La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos y granadas. La Fiscalía Metropolitana Sur dirigió a la PDI hasta desarticular, en la madrugada de este martes 2, una red que movió más de $75 mil millones (unos US$84,5 millones) entre 2022 y 2025, transferencias al extranjero y criptoactivos. La estructura era encabezada por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales: “Yefri”. Según información confirmada por CIPER, la red funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero.

“Mira, esto es para los que sigan haciendo fiesta sin comunicar, para la próxima les vamos a lanzar esta [muestra una granada] pa´ que estén claros… [se escuchan disparos] pa´ que estén claros, pa´ la próxima se la vamos a dar pa’ adentro”. 

Esa fue la amenaza que lanzó un delincuente del Tren de Aragua mientras efectuaba disparos. El momento quedó registrado en un video recuperado por la PDI desde el celular de la ciudadana venezolana Bárbara Hernández. Ella reenvió ese archivo en un intercambio de mensajes en los que advertía que en una comuna del sector sur de Santiago ya no se podían realizar fiestas u otros eventos para venezolanos sin la autorización del tren y el pago de una cuota a la organización delictual. 

El dispositivo de la mujer, con el video de la amenaza, fue parte de las evidencias levantadas en la parcela de Lampa donde se produjeron cinco homicidios en medio de una fiesta comercial para venezolanos, en julio de 2024. La hebra que abrió el celular de la mujer permitió a la Fiscalía Metropolitana Sur dirigir el trabajo policial hasta desbaratar ahora, casi dos años después, la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada en Chile. En la madrugada de este martes 2 de junio, el Ministerio Público encabezó una serie de allanamientos y detenciones que pusieron fin a una compleja estructura de sociedades y cuentas bancarias que, de 2022 a 2025, sacó de Chile un monto superior a los $75 mil millones (unos US$84,5 millones), de acuerdo con registros bancarios y comerciales acumulados en la indagatoria y a los que CIPER tuvo acceso.

Los movimientos de esta gran cantidad de dinero no generaron alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) destinadas al Ministerio Público o la PDI, por lo que el sistema oficial para detectar lavado de activos volvió a fallar en el caso del Tren de Aragua: ya en junio de 2025, cuando la fiscalía desbarató otra red de lavado de la organización, tampoco hubo alertas (vea el reportaje “Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero”). Personas que conocen en detalle la nueva indagatoria, indicaron a CIPER que aún se investiga si los bancos enviaron sus Reporte de Operación Sospecha (ROS) a la UAF. Pero, sostienen que desde esta última unidad no se emitieron alertas para la fiscalía o la PDI. El fiscal Barros confirmó, en un punto de prensa realizado en la tarde de este martes 2, que no hubo alerta de este sistema preventivo y que la investigación se originó únicamente por el levantamiento de evidencia.   

En ese mismo punto de prensa, el fiscal Barros declaró que apuntar al sistema financiero del Tren de Aragua «es lo que más les duele» a esta organización: «Esta es una empresa criminal que está dedicada al lucro y conseguir dinero. Lo que ellos hacen y persiguen es lo que vemos el día de hoy: tremendas sumas de dinero que van sacando de los distintos delitos que van cometiendo en Chile (…) Esta es la única forma de tratar de destruir las organizaciones. No es solo deteniendo y encarcelando a los partícipes, que generalmente son las estructuras más bajas o medias, sino que derechamente seguir la línea de los dineros para que no lleguen a los líderes de la organización. Cuando les quitamos el dinero, es lo que más les duele».

El dinero que manejaba la estructura desbaratada este martes 2 provenía de tres ilícitos, principalmente: el pago que cobra el tren a productores de fiestas y eventos para venezolanos (denominado “vacuna”), la prostitución y la extorsión. Y el dinero, de acuerdo con la evidencia acumulada por la fiscalía, pasaba por cuatro niveles: los recaudadores del efectivo; los “abonantes” que ponían el dinero en las cuentas bancarias; los “presta-cuentas” que movían los montos en cuentas de al menos seis bancos y sociedades comerciales de fachada que lo enviaban al extranjero. 

Esta compleja estructura era desconocida hasta ahora y estaba compuesta por al menos 26 personas  -de las cuales 19, todas venezolanas, quedaron detenidas- dirigidas por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales, conocido como “Yefri”, de quien, hasta ahora, se desconoce su identidad. Entre los involucrados se detectaron cuatro “presta-cuentas”, uno de los cuales –José Carlos Pérez Asencio– trabajaba como ejecutivo del Banco Santander. La sucursal en que este último se desempeñaba fue allanada en la mañana de este martes 2.

