Un grupo de diputados de oposición anunció la presentación de una comisión especial investigadora tras el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que determinó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, actuó fuera de sus atribuciones al enviar un oficio a la PDI requiriendo información de funcionarios que trabajaban en una causa penal en curso.

Por su parte, Steinert presentó una solicitud a la CGR para dejar sin efecto el dictamen. En el documento señaló que “se acreditan errores de derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen”. Argumentó que el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con facultades para solicitar ese tipo de información sobre las policías.

Además, la exministra descartó “la existencia de un interés -personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala- capaz de restar imparcialidad a la decisión”, debido a que la CGR sostuvo que Steinert faltó a su deber de abstención.

Trinidad Steinert durante el último cambio de gabinete (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

Este martes, la fiscalía y la PDI llevaron a cabo un megaoperativo en coordinación que logró la detención de 35 personas vinculadas con una facción del Tren de Aragua. Seis de ellos son chilenos y los otros 29 venezolanos. La diligencia se realizó en la Región Metropolitana y en las del Maule, Los Lagos y La Araucanía.

La Fiscalía Supraterritorial consignó en sus redes sociales que los delitos asociados a esta causa son lavado de activos, tráfico y asociación para traficar. Durante el procedimiento incautaron más de 500 gramos de clorhidrato de cocaína, 2.092 kilos de marihuana, un arma de fogueo, un cartucho calibre 12, más de $13 millones en efectivo, cuatro vehículos, 38 teléfonos celulares y 30 tarjetas bancarias.

El jefe de la PDI en la Región de La Araucanía, Héctor Cornejo, señaló: “Traían droga desde el extranjero, a su vez a la Región Metropolitana y desde ahí a Temuco, no en grandes cantidades. Se distribuían en distintos lugares de la región para ser vendidas y después todos esos dineros se volvían y se depositaban en una cuenta y luego (se transferían) al extranjero”.

Las evidencias tras el operativo de hoy (Créditos: Rocío Cuminao / Agencia Uno)

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, German Codina, y el director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por los hechos de violencia ocurridos este lunes tras la vuelta a clases del Instituto Nacional. Alrededor de diez personas encapuchadas habrían lanzado artefactos incendiarios a Carabineros.

La directora del establecimiento, Sandra Aravena, señaló que antes de iniciar las vacaciones de invierno recibieron una amenaza de muerte anónima contra miembros del equipo directivo, por lo que explicó que “esas amenazas gatillaron que tuviéramos que terminar el primer semestre de manera online».

En tanto, Larraín dijo: «Presentamos una querella contra todos los que resulten responsables de estos actos delictuales porque no queremos más que en Chile, y menos en el Instituto Nacional, vuelvan a haber hechos delictuales que enlodan a la educación pública».

(Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)