El abogado Julián Guzmán Mejía fue detenido en República Dominicana tras haber cruzado por pasos fronterizos no habilitados junto a niños haitianos que buscaban llegar a Chile. El abogado y su sociedad Integra Resources Spa, aparecen en los gastos de campaña de Renovación Nacional y de la entonces militante de ese partido, Catalina del Real. Guzmán había trabajado para la Subsecretaría del Interior en 2018, a través de la Consultora Abenis, la que obtuvo el contrato vía trato directo y sin consulta al mercado, debido a la urgencia por implementar un plan de retorno seguro para migrantes. Según la investigación del Ministerio Público en Chile, ese trabajo le permitió acceder a la base de datos de migraciones hasta 2024. La base habría sido aprovechada para contactar a ciudadanos haitianos con derecho a visas de reunificación familiar.

El abogado dominicano Julián Guzmán Mejía, presidente de la Federación Nacional de Migrantes y Refugiados (Fenamir), fue identificado por la Fiscalía Centro Norte como miembro de una organización de tráfico de migrantes y lavado de activos que -al menos desde 2024- internaba de forma irregular a menores haitianos que buscaban encontrarse con sus familias. El rol de Guzmán era cruzar a los niños desde Haití por pasos no habilitados hacia República Dominicana y presentarse como responsable de estos ante las autoridades de ese país, recibiendo un pago por sus labores. 

En 2018, su perfil de dirigente en Chile lo llevó a trabajar para la Subsecretaría del Interior, entonces dirigida por Rodrigo Ubilla. Prestó servicios como personal externo, a través de la Consultora Abenis, para el Plan de Retorno Humanitario elaborado por el Departamento de Migraciones, bajo el alero de Álvaro Bellolio. Según la reconstrucción documental hecha por CIPER, la empresa fue contratada vía trato directo y sin consultar a otros proveedores del mercado el mismo día en que Ubilla firmó la resolución que fijaba las bases para el plan. El 26 de junio pasado, Meganoticias reveló que fue allí cuando Julián Guzmán tuvo acceso a la base de datos de migrantes que ingresan a Chile, lo que habría sido aprovechado por la organización criminal para identificar a las familias haitianas que podían postular a la visa de reunificación familiar (vea aquí la resolución). 

CIPER identificó que el dominicano acusado de tráfico de migrantes también fue un activista político ligado a la centroderecha chilena y que en 2021 fue proveedor de campañas de Renovación Nacional. En octubre de ese año, en pleno periodo de elecciones, creó la sociedad Integra Resources Spa, junto al colombiano Julián Flórez, a quien conocía desde inicios de 2018 y que entonces era asesor de la Dirección de Migraciones de la Subsecretaría del Interior. La empresa aparece en los registros del Servel como proveedora de Renovación Nacional para las elecciones parlamentarias de 2021, prestando el servicio de “Asesoría Marketing comunicacional voto residente extranjero”, por el que recibió un pago de $12,4 millones. Además, Guzmán trabajó como brigadista para la campaña de la diputada Catalina del Real (republicana), quien ese año militaba en Renovación Nacional.

Consultados por CIPER, desde el equipo de comunicaciones de Renovación Nacional contestaron que la empresa los contactó ofreciendo una asesoría para llegar al voto migrante, debido a que en 2021 había un padrón de 540 mil extranjeros con derecho a sufragar. Con la experiencia de Flórez en migraciones y de Guzmán como dirigente, optaron por contratarlos. Flórez dijo a CIPER que contactó a RN en noviembre de 2021, pero en el informe de rendición presentado por su empresa hay dos registros de actividades de propaganda que fueron realizados en agosto de ese año, incluso antes de que se iniciara el periodo legal de esa campaña parlamentaria.

Guzmán Mejía no fue el único de los imputados por la causa que lleva la fiscal Carolina Suazo que brindó servicios a la Subsecretaría del Interior. Jean Chery Dormeus, de origen haitiano, también trabajó en el grupo contratado por Abenis para implementar el Plan de Retorno Humanitario. Según un reportaje de Radio Bio Bio, Dormeus es uno de los fundadores de La Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile (ODEHC), la que registra transferencias por un total de $50 millones desde la Subsecretaría del Interior y del Gobierno Regional Metropolitano. 

