Señor director:

Nombrar es reconocer. Y esta semana, el Estado chileno decidió a quienes prefiere no reconocer. El pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de resolución que pide al presidente de la República, José Antonio Kast, eliminar el uso del lenguaje inclusivo en servicios públicos. La iniciativa fue presentada desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), y respaldada por parlamentarios del oficialismo, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG), y aprobada con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención.

El debate se instaló como una cuestión gramatical. Que si el lenguaje inclusivo es correcto o no, que si la RAE, que si la imposición del gobierno anterior. Pero reducir esta cuestión a una disputa lingüística es perderse lo que realmente está en juego, cuando el Estado decide cómo puede nombrarte, está decidiendo si te reconoce o no.

No es casualidad. Mientras la UDI impulsaba esta prohibición en la Cámara, el gobierno de Kast a pocos días de asumir el cargo, decidió no adherir a la declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA. No es un gesto menor, es decirle a los organismos internacionales que Chile no se compromete con la protección de derechos que otros 30 estados de la región sí reconocen. Dos instituciones, dos decisiones distintas, una misma dirección: reducir la presencia del Estado en el reconocimiento de las diversidades. Lo llaman neutralidad y lo disfrazan en normativas, pero neutralidad no es no tomar posición, es tomar la posición de quienes ya están cómodos.

Y si quedaba alguna duda sobre si esto era una decisión técnica, los propios diputados del oficialismo la despejaron en redes sociales. “Chao dictadura woke!”, escribieron. “Porque no queremos más ideología en el lenguaje”. No es el lenguaje de la neutralidad, es el lenguaje de una batalla cultural que decidieron dar desde el Estado.

Cuando el Estado empieza a decidir qué identidades merecen ser nombradas, el problema deja de ser de minorías. Es una pregunta sobre qué tipo de institucionalidad queremos, una que reconoce a todos los que viven en ella, o una que reconoce solo a quienes ya no lo necesitan. Y cuando el Estado decide que ciertas identidades no merecen ser nombradas, no solo omite, además legitima. No hace falta un decreto que autorice la violencia – basta con que el Estado señale, a través de sus instituciones y sus votos, que esas personas no merecen ser reconocidas. Esa señal la reciben también quienes ejercen violencia contra ellas.

Primero fue el lenguaje, ¿qué viene después? La UDI decidió que algunas personas no merecen ser nombradas ni reconocidas. No fue en un decreto a puertas cerradas, ni en una resolución técnica, fue en la Cámara de Diputados y Diputadas, con votos.