A siete años de su comparecencia ante la Comisión de Educación por el proyecto Admisión Justa, el autor de esta columna retoma una pregunta que, a su juicio, el debate chileno sigue sin responder, lo que queda demostrado con el proyecto del gobierno de modificar el Sistema de Admisión Escoclar: qué entendemos por mérito cuando se invoca como fundamento de una política pública. Dice que «sigo convencido de que esa es la pregunta que el debate chileno mantiene pendiente. No porque el mérito carezca de importancia, sino precisamente porque la tiene. Si el mérito pretende justificar la distribución de oportunidades educativas, el Estado debe ser capaz de demostrar que aquello que mide corresponde realmente al mérito y no simplemente al rendimiento académico».

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

En abril de 2019 comparecí ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para presentar un informe sobre el proyecto de ley denominado Admisión Justa. La iniciativa proponía reincorporar el mérito como criterio de selección para determinados establecimientos educacionales y sostenía que esa decisión respondía mejor a los ideales de igualdad de oportunidades, libertad y justicia. Mi intervención no buscó defender ni rechazar la selección escolar, sino que intentó responder una pregunta anterior: ¿qué entendemos por mérito cuando afirmamos que constituye un criterio justo para distribuir oportunidades educativas? Siete años después, el Gobierno ha presentado una nueva propuesta para modificar el Sistema de Admisión Escolar y la discusión vuelve a plantearse en términos muy similares. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta.

La discusión pública suele centrarse en si el mérito debe ser premiado o si la asignación aleatoria constituye un mecanismo más justo. Pero antes de optar por uno u otro modelo conviene detenerse en un problema previo. Si el mérito pretende funcionar como un criterio de justicia distributiva, es indispensable precisar qué significa y cómo puede identificarse. Un concepto llamado a justificar la distribución de un bien social escaso no puede descansar únicamente en la intuición de que todos comprendemos de qué se trata.

Durante estos años la reflexión filosófica sobre el mérito ha adquirido una profundidad que el debate político chileno todavía no parece haber incorporado plenamente. En La tiranía del mérito, Michael Sandel mostró cómo las sociedades contemporáneas tienden a atribuir el éxito casi exclusivamente al esfuerzo individual, invisibilizando el papel que desempeñan el azar y las circunstancias sociales. Carlos Peña, en La mentira noble. Sobre el lugar del mérito en la vida humana, ha defendido que el mérito sigue siendo una idea indispensable para las democracias liberales, pero precisamente por ello requiere una elaboración conceptual rigurosa. Ambos coinciden en una cuestión decisiva: el mérito no constituye un hecho observable, sino un concepto normativo cuya utilización exige una justificación. 

A mi juicio, esa justificación ha estado ausente del debate chileno. En la práctica, cuando se afirma que el mérito debe orientar la selección escolar, el único criterio utilizado para identificarlo son las notas, los puntajes o el rendimiento académico previo. Sin embargo, rendimiento y mérito no son equivalentes. El rendimiento describe un resultado; el mérito pretende justificar por qué ese resultado debe traducirse en una ventaja distributiva. Cuando el Estado distribuye oportunidades educativas no basta con constatar diferencias de desempeño. Debe explicar por qué esas diferencias expresan aquello que moralmente consideramos digno de reconocimiento. 

Fue precisamente esta dificultad la que John Rawls formuló hace más de medio siglo. En A Theory of Justice sostuvo que “incluso la disposición a esforzarse, a intentarlo y, por tanto, a ser merecedor en el sentido ordinario depende de circunstancias familiares y sociales favorables”. La observación no niega el valor del esfuerzo. Lo que pone de relieve es que la propia capacidad para esforzarse se desarrolla en condiciones que nadie elige, por ejemplo el entorno familiar, el capital cultural del hogar, la estabilidad económica, las expectativas educativas o las oportunidades disponibles durante la infancia. Si ello es así, el rendimiento académico no puede identificarse automáticamente con el mérito. Antes de atribuir una oportunidad educativa a un estudiante porque “la merece”, debemos preguntarnos cuánto de su desempeño responde efectivamente a su esfuerzo y cuánto refleja circunstancias que nunca estuvieron bajo su control.

Ésta fue la objeción que formulé ante la Comisión de Educación en 2019. El proyecto Admisión Justa invocaba el mérito como fundamento de la selección escolar, pero el único indicador objetivo que ofrecía para identificar ese mérito era el rendimiento académico. En otras palabras, justificaba una política pública mediante una categoría normativa/valorativa pero cuyo contenido no llegaba a demostrar. Sostuve entonces que, si el verdadero criterio de selección era el rendimiento, resultaba más transparente reconocerlo expresamente que atribuir al concepto de mérito un contenido que el propio proyecto no justificaba.

