El autor de esta columna escribe sobre el eventual retorno de la selección académica y la creación de un Registro Nacional de Vándalos. Los une y concluye que “quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad real”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

Mientras esa pregunta permanezca ausente, seguiremos confundiendo los efectos de la desigualdad con defectos del carácter. Y seguiremos llamando justicia a lo que muchas veces no es más que la reproducción, bajo nuevas formas, de ventajas y desventajas que nadie escogió” 

Dos debates ocupan actualmente la discusión pública chilena. El primero se refiere al eventual retorno de la selección académica por mérito en determinados establecimientos educacionales. El segundo propone la creación de un Registro Nacional de Vándalos que podría restringir el acceso a beneficios sociales para quienes participen en actos de violencia. A primera vista, ambos asuntos parecen no tener nada en común. Uno pertenece al ámbito de la educación, el otro al de la seguridad pública. Uno busca premiar, el otro, castigar. Sin embargo, ambos descansan sobre una misma intuición moral, a saber, la idea de que las personas deben recibir oportunidades o sanciones en función de sus méritos y de sus decisiones. La fuerza de esta intuición es fácil de comprender. Quien se esfuerza merece avanzar. Quien daña a otros merece asumir las consecuencias de sus actos. Buena parte de nuestras instituciones se construyen sobre estas convicciones. Sin ellas, parecería imposible hablar de responsabilidad individual o de justicia. Pero existe una pregunta previa que rara vez formulamos con suficiente seriedad: ¿hasta qué punto somos realmente responsables de las condiciones que hacen posibles nuestros éxitos y nuestros fracasos?

John Rawls observó hace décadas que nuestras vidas están atravesadas por dos formas de azar moral. La primera es la lotería natural: la distribución desigual de talentos, capacidades intelectuales, rasgos de personalidad y disposiciones temperamentales. La segunda es la lotería social: el conjunto de circunstancias familiares, económicas y culturales en las que nacemos. Ninguna de ellas es merecida. Nadie elige sus talentos iniciales ni el entorno en que desarrollará esos talentos. Sin embargo, ambas influyen profundamente sobre aquello que llegaremos a ser.

Esta observación parece evidente. Sin embargo, sus consecuencias son profundamente incómodas ya que nos obligan a preguntarnos cuánto de aquello que llamamos mérito es realmente atribuible al individuo y cuánto es el resultado de ventajas que simplemente tuvo la fortuna de recibir.

El problema no es que el esfuerzo carezca de importancia. El esfuerzo importa, y mucho. El problema es que incluso la capacidad de esforzarse depende en gran medida de circunstancias que no hemos escogido. La confianza necesaria para perseverar, la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, el apoyo emocional de la familia, la valoración social de la educación o la existencia de un entorno mínimamente estable son condiciones previas para que el esfuerzo pueda desplegarse. Y esas condiciones están distribuidas de manera profundamente desigual.

Cuando observamos el rendimiento académico de un estudiante solemos creer que estamos observando únicamente sus capacidades y su dedicación. Pero también estamos observando años de apoyo familiar, acceso diferencial a recursos culturales, calidad de la educación recibida, estabilidad emocional y oportunidades acumuladas desde la infancia. Lo que aparece como mérito individual es, en buena medida, el resultado de una historia social.

Por supuesto, nadie sostiene que los individuos sean simples productos de sus circunstancias. Los seres humanos deliberan, eligen y pueden ser considerados responsables de sus acciones. Reconocer la influencia de los contextos sociales no equivale a negar la existencia de la libertad, pero tampoco debería llevarnos a ignorar el peso que tienen las condiciones de partida sobre nuestras trayectorias. Esta cuestión adquiere una relevancia especial cuando hablamos de pobreza. Con frecuencia la pobreza es entendida únicamente como la ausencia de recursos económicos. Sin embargo, sus efectos son mucho más profundos. La pobreza restringe oportunidades educativas, deteriora la salud física y mental, incrementa la exposición a situaciones de estrés, debilita las redes de apoyo y reduce la capacidad de las personas para proyectar su vida más allá de las urgencias inmediatas. Limita no sólo lo que las personas tienen, sino también aquello que pueden llegar a ser. Por esta razón algunos autores han descrito la pobreza como una forma de violencia estructural. No porque toda desigualdad constituya una agresión deliberada, sino porque millones de personas ven limitadas sus capacidades fundamentales debido a circunstancias que jamás eligieron. La pobreza impone restricciones reales sobre la vida de quienes la padecen y lo hace de una manera que resulta, desde el punto de vista moral, profundamente arbitraria.

