Este lunes, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo trabajará sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la cual tiene una vigencia de seis años. Tras concurrir a su primer Comité de Seguridad, junto al Presidente José Antonio Kast, dijo en un punto de prensa en La Moneda que “nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de 5 años de funcionamiento”.

También señaló que el próximo 2 de junio fue citado por el Senado y que en esa instancia va a comunicar y mostrar cada una de “esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, de gestión inmediata y de acciones concretas. También hay algunas de estructuración de planes y de estas estrategias”.

El gobierno recibió una ola de cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad, lo que se le reprochó a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

El ministro Arrau habló luego de una reunión en La Moneda (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026, identificando un error metodológico en el documento anterior que elaboró la administración de Gabriel Boric. El ministro Jorge Quiroz informó que faltarían $9,5 billones en la proyección de la deuda fiscal a 2030. Ante ello, estimó que el déficit en el periodo 2026-2030 será de 2,4%, mientras que el gobierno anterior calculó que sería de 1,8%. Anunció que se realizará una investigación para delimitar responsabilidades.

En paralelo, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) detectó riesgo fiscal que involucra recursos públicos de más de 9.200 millones de dólares. Bío-Bío informó que desde el gobierno recalcaron que encontraron “antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”. Entre ellas, rendiciones por montos inferiores a lo efectivamente pagado, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, entre otras.

Quiroz entregando el Informe de Finanzas Públicas (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, fue detenido el domingo luego de que intentó ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Un guardia del penal halló que Díaz tenía un bulto en su chaqueta. Durante esta jornada, el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio lo dejó en prisión preventiva.

Al hacer la revisión, los gendarmes encontraron 48 envoltorios de nylon transparente y 10 envoltorios con una sustancia blanca, junto a $103 mil en efectivo. Además, Díaz entregó voluntariamente un celular, una botella de alcohol y un envoltorio de cartón con una sustancia de color blanco.

Imagen referencial (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

Esta tarde, se registró un sismo de magnitud 6.9 entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El Centro Sismológico Nacional detectó que el epicentro del temblor, que se produjo a las 17:52, fue a 20 kilómetros de Calama.

Tras el movimiento telúrico, hubo daños en algunas viviendas como panderetas caídas o vidrios rotos, según informó Bío-Bío. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) continúa evaluando. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) constató que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Daños en un cuartel de bomberos de Calama tras el sismo 6.9 registrado esta jornada en el norte del país (Créditos: Agencia Uno)