En la formalización de la causa por tráfico de migrantes y lavado de activos, los fiscales Francisco Jacir y Carolina Suazo señalaron que Dormeus era el encargado de coordinar el ingreso ilegal de los menores a República Dominicana y gestionar los papeles para que viajaran a Chile. Además, se habría encargado de ocultar y disimular el origen del dinero obtenido del tráfico de inmigrantes, a través de una estructura de cuentas bancarias. En total, la organización habría registrado ingresos por $800 millones, de los cuales $480 millones fueron a cuentas de Dormeus.

Los imputados se acercaban a ciudadanos haitianos que buscaban traer a sus hijos a través de la visa de reunificación familiar. Por ese servicio cobraban entre $2,8 millones y $4 millones por cada niño, según la investigación de la fiscalía. La indagatoria detectó a cuatro menores, de entre 4 y 16 años, en República Dominicana, antes de viajar a Chile. 

Respecto a las acusaciones en contra de Julián Guzmán Mejía, en Renovación Nacional dijeron a CIPER que, al momento de su contratación, él “presidía la Federación Nacional de Migrantes y Refugiados y, posteriormente, incluso fue parte del Consejo de la Sociedad Civil el año 2023 en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lamentamos profundamente la información que se ha dado a conocer el año 2024 sobre un posible tráfico de personas; de ser así, esperamos que la justicia investigue de forma ágil y rigurosa, y que, de ser condenado, se le apliquen penas ejemplificadoras, no solamente en Chile, sino también en su país”.

PROVEEDOR DE CAMPAÑA

Las actividades desplegadas por Integra Resources SpA para RN en la campaña de 2021 quedaron registradas en un informe de ocho páginas que fue enviado a CIPER tanto por Julián Flórez como por ese partido. En ese documento se detalla que la empresa realizó labores como elaborar una estrategia comunicacional para los candidatos a diputados y senadores enfocada en la comunidad extranjera habilitada para votar; una serie de reuniones vía Zoom y presenciales con la comunidad migrante en distintos distritos; se coordinaron entrevistas por Facebook con una influencer de la comunidad con los 14 candidatos de RN, y se realizaron 44 mil llamados telefónicos. 

Julián Flórez explicó a CIPER que “en noviembre de 2021, presentamos una propuesta de asesoría al Partido Renovación Nacional en: marketing y comunicación política para votantes que fueran residentes extranjeros en Chile, y el partido la aceptó, y la desarrollamos en este periodo durante las fechas normativas para hacer la campaña”.

En total, se informó acerca de seis reuniones por Zoom con comunidades de distintas regiones y candidatos de Renovación Nacional. En su informe, Integra Resources SpA señala que tuvo un “acotado tiempo después de la aprobación de la propuesta de apoyo a los diputados y senadores RN”, por lo que solo realizó seis reuniones online en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Arica, Antofagasta y Coquimbo, con los candidatos Paulina Núñez y Diego Schalper. También agregó que “con los candidatos donde no se alcanzó dicha reunión, se estableció contacto con líderes del distrito o región para realizar el trabajo por los candidatos”.

A pesar de que Julián Flórez dijo que contactó a RN en noviembre de 2021, CIPER detectó que los dos encuentros realizados con miembros de la comunidad migrante de la Región Metropolitana datan del 5 y 23 de agosto de 2021, esto es más de un mes antes del inicio legal de campaña que partió el 22 de septiembre de 2021. 

Consultado respecto a estos encuentros en la Región Metropolitana, Flórez agregó que “la asesoría se desarrolló y se ejecutó en los meses de octubre y noviembre de 2021, pero siempre existe un periodo de planificación antes del periodo electoral que se hizo desde agosto, como todo proyecto se da un periodo de planificación”.

En RN dijeron a CIPER que: “Como se puede apreciar en la imagen del 5 de agosto de 2021, fue una reunión de planificación, donde no participó ningún candidato de la elección de 2021. Esto dado que, los servicios contratados y pagados solo correspondieron al período de campaña determinado por el Servel, desde el 23 de agosto al 18 de noviembre”.

Cabe destacar que el propio informe detalla que estas dos reuniones corresponden a encuentros dentro de la campaña y que para el 5 de agosto de 2021 la sociedad aún no era creada, ya que aparece inscrita en octubre de 2021. Por último, el mismo Julián Flórez dijo a CIPER que se contactó con el partido en noviembre de 2021 (vea aquí el informe).  

