Señor director:

Probablemente uno de los rasgos característicos de los regímenes que antes se denominaban totalitarios y hoy de forma más sutil iliberales es su uso –focalizado y sistemático- de medidas administrativas para el cumplimiento de objetivos de disciplina y depuración social, seleccionando poblaciones completas que no eran excluidas por lo que hacían, sino por lo que eran. La amenaza del gobierno administrativo es que burla el ejercicio de la justicia, pues impide la presentación de recursos de apelación y niega, en el fondo, así la pretensión de inocencia como el amparo de la ley y la convicción de la igualdad de todas y todos frente a ella.

El recientemente propuesto Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades sigue la senda del modo administrativo de gobernar, insinuando una suma de comportamientos de la autoridad que deben analizarse con cuidado. En primer lugar, equipara en su penalización a conductas que ya existen tipificadas como delitos o faltas, eliminando la brecha que la tradición jurídica ha establecido. Más grave aún, supone un criterio de desproporcionalidad insólito, en tanto una acción hoy considerada falta –por ejemplo, la realización de una pintada en un muro- podría derivar en la exclusión de un derecho social como, por ejemplo, la gratuidad universitaria.

Es aquí donde quizás reside un aspecto de particular gravedad: el uso de los derechos sociales como un factor condicionante de la conducta de los individuos. Los derechos sociales son inmanentes a quienes pertenecen a un determinado Estado, son atributos de la ciudadanía, no una garantía que la autoridad distribuye a su antojo, no resultado del ajuste a las –siempre transitorias- prioridades de una u otra administración. Es contradictorio anhelar una mayor cohesión social, respeto por las reglas comunes y rechazo a la violencia si ello se hace gracias a la amenaza de la privación de derechos.

Finalmente, Alfredo Joignant mencionaba en estos días el carácter profundamente clasista de este tipo de medidas, en tanto que los derechos sociales se concretizan por lo general en el segmento más pobre de nuestra desigual sociedad. Es decir, si el objetivo es la inclusión y la convivencia en el marco de un proyecto de país común y compartido, la sanción desproporcionada con las vías más importantes de inclusión –se han mencionado el acceso a la gratuidad y la PGU- lo que hará será producir más y más profundas condiciones para multiplicar el vandalismo y la incivilidad, haciendo del registro –muy probablemente dejado a criterio de pequeños funcionarios de ánimo policial- una maquinaria destinada a incrementar sus propios datos una y otra vez. 

(*) Bansky; seudónimo del artista callejero, activista político y director de cine conocido por su arte urbano satírico y subversivo.