Señor Director:

La Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH) manifiesta su profunda preocupación frente a las declaraciones del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en las que estimó una eventual deuda cercana a los US$150 millones por parte de beneficiarios de Becas Chile y los catalogó como “fraude social”. Lamentamos que un debate de política pública tan relevante para el desarrollo del país sea reducido a una persecución económica y a una etiqueta que criminaliza a quienes el propio Estado seleccionó, formó y proyectó internacionalmente. Confundir un problema de diseño de la retribución con un ilícito es injusto con miles de investigadoras e investigadores que contribuyen al país y empobrece la discusión que Chile necesita. 

Como SICH pedimos a las autoridades que encaucen este debate con la transparencia y rigor que exige el país. El propio Estado ha reconocido, de manera reiterada y documentada, que carece de información fidedigna para determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones de sus becarios previo al año 2013 (Informe Final de Auditoría Financiera N° 284, 2023). La Contraloría General de la República constató que la ausencia de control impide identificar los incumplimientos e imposibilita cuantificar los fondos pendientes de restitución. Ya antes, en 2021, la propia ANID advirtió que existen becas de larga data —algunas desde la década de 1980— con información precaria, además de casos prescritos, de cuantías ínfimas o sin garantías que permitan un cobro efectivo (Minuta Decreto de Saneamiento de Becas: Contexto y marco de trabajo, 2021). Cabe preguntarse sobre qué registro y con qué metodología se construye la estimación de US$150 millones y un rango de incumplimiento del 20% al 30%, cuando las propias instituciones fiscalizadoras han declarado que esa información no existe de manera íntegra. Así mismo, las fuentes oficiales gubernamentales constatan un incumplimiento de 4% (Registro de cumplimiento de obligaciones ANID, 2026), mientras que la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso señala un incumplimiento declarado de 1.4% (Nº SUP: 147.340, Biblioteca del Congreso Nacional). 

El problema de fondo no es la conducta de los becarios, sino el diseño de la retribución. Hoy la retribución se reduce a la residencia en Chile, lo que no constituye una retribución efectiva. Tal como ha reconocido la propia evaluación de DIPRES y lo recoge el reciente estudio del Centro de Estudios Públicos, el mecanismo opera como un mero requisito geográfico de retorno, sin instrumentos que aseguren transferencia de conocimiento ni retornos sociales verificables. La ausencia de medición no equivale a ausencia de valor. Lo que corresponde no es perseguir, sino reformular la retribución para que sea efectiva, flexible y verificable. 

Asimismo, dejamos constancia de que SICH ha buscado de buena fe el diálogo con las autoridades. Hemos solicitado formalmente audiencia para trabajar una reforma de la retribución al servicio del desarrollo del país, mas lamentamos que esas instancias de diálogo no se hayan materializado. La audiencia de lobby solicitada a la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, aceptada para el 20 de mayo de 2026, no se concretó: no se presentó persona alguna, no fue re-agendada y no se comunicó su ausencia. Es difícil avanzar hacia una mejor política de Estado cuando los espacios de diálogo, formalmente acordados, son desatendidos. 

Frente a este escenario, y a pesar de los percances, SICH reitera con ánimo propositivo su plena disposición a colaborar con las autoridades. Estamos disponibles para aportar evidencia, propuestas técnicas y nuestra experiencia de investigadores con el único objetivo de construir, en conjunto, un mejor futuro para Chile. El país no necesita perseguir a sus investigadores: necesita escucharlos.