Respecto a la relación con su socio Julián Guzmán Mejía y la acusación que enfrenta, Julián Flórez dijo a CIPER: “Las dos sociedades que en su momento constituí con Julián Guzmán Mejía no mantuvieron sus actividades y fracasaron en 2022, mucho antes de que surgieran los hechos que hoy son objeto de investigación”. Agregó que “sea la justicia la que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades que correspondan. Es importante no confundir una relación societaria de hace muchos años que no prosperó, con actuaciones posteriores o investigaciones individuales que hoy él posea y de la cual yo no tengo vinculación”.

TRATO DIRECTO Y SIN CONCURSO PÚBLICO

El 16 de octubre de 2018 la Subsecretaría del Interior contrató los servicios Abenis Consultores Spa para desarrollar el Plan Humanitario de Regreso Ordenado al País de Origen, iniciativa del segundo gobierno de Sebastián Piñera para que extranjeros retornaran voluntariamente a su país. La empresa debía proporcionar un grupo de analistas de datos y personal que digitalizara la información de los postulantes, analizar sus antecedentes y desarrollar “otras labores de apoyo” que no son detalladas en la Resolución Exenta N°5.739 firmada por el entonces subsecretario Rodrigo Ubilla (vea esa resolución).

En la Subsecretaría del Interior había urgencia por sacar adelante la iniciativa: el 16 de octubre Ubilla emitió la resolución que creó el Plan Humanitario y firmó el contrato con la empresa. Ese mismo día, el equipo contratado debía empezar sus funciones. El argumento para hacer la contratación directa y sin consulta al mercado era que Chile registró entre 2014 y 2017 un acelerado crecimiento de un 42% en la población migrante, además de la delicada situación que vivía la población haitiana que pretendía retornar a su país.

La resolución también destacó que, en agosto de ese año, “líderes” de la comunidad haitiana asistieron a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y la Subsecretaría del Interior para solicitar la “colaboración del Estado de Chile para el regreso seguro y ordenado de nacionales haitianos”. 

De la asistencia al Congreso hay un registro del 21 de agosto de 2018. A esa sesión también asistieron el subsecretario Ubilla, acompañado de Álvaro Bellolio -entonces jefe del Departamento de Extranjería y Migración- y sus asesores José María Hurtado y Mijail Bonito. Pero de la reunión con la subsecretaría, que habría ocurrido el 30 de agosto de 2018, no hay registros de lobby, pero, el exsubsecretario Ubilla dijo a CIPER que él tuvo distintas reuniones con representantes de las comunidades de colombianos, haitiano y peruanos respecto al Plan Humanitario. Lo que sí hay, es una reunión del 17 de mayo de 2018 entre el lobbista de Abenis, Antonio Calvo, y Álvaro Bellolio. Según el registro, Calvo asistió en nombre de la Asociación de Exiliados Colombianos en Chile para conversar acerca del programa de nacionalización de refugiados y otras políticas.

CIPER consultó a Calvo si habían hablado acerca del tema del retorno de extranjeros a sus países de origen. En su respuesta señaló que no cree que hayan conversado acerca de ese tema. De un total de 354 reuniones registradas por Calvo en la plataforma de lobby, solo en dos se le presenta bajo su rol como dirigente, en el resto figura como miembro de la consultora.

Reunión sostenida el 1 de marzo de 2020 en el Registro Civil por los entonces representantes del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) solicitando ampliar la fecha de vencimiento de cédulas de identidad de migrantes. A la izquierda Antonio Calvo, a la derecha Julián Guzmán Mejía. Fuente: Cuenta de Instagram de Guzmán García.

El equipo de Abenis que trabajó para la Subsecretaría del Interior estuvo compuesto por líderes de distintas comunidades de migrantes, según un artículo de Interferencia publicado en 2019. Además de Julián Guzmán Mejía y Jean Cherry Dormeus, también fueron contratados: Luis Antonio Sotelo Arenazas, estudiante de derecho de nacionalidad peruana; la abogada Paola Barrera Caballero y María Del Pilar Calvo Sánchez, ambas colombianas, y Romer Rubio Flores, abogado y político venezolano que posteriormente fue contratado como asesor en el área de extranjería. 

