ese mensaje no necesita una orden de censura para ser eficaz, basta con que el miedo empiece a circular.

Los estándares internacionales son claros. Toda medida de vigilancia debe estar prevista por una ley precisa, perseguir un fin legítimo, ser necesaria, proporcional y contar con controles independientes, especialmente cuando afecta a periodistas. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2025 un informe sobre el impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas, en el que constató que tecnologías como el software espía comercial, el reconocimiento facial y el seguimiento por geolocalización se han desplegado en toda la región bajo marcos jurídicos insuficientes, mecanismos de supervisión inadecuados y una transparencia mínima, lo que favorece la persecución selectiva de periodistas y defensores de derechos humanos. Meses antes, tras su visita oficial a Chile, la misma Relatoría había registrado alegaciones de interceptaciones telefónicas y espionaje contra periodistas, además de la activación y permanencia de procesos penales contra quienes investigan asuntos de interés público, exhortando al Estado a fortalecer sus mecanismos de protección.

La interceptación de comunicaciones no puede convertirse en herramienta de revancha institucional ni en mecanismo para proteger secretos vergonzosos. Mucho menos puede justificarse mediante documentos falsificados o procedimientos al margen de la ley.

El caso Weibel es particularmente grave porque no se limita a una disputa individual. Lo que está en juego es si una democracia permite que sus aparatos de inteligencia operen contra quienes fiscalizan al poder. También está en juego la protección de las fuentes, sin las cuales muchas investigaciones de interés público simplemente no existirían. Una fuente que teme ser identificada por una vigilancia ilegal deja de hablar; y cuando las fuentes callan, la ciudadanía pierde información indispensable para deliberar y exigir rendición de cuentas.

Chile ha construido, con esfuerzo, una institucionalidad democrática que reconoce la libertad de expresión como un pilar de la vida pública. Pero ninguna democracia puede considerarse madura si tolera zonas de impunidad en sus servicios de inteligencia. La transición democrática es completa cuando el poder armado, policial e institucional queda plenamente sometido a la ley, al control judicial y al escrutinio público.

Las cifras confirman que esa institucionalidad está bajo presión. Según el mismo Índice de RSF, Chile cayó del puesto 69 al 70 entre 180 países entre 2025 y 2026, con su indicador legal retrocediendo del lugar 76 al 82 y su indicador político cayendo del 34 al 40, en momentos en que la propia organización advierte que la investigación periodística “está perdiendo terreno” y que los procesos judiciales contra medios y periodistas se han vuelto “una estrategia recurrente para silenciarlos”. 

Por eso la respuesta judicial en este caso importa más allá de sus protagonistas. Importa para Weibel, desde luego, porque toda víctima de vigilancia ilegal merece verdad, justicia y reparación.  Pero importa también para cada periodista que investiga corrupción, para cada fuente que decide denunciar abusos, y para la ciudadanía que depende de una prensa libre para conocer aquello que el poder intenta esconder.

Esa respuesta judicial, felizmente, ya llegó. El pasado 30 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco años de presidio y a la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos al expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y al general en retiro Shafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, por diseñar y ejecutar la operación de espionaje contra Weibel mediante una orden judicial fraudulenta. 

Se trata del primer fallo de este tipo en la historia judicial mundial; un tribunal reconociendo, con nombre y apellido, que espiar a un periodista de investigación es un delito que compromete a la democracia entera. 

Durante el juicio, un que es un amicus curiae presentado por el programa Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia advirtió que el caso se inscribe en “un contexto regional e internacional preocupante”, marcado por el uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia para monitorear a periodistas, interceptar sus comunicaciones y recabar información privada, prácticas que organismos de derechos humanos han calificado como violaciones graves a la privacidad y a la libertad de expresión.

El caso de Mauricio Weibel debe ser leído como una advertencia y, a la vez, como un precedente. Si el periodismo que revela corrupción militar pudo ser objeto de espionaje ilegal, ninguna investigación sobre asuntos sensibles está completamente a salvo. La condena obtenida marca un piso mínimo de justicia, pero si en los próximos casos la respuesta institucional no es igual de firme, el daño no será sólo para un periodista: será para el derecho de toda la sociedad a saber.

Por eso, además, es tan grave que, en el marco de este avance, un grupo de senadores encabece una Ley Mordaza 2.0 que pretende sancionar con cárcel a periodistas que divulguen información sobre investigaciones judiciales, que puede evitar el avance del trabajo periodístico en temas de interés público. Esa iniciativa se inscribe precisamente en la misma tendencia que RSF identifica como la causa central del retroceso mundial de la libertad de prensa: el uso de arsenales legales -antes reservados a regímenes autoritarios- para restringir el derecho a informar, incluso en democracias consolidadas.

Alertar a la ciudadanía sobre estos peligros, así como advertir sobre los riesgos que implica hoy fiscalizar el poder desde el periodismo es clave para que la ciudadanía resguarde el rol de la prensa y el ejercicio pleno del derecho a la información.