El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, denunció ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República el presunto pago entre el 2022 y 2023 de $14 mil millones por raciones de alimentos y onces que nunca habrían sido entregadas a los escolares, lo que habría afectado a tres unidades territoriales de la Región de O’Higgins. Peña informó que los datos provienen del informe elaborado por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta es la primera acción que presenta el gobierno de José Antonio Kast contra una institución por la gestión del Presidente Gabriel Boric.

La exjefa del organismo, Camila Rubio, desmintió las acusaciones a Bío-Bío, argumentando que las anomalías responderían a un problema estructural heredado del diseño de la licitación en el año 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera. En ese sentido, Rubio aseguró que “existe un informe de 2025 el cual señala que no existieron irregularidades y que, en abril de 2026, el Informe de Seguimiento de Contraloría señaló que las observaciones fueron totalmente subsanadas”.

La denuncia es por millonarios pagos sin contraprestación de servicios (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó a La Prensa Austral que se hizo una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presuntas irregularidades en la entrega, en 2022, de una vivienda a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. El medio local Zona Zero publicó que el director regional (s) del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la zona, Omar González, había denunciado el eventual fraude que involucra a ese organismo y a Riquelme. Los antecedentes recopilados por el servicio apuntan a la asignación irregular de una vivienda del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda a la conviviente de Riquelme, Susan Chicuy Godoy, beneficio destinado a familias pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.

A Chicuy se le otorgó el cupo del subsidio como reemplazo luego que otro postulante hábil renunció o fue excluido de un proyecto habitacional, lo que está dentro de la normativa vigente. Sin embargo, la denuncia señala que habría sido la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU, Jacqueline Lleucún Uribe, quien, de manera irregular, proponía directamente a personas específicas que serían incorporadas como beneficiarias. Cuando Chicuy postuló al beneficio Riquelme, su pareja, era consejero regional de Magallanes. De acuerdo a un oficio, se acreditó que Riquelme y Chicuy mantienen una relación de pareja de más de 18 años y tienen tres hijos en común.

El diputado Alejandro Riquelme en una foto de archivo (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El pasado 23 de abril, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sufrió el robo de equipos audiovisuales que afectó al comunicador Pablo González, del Departamento de Comunicaciones del organismo, según informó hoy La Tercera. Una semana después, el funcionario denunció la sustracción de los equipos a la Policía de Investigaciones (PDI), que se valorizaron en $2.123.000. El ministerio abrió un sumario para indagar los hechos.

Cabe recordar que, en 2023, José Antonio Kast criticó un robo similar ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado entonces por Giorgio Jackson. En su cuenta de X, Kast señaló: “La crisis de inseguridad es tan masiva que ningún ministerio se salva: se están robando computadores, cajas fuertes y documentos sensibles. Si el gobierno no es capaz de evitar los robos en un ministerio, qué queda para el resto de los chilenos”.

(Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que el gobierno comenzará a notificar a las empresas que contraten a migrantes en situación irregular para que normalicen su vínculo laboral. Según informó, se cruzarán datos con la Superintendencia de Pensiones sobre personas que cotizan en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que no cuentan con permisos de trabajo.

Al respecto, Sauerbaum indicó: “Nos darán información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización. Les vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente”.

Imagen referencial (Créditos: Víctor Pérez / Agencia Uno)