Según publicó Radio Universidad de Chile en 2019, la llegada de los dirigentes causó conflicto al interior de la subsecretaría, ya que ejercían otras labores además del Plan Humanitario. Según informó el Servicio de Migraciones al Ministerio Público, fue en este contexto que a Guzmán Mejía le dieron acceso a la base de datos de migrantes, la que se habría mantenido vigente al menos hasta 2024. La subsecretaría emitió una orden de compra para pagar los servicios de Abenis por un total de 552 UF, equivalentes a $15.199.872 de la época. 

CIPER contactó al actual asesor del segundo piso y exjefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio. El equipo de prensa de la Presidencia informó que no se referiría al tema. Por su parte, el exsubsecretario Ubilla dijo que no recordaba el contrato con Abenis Consultores Spa.   

CONEXIONES POLÍTICAS Y FINANCIAMIENTO

Tanto Julián Guzmán Mejía como Jean Cherry Dormeus tenían una importante red de conexiones con diferentes actores políticos. El socio de Guzmán Mejía en Integra Resources Spa, Julián Flórez, fue asesor de migraciones del subsecretario Ubilla, cargo por el que llegó a ganar $4,5 millones. Según un perfil de La Tercera, fue parte de la plataforma de Migrantes por Piñera en la campaña presidencial de 2017, mientras que en Colombia fue dirigente juvenil del Partido Conservador y candidato a la Asamblea Nacional en 2011. En Chile, para el referéndum por el acuerdo de paz con las FARC, Flórez asumió la coordinación de la campaña local por la opción del Sí. 

Al igual que el abogado dominicano, Flórez también prestó servicios a honorarios en las campañas a senadores de Sergio Gahona, que compitió como independiente en cupo UDI, y de la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). También aparece en la rendición de la candidatura a diputado del actual gobernador Diego Paco (RN). Para ellos prestó asesorías en gestión territorial, marketing político y estrategia comunicacional, recibiendo un pago total de $2,4 millones. El senador Gahona y la senadora Núñez indicaron a CIPER que fue Flórez quien llegó a ofrecer sus servicios, mientras que el gobernador Paco explicó que se le contrató “para la realización de una campaña de alcance, cuya rendición fue aprobada por el Servel”.

Tanto Flórez como Guzmán han tenido cargos en la Federación Nacional de Migrantes y Refugiados (Fenamir), uno como director ejecutivo y el otro como su presidente y fundador. La organización es conocida en el mundo migrante por sus lazos con la centroderecha. A partir de 2020, la ONG organizó una serie de foros y campañas para potenciar el voto migrante, primero en el marco de la discusión constitucional y posteriormente en las elecciones parlamentarias. En estos espacios participaron figuras políticas, como Rodrigo Ubilla, quien iba a nombre de Libertad y Desarrollo, y el expresidente del Servel, Patricio Santamaría. La solicitud de Fenamir para ser inscrita en el registro de organizaciones sociales del Servicio Migrante ha sido rechazada en dos ocasiones.

Afiche conversatorio de FENAMIR. Fuente: Cuenta de Instagram Mesa Migrante.

Baudilio Antonio Calvo Bolaños, consultor de negocios y lobbista de Abenis, también es un conocido dirigente de la comunidad migrante, que recibió una de las más altas votaciones para integrar el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones. Calvo preside la Asociación de Refugiados Colombianos en Chile, creada en julio de 2018 e inscrita como colaboradora del Estado en junio de 2019. La organización registra dos aportes, en 2019 y 2020, de la Subsecretaría del Interior. El primero corresponde al Programa Inmigrantes, por $18 millones. El segundo, de $761 mil, para la adquisición de equipamiento tecnológico.

Un artículo de Meganoticias detalló una nutrida agenda de lobby y encuentros con autoridades vinculadas al tema migrante de Julián Guzmán Mejía y Jean Chery Dormeus, ambos como dirigentes de sus organizaciones. Entre esos nombres destacan el gobernador Claudio Orrego y el exsubsecretario Francisco Galli. 

Dormeus también trabajó en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda hasta unas semanas antes de ser detenido. Según Radio BioBio primero prestó servicios de facilitador Intercultural, luego como gestor intercultural y finalmente de gestor cultural, obteniendo un sueldo bruto de $1,2 millones. Él es conocido por su trabajo con la comunidad haitiana y en ODEHC, la ONG que registra transferencias por un total de $50 millones desde la Subsecretaría del Interior y del Gobierno Regional Metropolitano.