Señor Director:

En tiempos de alta incertidumbre económica y desempleo, el sueño de la vivienda o de asegurar un patrimonio se ha transformado, para muchos chilenos, en una trampa financiera diseñada por la asimetría del mercado inmobiliario. Mi caso con Euroinmobiliaria expone un preocupante modus operandi que mezcla el marketing digital intensivo con la vulneración de los derechos del consumidor.

En diciembre de 2023, participé en una clase masiva de inversión liderada por la conocida influencer de finanzas personales, Romi Capetillo. Utilizando su historia pública de superación del endeudamiento, se generó un agresivo sentido de urgencia comercial, prometiendo mentorías y libros como gancho promocional para quienes reserváramos de inmediato una promesa de compraventa. Movida por la confianza que proyectaba una figura dedicada a la educación financiera, firmé el compromiso a través de su red de brokers. Ninguno de los beneficios ofertados se cumplió jamás.

La situación se tornó crítica meses después, al ser despedida por «necesidades de la empresa» y entrar en una cesantía prolongada. Al solicitar la resciliación del contrato por estricta fuerza mayor (debidamente acreditada), la inmobiliaria cerró las puertas a una salida justa. La empresa pretende aplicar multas abusivas de hasta el 10% del valor del inmueble, exigiendo de forma intransigente un 3% bajo el argumento de que deben cubrir las comisiones que ellos ya le pagaron a los brokers de la influencer. Es decir, se traspasa el costo operacional del proveedor al consumidor desempleado.

Lo más grave es el desorden legal y la falta de transparencia. La inmobiliaria me ocultó las copias firmadas de los contratos por meses. Tras exigir judicialmente mis antecedentes, la Subgerencia de Clientes me remitió un set de documentos incompleto, al día de hoy aún aparecen las copias firmadas por ambas partes. Jurídicamente, se me pretende penalizar con base en un contrato incompleto y sin certeza legal.

La Ley del Consumidor en Chile establece que las condiciones objetivas de la publicidad forman parte del contrato y prohíbe las cláusulas que impongan indemnizaciones desproporcionadas. El uso de influencers financieras para captar ahorros masivos, respaldado por inmobiliarias que luego operan con contratos defectuosos y nula empatía ante el desempleo, exige una fiscalización profunda de las autoridades. No se trata de «desentenderse de un compromiso», se trata de exigir que las empresas cumplan la ley y no sigan despojando de sus ahorros a familias atrapadas en la cesantía.