Señor director:

A dos años de la promulgación de internet como servicio público, Chile debe abrir una segunda etapa. La primera fue reconocer la conectividad como infraestructura esencial. La siguiente debe ser convertir esa infraestructura en productividad, inversión y crecimiento.

El tercer concurso 5G quedó instalado como una discusión de política pública. La administración anterior realizó una consulta, escuchó a diversos actores y dejó una definición pendiente que hoy corresponde a la nueva autoridad. En un país con proyecciones de crecimiento bajo el 2% para 2026, esta decisión no es solo sectorial. Es parte de la agenda económica.

La economía digital ya no es marginal. A nivel global, la industria móvil representó 6,4% del PIB en 2025 y podría llegar a 8,4% hacia 2030. Chile debe preguntarse cuánto de ese valor quiere capturar, especialmente en minería, puertos, acuicultura, agroindustria, energía, salud y seguridad pública.

La inteligencia artificial avanzará con o sin nosotros. La diferencia estará en si el país cuenta con redes, espectro, datos, ciberseguridad y servicios críticos para sostener esa transformación, o si seguirá importando soluciones sin construir capacidades propias.

Retomar el tercer concurso 5G debe ser una señal de reactivación, productividad y visión 2030. El regulador debe decidir si el 5G seguirá siendo infraestructura de consumo masivo o si será una plataforma para crecimiento, resiliencia territorial y valor público.