La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se extralimitó en sus funciones como secretaria de Estado y advirtió un eventual conflicto de interés derivado de su relación previa con los policías involucrados en su polémica solicitud de antecedentes a la PDI, realizada a pocas horas de asumir en el gabinete del Presidente José Antonio Kast. Bío-Bío reveló detalles del informe, que cuestiona el actuar de la exfiscal de Tarapacá, quien permaneció solo 69 días al frente de la cartera.

El órgano fiscalizador llegó a estas conclusiones tras investigar la legalidad de un oficio reservado que Steinert envió al director general de la PDI, Eduardo Cerna, dos días después de asumir el cargo. En el documento solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios de la policía civil que habían trabajado con ella en la investigación del denominado «Clan Chen» en Tarapacá, donde ella era fiscal, y que posteriormente fueron trasladados. La CGR concluyó que la solicitud excedía las atribuciones de la ministra y que, debido a su vínculo previo con esos funcionarios, debió observar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés.

Desde la oposición destacaron la gravedad de las conclusiones de la Contraloría y no descartaron impulsar una acusación constitucional o la creación de una comisión investigadora. El diputado DC Patricio Pinilla señaló a Emol que «es razonable evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o, quizás, de una nueva acusación constitucional, porque aquí, derechamente, es la Contraloría la que ha dicho que se han infringido deberes establecidos en la Constitución y las leyes». En tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que «en el ejercicio de un cargo público todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error y, en ese sentido, la Contraloría manifestó públicamente que hubo una falta al deber de abstención, algo que suele ocurrir en distintas oportunidades y en diferentes instancias».

La exministra Steinert en el Congreso, en mayo pasado (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

En la cárcel Santiago Uno quedó recluido Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, quien llegó este jueves al país extraditado desde Clombia para enfrentar en Chile el proceso judicial por su presunta participación en el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido el 10 de abril de 2024 en Quinta Normal. Según el Ministerio Público, Orozco sería uno de los líderes del Tren de Aragua.

Según informó el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, Orozco fue extraditado por el asesunato de Sánchez, y “en segundo lugar, en el caso nuestro, él está vinculado a un secuestro con homicidio doble en Rinconada, del 29 de diciembre de 2023, pero principalmente lo que dice relación con la asociación criminal”.

La asociación criminal que se investiga es que Orozco sería parte de Los Piratas, una facción del Tren de Aragua en Chile que habría tenido un rol protagónico en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, crimen ocurrido a inicios del 2024.

Orozco a su salida de Colombia (Créditos: video de Meganoticias)

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió abrir un sumario administrativo contra la jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago, Isabel Margarita Zúñiga, luego de que Reportea revelara conversaciones que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla. Según informó La Tercera, la decisión fue adoptada por el pleno del tribunal. En los chats, Zúñiga evidencia una estrecha cercanía con el penalista —con quien había trabajado durante varios meses— y le solicita gestiones en su favor y en beneficio de personas cercanas para facilitar ascensos en el Poder Judicial.

El reportaje que motivó la decisión también dio a conocer conversaciones entre Hermosilla y la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton. Sin embargo, el pleno estimó que ese caso constituye «cosa juzgada», ya que la relación de la magistrada con el abogado fue investigada anteriormente y el procedimiento terminó con su sobreseimiento unánime. Según La Tercera, en esta oportunidad hubo ministros que plantearon reabrir la investigación, pero finalmente se acordó no iniciar un nuevo proceso.

Imagen referencial (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)