La pobreza constituye una de las expresiones más visibles de la lotería social. Quienes nacen en contextos de privación no han hecho nada para merecer esa situación, del mismo modo que quienes nacen en hogares privilegiados no pueden atribuirse mérito por las ventajas que reciben desde el comienzo de sus vidas. La cuestión relevante no es si los individuos son responsables de sus actos. Lo son. La cuestión es si una sociedad justa puede ignorar el peso que estas circunstancias inmerecidas tienen sobre las trayectorias vitales de las personas.

La evidencia acumulada durante décadas muestra una relación consistente entre exclusión social y diversas formas de violencia. Esto no significa que la pobreza produzca inevitablemente conductas violentas. Sería absurdo sostener algo semejante. La inmensa mayoría de las personas que viven en condiciones difíciles jamás participa en actos de violencia. Pero también sería ingenuo negar que los contextos de exclusión modifican las probabilidades de ciertas conductas.

Los entornos sociales influyen sobre las expectativas, las aspiraciones y las alternativas que los individuos perciben como disponibles. Del mismo modo que las oportunidades favorecen determinados proyectos de vida, la privación favorece determinadas formas de frustración, desesperanza o conflicto. Los contextos violentos no producen necesariamente personas violentas, pero sí hacen más probable la aparición de respuestas violentas.

Es precisamente aquí donde los dos debates mencionados al comienzo vuelven a encontrarse.

La selección académica premia desempeños que están fuertemente condicionados por circunstancias que los individuos no eligieron. El Registro Nacional de Vándalos busca sancionar conductas que también se encuentran influidas, aunque no determinadas, por condiciones sociales inmerecidas. En ambos casos opera una misma lógica, a saber, convertir circunstancias moralmente arbitrarias en criterios legítimos de distribución. En el primer caso, ventajas de origen se transforman en mérito. En el segundo, desventajas de origen se transforman en culpa.

Lo más paradójico es que los beneficios sociales cuya restricción se propone suelen ser precisamente los instrumentos destinados a corregir esas desigualdades iniciales. La educación, la salud, la vivienda o los programas de apoyo estatal no son recompensas por buena conducta. Son mecanismos mediante los cuales una sociedad intenta compensar, al menos parcialmente, los efectos de la lotería social y natural. Retirarlos como forma de castigo implica debilitar las herramientas que podrían permitir a las personas modificar las condiciones que contribuyeron a producir el problema que se busca combatir.

Una sociedad democrática necesita responsabilizar a los individuos por sus actos. Pero también necesita reconocer que ninguna biografía comienza desde el mismo punto de partida. Cuando olvidamos esta segunda verdad, corremos el riesgo de transformar el privilegio en mérito y la vulnerabilidad en culpa. Quizás la pregunta decisiva no sea cómo premiar a quienes han tenido éxito ni cómo castigar a quienes han fracasado en ajustarse a las normas sociales. La pregunta verdaderamente importante es cómo construir instituciones capaces de ofrecer a todos condiciones suficientemente justas para desarrollar sus capacidades y ejercer una libertad real.

Mientras esa pregunta permanezca ausente, seguiremos confundiendo los efectos de la desigualdad con defectos del carácter. Y seguiremos llamando justicia a lo que muchas veces no es más que la reproducción, bajo nuevas formas, de ventajas y desventajas que nadie escogió.