«Yefri».

Los seis bancos que fueron utilizados por los “presta-cuentas” para mover el dinero son: Santander, BCI, BancoEstado, Falabella, Scotiabank y el Banco de Chile.

La estructura también incluía a los “receptores” finales del dinero, los que enviaban los fondos al extranjeros. Entre estos figuran dos sociedades del rubro “servicios digitales, servicios informáticos y software”: BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA. La primera de ellas recibió $58 mil millones y la segunda otros $17.270 millones.  

RECAUDADORES, "ABONANTES" Y "PRESTA-CUENTAS"

El tiroteo en el “parcelazo” de Lampa terminó abriendo una ventana inesperada hacia una de las operaciones financieras más extensas del Tren de Aragua detectadas en Chile. La indagatoria, dirigida por el fiscal regional sur, Héctor Barros, permitió reconstruir una red de lavado de activos asentada en extorsiones y “vacunas” que afectaban, principalmente, a locatarios del Barrio Bellavista dedicados a la producción de fiestas electrónicas y eventos clandestinos dirigidos a la comunidad venezolana. El dinero también provenía de la explotación sexual de mujeres que eran víctimas de trata de personas.

La pieza clave para las pesquisas fue el Iphone 13 Pro Max recuperado tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa. El aparato pertenecía a Bárbara Hernández Villegas —alias “Barby”— y contenía pantallazos, videos y conversaciones que permitieron seguir la ruta del cobro de extorsiones y “vacunas”. Según los antecedentes de la indagatoria, Hernández no solo estuvo en la fiesta donde ocurrieron los hechos: también difundió posteriormente el video de los asesinatos “con carácter ejemplificador” entre actores de ese ambiente nocturno.

Bárbara Hernández.

Detrás de la estructura aparece reiteradamente un nombre: “Yefri”. Su identidad real todavía es desconocida, pero su alias se repite en declaraciones de testigos reservados y chats recuperados desde el celular de Hernández. De acuerdo con la indagatoria, “Yefri” es el líder de la estructura desbaratada por la fiscalía, la que, según los antecedentes revisados por CIPER, estaba organizada en cuatro niveles.

En la primera línea se encuentran los “recaudadores” del dinero proveniente de extorsiones y “vacunas” a locatarios del Barrio Bellavista. Estos constituyen el brazo operativo de la estructura liderada por “Yefri” y, aprovechando que realizan tareas en terreno, también realizan labores de inteligencia. 

Más abajo aparecen los “abonantes”, cerca de una decena de sujetos -algunos vinculados al delito de explotación sexual de mujeres- que colocaban el dinero en las cuentas bancarias designadas por “Yefri”. Se trata de unas 16 cuentas corrientes que eran manejadas por cuatro personas que componían el tercer nivel de la red: los “presta-cuentas”. Entre estos últimos figura José Pérez Asencio, quien, según su LinkedIn, se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander. El ciudadano venezolano habría recibido en ocho cuentas bancarias, abiertas en cinco bancos (Santander, Scotiabank, Falabella, BCI y BancoEstado), depósitos por más de $484 millones provenientes de terceros. Uno de los indicios importantes de la participación de Pérez fue extraído del teléfono de “Barby”, donde se encontró el registro de una conversación en la que “Yefri” envió directamente una cuenta corriente del BCI perteneciente a Pérez para que las víctimas de extorsión realizaran pagos.

En el cuarto y último escalón de la red se encuentran los “receptores” del dinero, quienes aparecieron en las cartolas bancarias de los “presta-cuentas”. Este nivel está integrado por cuatro personas naturales, pero también por dos empresas, las que reciben, por lejos, la mayor cantidad de dinero. Se trata de las sociedades BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA, ambas registradas en Equifax con un mismo domicilio: la dirección de una empresa de contabilidad dedicada a la creación de sociedades.

De acuerdo con registros del Diario Oficial, la primera fue constituida en septiembre de 2022 por Oscar Delgado Guerrero. Aunque ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) la empresa declaró una renta líquida que no superó los $5 millones en 2025, las tres cuentas bancarias asociadas a BexDigital recibieron transferencias por $58.501 millones entre 2022 y 2025. Aunque la investigación aún no ha pesquisado a todas las personas que hicieron transferencias a las cuentas de BexDigital Services SpA, al menos $8.428 millones provenían de sujetos con antecedentes por delitos vinculados al crimen organizado.

