Señor Director:

La demencia es una condición adquirida y crónica que deteriora progresivamente diversas funciones cerebrales, con síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales. Afecta a personas de todos los sexos y condiciones socioeconómicas. En Chile, más de 200.000 personas la padecen hoy, cifra que podría superar el medio millón hacia 2050. El III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC III, 2022) confirma su peso: los problemas de memoria, Alzheimer y demencia representan el 11,4% de las condiciones de salud asociadas a discapacidad severa en adultos, y en el tramo de 60 años y más, la prevalencia de discapacidad alcanza el 32,6% de la población.

El Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae registró 736 causas judiciales iniciadas entre 2018 y 2024 en que la víctima es una persona adulta mayor. Los datos revelan una brecha crítica: solo el 26% de las víctimas contaba con informe médico al ingresar al sistema, y de quienes sí lo tenían, el 57% presentaba deterioro cognitivo acreditado. Que solo uno de cada cuatro casos disponga de diagnóstico expone una coordinación deficiente entre el sistema sanitario y el judicial, con riesgo real de doble victimización.

Esta situación se agrava por determinantes sociales que el ENDISC III hace visibles: la soledad y el menor rango socioeconómico impactan de forma desproporcionada a las personas mayores con deterioro cognitivo. La discapacidad afecta al 23,9% de las personas del quintil de menores ingresos, frente al 13,5% del quintil más alto. Quienes viven solos y carecen de redes de apoyo tienen menos probabilidades de acceder a un diagnóstico oportuno, de contar con representación legal adecuada y de ser identificados como víctimas en el circuito judicial. Estos factores constituyen brechas estructurales que los datos del LIACDD reflejan en la ausencia de informes médicos en autos.

La Ley N°20.427 y la Ley N°20.584 exigen al sistema judicial y sanitario actuar con diagnóstico previo cuando la persona mayor presenta vulnerabilidad cognitiva. Sin embargo, los datos muestran que esa condición rara vez se cumple. La reducción de estas brechas —documentadas también en la Encuesta de Inclusión y Exclusión de Personas Mayores (2023)— no es solo una necesidad técnica: es un derecho y un deber del Estado reconocido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA), que obliga a garantizar acceso a la justicia, prevención del abuso y atención en salud con enfoque gerontológico. El Plan Nacional de Demencias (MINSAL, 2017) ofrece instrumentos concretos —como el gestor de caso— para articular la evidencia clínica con la actuación judicial. Chile tiene las herramientas; lo que falta es la coordinación institucional para usarlas.