Los autores de esta columna escriben sobre el falso debate de la responsabilidad humana en el cambio climático. Sostienen que «Chile ha construido una institucionalidad climática, ha desarrollado capacidades científicas reconocidas internacionalmente y ha incorporado la sostenibilidad como un eje formativo de su sistema educativo. Retroceder ahora hacia debates ya resueltos por la evidencia científica empobrece la deliberación democrática y debilita la capacidad del país para responder a uno de los mayores desafíos del siglo XXI.»

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno. 

Negar o relativizar el cambio climático y la responsabilidad humana en su origen es peligroso porque convierte un consenso científico en una falsa controversia pública. El IPCC, organismo de Naciones Unidas que reúne y evalúa la evidencia científica mundial sobre cambio climático, señala de forma clara y categórica que las actividades humanas, especialmente la emisión de gases de efecto invernadero, han causado de manera inequívoca el calentamiento global desde la era preindustrial. Debilitar esta evidencia alimenta la desinformación, retrasa la acción climática y forma una ciudadanía menos preparada para comprender que sus decisiones tienen consecuencias directas sobre la naturaleza y sobre la vida presente y futura.

Creemos que hablar hoy de una supuesta controversia científica resulta engañoso. La discusión ya no está en si el cambio climático existe o si es provocado por la actividad humana. La discusión está en la velocidad, profundidad y justicia con que responderemos a sus impactos.

A nivel mundial la estrategia de instalar dudas frente a consensos científicos ampliamente consolidados pareciera más que un descuido o desconocimiento, una intencionalidad peligrosa a nuestro parecer. Durante décadas fue utilizada para retrasar regulaciones sobre el tabaco, la contaminación industrial y los combustibles fósiles. Cuando la evidencia se vuelve irrefutable, el negacionismo suele transformarse en escepticismo estratégico. No niega directamente los hechos, pero cuestiona la necesidad de actuar.

La desinformación climática no solo afecta la calidad del debate público. Si no que tiene consecuencias concretas sobre la capacidad de la sociedad para anticiparse, adaptarse y reducir riesgos. Cada año de retraso y negacionismo en la acción climática implica mayores costos económicos, sociales y ambientales, cuyos impactos recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables.

En Chile, esta narrativa resulta particularmente preocupante. Nuestro país experimenta desde hace más de una década una megasequía sin precedentes, incendios forestales cada vez más devastadores, olas de calor extremas e inundaciones asociadas a eventos meteorológicos más intensos. Estos fenómenos no son hechos aislados. La ciencia climática ha demostrado que el calentamiento global incrementa su frecuencia e intensidad.

Pero existe una contradicción adicional y, probablemente, la más preocupante. El propio Estado chileno reconoce el origen antropogénico del cambio climático en la Ley Marco de Cambio Climático, en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y en múltiples instrumentos de planificación pública. La acción climática del país, incluyendo la meta de carbono neutralidad al 2050, se sustenta precisamente en la evidencia científica que atribuye el calentamiento global a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.

La misma coherencia se observa en el sistema educativo. Las Bases Curriculares vigentes incorporan la educación ambiental, la sostenibilidad y el análisis de las causas humanas del cambio climático como parte de la formación científica y ciudadana de niños, niñas y jóvenes. Desde las aulas se promueve la comprensión de los desafíos socioambientales contemporáneos y el desarrollo de un pensamiento crítico fundamentado en evidencia.

Por ello, resulta paradójico que mientras el Estado enseña, legisla y planifica sobre la base de este conocimiento, algunas autoridades sugieren que aún existiría una controversia científica relevante. El problema no es sólo científico, sino institucional. Es difícil exigir a docentes y estudiantes que valoren la evidencia como fundamento para comprender el mundo cuando son las propias autoridades quienes relativizan conocimientos que el Estado reconoce oficialmente y utiliza para diseñar sus políticas públicas. La confianza en la ciencia y la credibilidad de las instituciones también dependen de esa coherencia.

¿Qué mensaje recibe la ciudadanía cuando el sistema educativo enseña una cosa y las autoridades políticas sugieren otra? ¿Cómo se fortalece la confianza pública en la ciencia cuando quienes toman decisiones relativizan conocimientos que el mismo Estado considera válidos para educar a las nuevas generaciones?

Chile ha construido una institucionalidad climática, ha desarrollado capacidades científicas reconocidas internacionalmente y ha incorporado la sostenibilidad como un eje formativo de su sistema educativo. Retroceder ahora hacia debates ya resueltos por la evidencia científica empobrece la deliberación democrática y debilita la capacidad del país para responder a uno de los mayores desafíos del siglo XXI.

Pero la discusión sobre el cambio climático tampoco es únicamente ambiental. Se trata de una conversación sobre desarrollo, salud pública, seguridad hídrica, planificación territorial, justicia intergeneracional y educación. Las decisiones que se tomen hoy determinarán las condiciones de vida de millones de personas durante las próximas décadas.

¿Se puede negar el cambio climático? No. ¿Se niega en política? Sí. ¿Quién gana y quién pierde? Dejamos abierto el debate.