La segunda empresa, Servicios Digitales BexGroup SpA, fue creada el 30 de agosto de 2022 por Marco Reyes Acosta, quien desde junio de 2023 se encontraría fuera del país. Entre 2022 y 2025, las tres cuentas asociadas a esa sociedad recibieron abonos por $17.270 millones. De acuerdo con los antecedentes recopilados por los investigadores, más de $4.184 millones habrían sido transferidos por personas con antecedentes por distintos delitos.

La investigación también detectó al menos otras cuatro personas naturales vinculadas a la estructura que recibieron millonarias transferencias Dana Lugo Morales, quien recibió más de $35 millones entre 2024 y 2025; Amaurelys Macero Vegas, con depósitos por $18 millones entre 2023 y 2025; Richard Pineda Colmenares, que acumuló abonos por $12 millones entre 2024 y 2025, y Keiver Valera Rodríguez, en cuyas cuentas ingresaron más de $28 millones en el mismo período. Los dos últimos ya están en prisión: Valera es investigado por asociación criminal y lavado de activos en otra célula ligada al Tren de Aragua —“Los Hermanos Cartier”— y Pineda fue condenado por lavado de activos en una causa relacionada con operaciones de la organización en Valparaíso.

Solo las cuentas de las dos sociedades Bex recibieron más de $75.771 millones. Gran parte de esas platas terminaron siendo canalizadas a través de empresas especializadas en finanzas transnacionales, desde donde el dinero fue enviado al extranjero o convertido en criptoactivos.

LA ESTRUCTURA

Entre los antecedentes que sustentan la investigación del Ministerio Público —además del celular de Bárbara Hernández— figuran al menos cuatro denuncias por extorsión que dieron origen a causas penales, tres homicidios frustrados y una investigación por contrabando.

A partir de esas denuncias, los investigadores reconstruyeron el modus operandi y la estructura jerárquica de esta red. La banda no solo ejercía control territorial sobre locales nocturnos ligados al rubro del entretenimiento y eventos. Un testigo reservado declaró en mayo de 2025 que el Tren de Aragua también controlaba el tráfico de drogas al interior de las fiestas —principalmente ketamina, tussi y marihuana—, además de redes de prostitución en Bellavista, Plaza de Armas y plataformas digitales. “Ellos traen toda la organización de la fiesta lista; solo necesitan el lugar físico”, señaló.

Según antecedentes recopilados por CIPER, la estructura liderada por “Yefri” tenía como principales brazos operativos a tres personas encargadas de recaudar el dinero obtenido mediante el cobro de “vacunas”:

• Jesús Miguel Cestaro Díaz, alias “Ñoño”: venezolano, productor de eventos y considerado el “brazo derecho” de “Yefri”. Estaría a cargo del control de fiestas y de ejecutar extorsiones ordenadas desde el extranjero. La investigación también lo vincula con la supuesta facilitación de algunas armas usadas en el quíntuple homicidio de Lampa. Además, habría controlado, mediante testaferros, un bar discoteca en Recoleta.
• Bárbara Hernández Villegas: venezolana, productora de eventos y organizadora de fiestas electrónicas clandestinas dirigidas al público venezolano. Según la indagatoria, sería una de las encargadas de recaudar las “cuotas” exigidas a organizadores de este tipo de eventos.
• Joel David Díaz, conocido como “Lermitage”: venezolano y productor de eventos. Los antecedentes lo vinculan con eventuales extorsiones a locatarios nocturnos y con el contrabando de camionetas desde Chile hacia Venezuela.

Entre quienes recaudaban dinero también figura Jesús Astudillo Lárez, venezolano que, según registros de conversaciones, habría reenviado mensajes extorsivos emitidos por Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”. Este último fue la mano derecha en Chile de Héctor “Niño” Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, hasta su captura en Colombia en diciembre de 2024. En todo caso, existen antecedentes de que “Bobby” continúa gestionando operaciones en Chile desde la cárcel colombiana. 

Mensaje extorsivo que habría escrito Carlos «Bobby» y que fue reenviado por otro integrante de la organización.

El rastro de “Carlos Bobby” también aparece en esta investigación: incluso figura en registros fotográficos junto a “Yefri”. Dentro de la misma operación para desbaratar la red de “Yefri” se desarrolló el allanamiento de la cárcel colombiana La Picota, en Bogotá, en la que está recluido “Carlos Bobby”, en busca de evidencia relacionada con la estructura de lavado de activos detectada en Chile.  