La discusión actual confirma la vigencia de este problema. Al proponer que determinados establecimientos vuelvan a seleccionar a sus estudiantes por mérito, el Ejecutivo sostiene que el sistema debe reconocer el esfuerzo y evitar que la asignación de vacantes dependa exclusivamente del azar. Esa preocupación merece ser tomada en serio. Sin embargo, antes de decidir si corresponde reincorporar la selección por mérito, resulta indispensable responder una pregunta anterior: ¿qué criterio permitirá identificar ese mérito? Si la respuesta continúa siendo únicamente las notas o el rendimiento académico previo, entonces el problema conceptual que advertí en 2019 permanece intacto. La discusión no consiste en decidir si el mérito importa, sino en determinar si aquello que pretendemos medir corresponde efectivamente al mérito.

Esta conclusión no implica rechazar el mérito. Por el contrario, supone tomárselo suficientemente en serio. Si realmente creemos que el mérito debe ser reconocido, entonces debemos ser capaces de distinguirlo de las ventajas derivadas del origen social. Dos estudiantes pueden obtener resultados diferentes habiendo realizado esfuerzos comparables, simplemente porque las oportunidades disponibles para uno y otro fueron profundamente desiguales. Del mismo modo, estudiantes con rendimientos similares pueden haber recorrido trayectorias radicalmente distintas. El mérito no desaparece por reconocer esa realidad; lo que desaparece es la ilusión de que puede identificarse directamente con un puntaje. 

Cada año intento explicar este problema a mis estudiantes de primer año en la universidad mediante un ejemplo sencillo. Es perfectamente posible que en una misma sala convivan estudiantes cuyas trayectorias educativas han sido muy diferentes. Algunos provienen de establecimientos donde tuvieron varias horas semanales de Filosofía, rindieron evaluaciones con estándares internacionales y fueron formados por profesores altamente especializados. Incluso es posible que hayan estudiado buena parte de los contenidos que abordaremos durante el semestre. Para ellos, obtener una buena calificación exigirá, probablemente, un esfuerzo comparativamente menor. Otros, en cambio, provienen de establecimientos donde la Filosofía ocupó un espacio mucho más reducido o simplemente no contaron con esas oportunidades formativas. Para alcanzar un resultado semejante deberán realizar un esfuerzo considerablemente mayor. Si ambos obtienen la misma nota, ¿podemos afirmar sin más que realizaron el mismo mérito? Y si el primero obtiene una mejor calificación, ¿estamos seguros de que ello refleja un mayor mérito y no una trayectoria educativa más ventajosa? Ésta es precisamente la dificultad que suele pasar inadvertida. El mérito no desaparece por reconocer la influencia de las circunstancias. Lo que desaparece es la idea de que puede identificarse directamente con un puntaje o una calificación. Además, si el mérito se asocia al esfuerzo, este ejemplo parece contravenir la intuición inicial, a saber, que un mejor desempeño implica sobre todo más esfuerzo y, por tanto, es más meritorio. 

Aquí aparece una paradoja que rara vez forma parte del debate. Cuanto más importante consideramos el mérito, más difícil resulta medirlo. Una auténtica política meritocrática no podría limitarse a ordenar a los estudiantes según sus notas. Tendría que incorporar precisamente aquellas circunstancias familiares, sociales y económicas que permiten distinguir el esfuerzo de las ventajas inmerecidas. En el informe presentado en 2019 sostuve que, si el Estado deseaba seleccionar por mérito, debía desarrollar indicadores capaces de medir el mérito y no simplemente el rendimiento académico. Esa propuesta presenta enormes dificultades metodológicas, pero precisamente ellas muestran que el problema no desaparece por ignorarlo. Llamar mérito al rendimiento académico no resuelve la cuestión sino que únicamente evita enfrentarla.

Es probable que el desacuerdo sobre el Sistema de Admisión Escolar continúe. Algunos seguirán defendiendo la selección y otros la asignación aleatoria. Ese desacuerdo es legítimo. Lo que ya no parece suficiente es seguir utilizando el mérito como fundamento de una política pública sin esclarecer previamente su significado. 

Siete años después de mi comparecencia ante la Comisión de Educación, sigo convencido de que esa es la pregunta que el debate chileno mantiene pendiente. No porque el mérito carezca de importancia, sino precisamente porque la tiene. Si el mérito pretende justificar la distribución de oportunidades educativas, el Estado debe ser capaz de demostrar que aquello que mide corresponde realmente al mérito y no simplemente al rendimiento académico. Mientras esa distinción permanezca sin resolver, seguiremos utilizando una noción de enorme fuerza moral para legitimar decisiones cuyo fundamento conceptual continúa siendo insuficiente.