El Presidente, José Antonio Kast, firmó este jueves el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, iniciativa que responde, según se indicó en un comunicado de Presidencia, “a una creciente preocupación ciudadana frente a hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de 18 años”. El mandatario reconoció en un acto realizado en Independencia que “esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad, que las malas conductas no tengan una sanción”.

La propuesta que será enviada al Congreso contempla herramientas preventivas, mecanismos de apoyo a las familias y sanciones graduales para los casos de incumplimiento grave y persistente de los deberes parentales. Entre las medidas consideradas figuran multas, la pérdida de derechos sucesorios, la suspensión o pérdida de la patria potestad y la pérdida del derecho a solicitar alimentos para los padres. Además, según Presidencia, el proyecto facilitaría la reparación de las víctimas mediante mecanismos destinados a agilizar las indemnizaciones por daños causados por menores de edad.

El Presidente Kast firmó el proyecto en Independencia (Créditos: Prensa Presidencia)

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que el gobierno dará suma urgencia a la moción parlamentaria del senador PPD Pedro Araya aprobada este jueves en esa instancia, la que permitiría al Ejecutivo realizar 57 nombramientos de notarios actualmente vacantes mediante el sistema vigente antes de la reciente reforma al régimen registral y notarial.

Este 2 de abril entró en vigencia una modificación a esa norma que buscaba evitar el nepotismo y la discrecionalidad. La reforma trasladó el proceso de selección desde un sistema basado en ternas elaboradas por las Cortes de Apelaciones hacia concursos públicos administrados por el Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública.

Sin embargo, Araya presentó una moción reinterpretando la norma, de tal modo que, en su argumento, las ternas que ya estaban presentadas antes del 2 de abril, siguieran su curso según la ley antigua, vale decir, con el Ejecutivo llenando esas apetecidas vacantes.

En declaraciones a La Tercera, el exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín (UDI), se mostró contrario a esta moción: “Constituye una forma de burlar el cambio establecido por la nueva ley antes de que empiece a regir. Ello no sólo es un grave retroceso, sino que alerta sobre la voluntad de algunos de mantener el sistema de nombramientos opaco y discrecional que ha sido el origen de la reforma y que busca modificar algo que ha causado rechazo público”.

Imagen referencial (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible este jueves una querella por administración desleal y prevaricación en contra del exgobernador de La Araucanía Luciano Rivas (independiente-Evópoli), además de otros de sus colaboradores, entre los que se cuenta Stephanie Caminondo, exasesora jurídica de la Corporación y actual seremi de Justicia, según informó La Tercera. La acción judicial fue presentada por el actual gobernador, René Saffirio (independiente) luego de que se detectara un eventual perjuicio patrimonial de casi $6 mil millones por gastos rechazados en la ejecución de un programa de $9 mil millones.

Según la investigación que derivó en la querella, Rivas junto a Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas (integrantes de la Comisión de Evaluación estratégica del gobierno regional, instancia encargada de definir los proyectos cuya adjudicación se recomendaba al Directorio), habrían intervenido a favor de personas vinculadas a su entorno sin inhabilitarse, eludiendo normativas de control y deberes de abstención. La Corporación, a la fecha, no cuenta con actas del proceso de evaluación efectuado por dicha comisión.

Luciano Rivas en una imagen de junio de 2021, cuando resultó electo gobernador por La Araucanía (Créditos: Rocío Cuminao Rojas / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer mediante un oficio que no dio curso al reglamento de la denominada Ley Uber, argumentando observaciones críticas al documento presentado por el Ministerio de Transportes (MTT) encabezado por Louis de Grange. El ente encabezado por Dorothy Pérez determinó que el texto elaborado por el MTT “elimina, modifica, y disminuye exigencias técnicas aplicables (…) sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.

Los cambios más polémicos que había introducido la nueva administración en el reglamento que había presentado el gobierno de Gabriel Boric consideraban una ampliación del límite máximo para operar (de 12 a 15 años) y la eliminación del límite de 1.400 cc para integrar el sistema.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno).