El autor de esta columna señala que la discusión sobre el salario mínimo no puede reducirse a una disputa técnica ni a advertencias sobre eventuales efectos en el empleo. Cuestiona la visión económica tradicional que asocia automáticamente los aumentos salariales con mayor desempleo y sostiene que la evidencia empírica actual muestra resultados mucho más diversos. Además, plantea que el debate debe centrarse en un objetivo político: garantizar ingresos suficientes para una vida digna. Desde esa perspectiva, argumenta que el salario es también el resultado de una disputa distributiva entre trabajadores y empresas, y que Chile aún tiene margen para elevarlo.

Imagen de portada: Francisco Paredes / Agencia Uno. 

Año tras año vemos cómo en la discusión sobre el reajuste del Salario Mínimo los gremios empresariales y la derecha advierten sobre supuestos efectos destructivos sobre el empleo, como si se tratara de una ley natural de la economía. Si el salario mínimo aumenta “demasiado”, serán los propios trabajadores y trabajadoras quienes terminarán pagando el costo a través del desempleo. Sin embargo, si no aumenta lo suficiente, deberán resignarse a percibir ingresos incapaces de sostener condiciones de vida dignas, aunque agradecidos de tener trabajo. 

Para sostener esa idea, se intenta reducir el debate a un problema exclusivamente técnico, como si la relación entre salario mínimo y empleo fuese una verdad indiscutida. No obstante, la fijación del salario mínimo no es una discusión que se pueda delegar exclusivamente a tecnócratas: afecta directamente las condiciones materiales de vida de más de 830.000 personas. Es esencialmente una discusión política que levanta una pregunta central para la sociedad: ¿cómo se remunera la energía vital y el potencial creativo que ponemos en nuestro trabajo? Primero debe definirse el objetivo político, para luego desarrollar las herramientas técnicas y el diseño de política pública necesarios para alcanzarlo. Los argumentos técnicos no pueden dar por cerrada la discusión de antemano.

Sin embargo, eso no le quita relevancia a la discusión técnica. Por el contrario, resulta fundamental analizar la relación entre salarios y empleo a la luz de la discusión académica y la evidencia empírica. En ese sentido, resultan particularmente útiles algunos elementos desarrollados recientemente por los académicos Pablo Vergara y Damián Vergara, publicados en CIPER.

La postura conservadora refleja la tradición económica neoclásica desarrollada hasta fines del siglo pasado, fundamentalmente basada en el supuesto de competencia perfecta. Dentro de ese marco, el libre funcionamiento del mercado asegura los resultados más eficientes para la economía: un salario de equilibrio donde toda persona que quiera trabajar encontrará empleo y toda empresa que quiera contratar encontrará mano de obra. En este punto, la economía estaría utilizando plenamente sus capacidades productivas, es decir, en una situación de pleno empleo el Salario Mínimo opera así como una rigidez que rompe ese equilibrio óptimo, reduciendo la contratación y generando desempleo. 

Cabe destacar que este modelo invisibiliza la pugna distributiva entre trabajo y capital: el salario aparece como el resultado “natural” del mercado, y no como una expresión de relaciones de poder.

La economía real —y, sin lugar a dudas, la chilena— dista mucho de esta concepción teórica. Los mercados están altamente concentrados, otorgando a las grandes empresas un importante poder sobre el mercado laboral, particularmente la capacidad para fijar salarios por debajo del supuesto equilibrio competitivo. A la vez, los trabajadores y trabajadoras que en competencia perfecta abandonarían empleos con bajos salarios enfrentan barreras concretas a la movilidad laboral, asociadas a la incertidumbre, los costos de la búsqueda de empleo y el riesgo de un desempleo prolongado.

La ciencia económica, incluso dentro del mainstream, se ha ido adaptando para responder de mejor manera a las formas reales que toman los mercados, desarrollando líneas teóricas en torno a la competencia imperfecta y el poder monopsónico. En ese contexto, la relación entre Salario Mínimo y desempleo, presentada durante décadas como una consecuencia casi automática, hoy se encuentra en disputa. La evidencia empírica muestra resultados heterogéneos: existen estudios que encuentran efectos negativos acotados sobre el empleo, otros que identifican impactos nulos, e incluso algunos que observan efectos positivos. Es decir, el ajuste puede producirse por vías distintas al desempleo, por ejemplo, a través de aumentos de precios, mayor productividad, menor rotación laboral o reducciones en los márgenes de ganancia de las empresas.

Particularmente interesantes son los estudios que muestran que el aumento del Salario Mínimo puede pagarse a través de una caída de las utilidades extraordinarias obtenidas por las empresas en mercados imperfectos. Este resultado dialoga con corrientes de la economía heterodoxa, como las marxistas o sraffianas, que entienden la economía como una permanente puja distributiva entre la clase trabajadora y la capitalista por el excedente. Desde esta perspectiva, las empresas buscarán empujar los salarios hacia el mínimo posible —idea presente en autores clásicos como Adam Smith o David Ricardo—, mientras que los trabajadores y trabajadoras, mediante la organización sindical y la legislación laboral, buscarán aumentarlos. El salario, por ende, no depende únicamente de variables técnicas o productivas, sino también de la relación de fuerzas entre clases. Desde este marco teórico, se vuelven más evidentes los intereses detrás de las posiciones defendidas por los gremios empresariales y el gobierno de José Antonio Kast.

Con respecto a los últimos aumentos de Salario Mínimo durante el gobierno de Gabriel Boric, la escasa evidencia empírica disponible no muestra resultados concluyentes. Si bien un estudio del Banco Central ampliamente difundido identificó un impacto negativo sobre el nivel de empleo, el minucioso análisis metodológico de Vergara y Muñoz siembra dudas razonables sobre la causalidad, magnitud y alcance de sus resultados. El debate sigue abierto.

El estancamiento del crecimiento económico tampoco puede servir de excusa. Según el Índice de Kaitz Ajustado, que evalúa el nivel del Salario Mínimo con respecto al PIB per cápita de un país, la economía chilena aún tiene espacio para avanzar en esta materia. Por otro lado, comparaciones internacionales muestran que economías al mismo nivel de ingresos han sostenido salarios mínimos proporcionalmente más altos que el chileno. Por ejemplo, cuando Estados Unidos alcanzó niveles de ingreso per cápita similares al Chile actual, su salario mínimo era 5,1 veces mayor. Más antecedentes se pueden encontrar en el siguiente estudio de Fundación SOL.

El último valor de Salario Mínimo propuesto por el gobierno de $553.553 brutos, equivalente a $450.205 líquidos, no permite ni siquiera superar el umbral de pobreza para un hogar de dos personas que debe arrendar su vivienda. Hoy hay personas que trabajan jornada completa y viven en la pobreza, y no existe argumento técnico que pueda invisibilizar esa realidad. Es urgente que el diseño del Salario Mínimo incorpore un criterio de suficiencia.

Nada de lo anterior pretende invisibilizar los potenciales efectos que un aumento del Salario Mínimo puede generar sobre el empleo u otras dimensiones de la economía. Es posible que micro y pequeñas empresas vean tensionada su operación producto del aumento de los costos laborales, para lo cual es clave un diseño de política pública que las acompañe durante el proceso de implementación. Desde Fundación SOL se han desarrollado propuestas específicas en esta materia.

Hay que complejizar el debate, considerando el funcionamiento real de la economía y el estado actual de la ciencia económica, y sincerar posturas políticas, sin ocultarlas bajo supuestos consensos técnicos y falsas dicotomías. En materia de Salario Mínimo, el primer paso debe ser definir su objetivo político: que permita a la clase trabajadora sostener una vida digna. La discusión técnica debería orientarse a cómo avanzar, de manera responsable, hacia ese objetivo. Al mismo tiempo, resulta fundamental fortalecer instituciones laborales capaces de mejorar el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras, particularmente avanzando hacia la negociación colectiva ramal.