En la imagen se aprecia, entre otras personas, al exjefe del Tren de Aragua en Chile, “Carlos Bobby” [número 4], junto al líder de la estructura financiera desbaratada ahora por la Fiscalía Sur, “Yefri”[número 7].

• José Carlos Pérez Asencio: Aparece como el primer ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua en Chile. La investigación revela que, solo en una de sus ocho cuentas bancarias, habría recibido abonos por más de $350 millones entre 2022 y 2025. Gran parte de esos fondos habría sido posteriormente transferida a cuentas ligadas a Servicios Digitales Bexgroup ($143 millones entre 2023 y 2024) y BexDigital ($66 millones en 2024). En total, en sus ocho cuentas habría recibido más de $648 millones, de los cuales $484 millones corresponderían a transferencias de terceros.

• Jessica Yurimar Hernández Carrero: habría facilitado sus cuentas bancarias para el movimiento de dinero. En una de sus tres cuentas recibió más de $527 millones, entre 2022 y agosto de 2025; en otra, registró ingresos superiores a $65 millones en un periodo similar; y en una tercera acumuló abonos por más de $58 millones. Según los antecedentes recopilados, al menos $29 millones transferidos a sus cuentas provenían de un productor de fiestas electrónicas orientadas al público venezolano, identificado como integrante del Tren de Aragua.

• Luis Germán Orta Pérez: en una de sus cuentas recibió depósitos por más de $77 millones entre 2022 y agosto de 2025, mientras que en una segunda cuenta registró otros $34 millones entre 2022 y marzo de 2025. Tal como ocurre con otros presuntos testaferros investigados, los movimientos de salida de dinero coincidían, en la mayoría de los casos, con los montos totales de los abonos recibidos.

• María Gabriela Rondón Castillo: en una de sus cuentas corrientes recibió más de $125 millones entre 2022 y agosto de 2025; en una segunda cuenta, durante el mismo período, recibió otros $65 millones; y en una tercera cuenta registró ingresos por $25 millones entre julio de 2024 y julio de 2025.

El dinero circuló entre los “presta-cuentas” a través de cuentas corrientes y chequeras electrónicas del Banco de Crédito e Inversiones (BCI); cuentas corrientes del Banco Santander; cuentas corrientes y Cuenta RUT del BancoEstado; cuentas vista del Banco de Chile y cuentas corrientes de los bancos Falabella y Scotiabank.

ANTECEDENTES DE EXTORSIONES

Desde al menos 2022, de acuerdo con declaraciones y seguimientos policiales, la organización habría mantenido el control de fiestas y eventos dirigidos a la comunidad venezolana, tanto en locales establecidos como en recintos clandestinos. El mecanismo operaba de manera sistemática: cobros semanales o pagos por cada evento realizado. Según antecedentes de la investigación, las extorsiones incluso llegaron a locatarios de Concepción. 

Una de las denuncias más graves quedó registrada cuando un testigo protegido acusó haber recibido amenazas de Joel Díaz, alias “Lermitage”, junto con “Yefri”, quien, desde un número español, le habría exigido el pago de US$16 mil a través de una plataforma de criptomonedas, bajo amenaza de lanzar una granada al recinto en el que realizaría un evento.

Antes de eso, ya existían antecedentes. En marzo de 2023, el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ingresó una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en la que expuso convocatorias a reuniones donde comerciantes eran obligados a pagar cuotas mensuales bajo amenaza de homicidios o incendios a sus locales. 

En abril de 2023, una de las víctimas de extorsión declaró que fue agregada a un grupo de WhatsApp llamado “alineación de productores”, donde “para permanecer en el grupo se pedía una cuota inicial de $500.000 y pagos mensuales”, mientras que a productores particulares “les cobraban $300.000 por evento”. El denunciante relató que, tras negarse a pagar, los volantes de su fiesta fueron “tachados con una X roja” junto a una advertencia de ataque. “No se harían responsables de los daños que pudieran sufrir los asistentes”, decía el mensaje.

Otro de los productores amenazados declaró que comenzó a recibir llamadas extorsivas en agosto de 2024. En una de ellas, un hombre con acento extranjero le dijo que pertenecía al Tren de Aragua y le aseguró que tenía “el control de todas las fiestas” de la Región Metropolitana. La instrucción era clara: debía “alinearse” y entregarles todo el dinero recaudado en la puerta de los eventos si quería seguir realizándolos.