El autor de esta columna explica en qué consiste la acusación de fraude en el informe de producción de Codelco y advierte que el sistema actual lo permitió y, si este no cambia, puede seguir ocurriendo. Comenta que «la pregunta para el directorio entrante no es quién firmó la reclasificación. Esa pregunta la responderá el Ministerio Público. La pregunta relevante es por qué el sistema de control de gestión de la mayor corporación del Estado permitió, durante un año completo, que 26.875 toneladas de material en proceso aparecieran en los reportes oficiales como cobre terminado. Mientras esa pregunta no tenga respuesta estructural —no anecdótica—, el próximo cierre de ejercicio operará bajo los mismos incentivos que produjeron este».

Imagen de portada: foto referencial, mina subterránea Chuquicamata (Codelco / Agencia Uno). 

En diciembre de 2025, Codelco celebró un récord: 172.300 toneladas métricas de cobre fino producidas en un solo mes, el mejor registro en una década. Cuatro meses después, una auditoría interna concluyó que esa cifra, y la del ejercicio completo, estaban infladas. El mecanismo no fue una transferencia oculta ni un cobro paralelo: fue una reclasificación contable. La estatal registró como “producto terminado” materiales que seguían siendo, técnicamente, productos en proceso. El detalle importa, porque ahí está el fraude.

EL MECANISMO: DOS DIVISIONES, DOS MATERIALES

La investigación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), presidido por Tamara Agnic y cerrada el 20 de mayo de 2026, identificó que Codelco había sobreestimado su producción de 2025 en 26.875 toneladas de cobre fino: aproximadamente el 2% de su producción propia anual. La sobreestimación se concentró en dos divisiones, con dos materiales distintos, pero con la misma operación contable detrás.

Los óxidos de Chuquicamata y el arsenito de calcio de Ministro Hales no son cobre vendible: son insumos que requieren tratamiento metalúrgico posterior —lixiviación, electroobtención, fundición— para convertirse en cátodo. Registrarlos como producto terminado equivale, en términos contables, a vender una empanada antes de hornearla y declararla en inventario como lista para consumo.

El efecto cosmético fue inmediato: la producción reportada de 2025 pasó de 1.334.445 tmf a una cifra corregida de 1.307.570 tmf. Más allá del número, el ajuste tuvo una consecuencia simbólica: por primera vez en la historia de la minería nacional, Escondida (BHP) superó a la suma de todas las divisiones de Codelco, reportando 1.345.000 tmf en el mismo período.

POR QUÉ LA RECLASIFICACIÓN ES FRAUDE, NO ERROR

En minería del cobre, la distinción entre producto en proceso y producto terminado no es una sutileza académica. Es la línea que separa un inventario contable de una venta reconocible, y por extensión, la que separa una meta de producción cumplida de una incumplida. La normativa IFRS, que Codelco aplica, exige que un activo se reconozca como producto terminado solo cuando está disponible para su venta en su forma actual. Un mineral oxidado de Chuquicamata que aún debe pasar por planta SX-EW no cumple ese criterio: no es vendible, no es cátodo, no es cobre fino en el sentido comercial del término.

La reclasificación tampoco es un error de digitación. Requirió decisiones deliberadas en al menos tres frentes: la asignación física del material en bodegas y patios, los registros del sistema de control de gestión, y la consolidación en el reporte de producción mensual que se envía a la Comisión Chilena del Cobre. Por eso la salida de César Márquez Márquez, gerente de Presupuesto y Control de Gestión desde 2016, fue fulminante, y los antecedentes se derivaron al Ministerio Público para perseguir eventuales delitos penales. Otros siete ejecutivos de línea fueron amonestados.

EL INCENTIVO: BONOS ATADOS A METAS FÍSICAS

La pregunta operativa es por qué alguien movería material de una columna a otra en una hoja de cálculo. La respuesta está en el sistema de incentivos. Las metas de producción 2025 estaban acopladas al pago de bonos variables, y al reclasificar 26.875 toneladas, las metas pasaron de incumplidas a cumplidas. La auditoría del CACE constató que, una vez corregidas las cifras, esas metas nunca se alcanzaron. Codelco exige ahora la devolución retroactiva de US$ 14,3 millones a 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz.

El detalle relevante no es el monto, sino la asimetría del incentivo. Un sistema que premia toneladas reportadas sin separar producto vendible de producto en proceso en el cálculo del bono está pidiendo precisamente esta reclasificación. No hay fraude sin oportunidad estructural, y la oportunidad estructural aquí no fue un agujero en el código: fue una definición operativa que dejó zona gris entre lo terminado y lo casi terminado. Por eso el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó el episodio como “una falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco”.

EL CONTROL QUE NO OPERÓ

El hallazgo no vino de la auditoría regular ni de la fiscalización sectorial. Vino de una denuncia anónima ingresada al canal ético el 3 de marzo de 2026, dirigida directamente al CACE. Esto significa que los controles internos —reconciliaciones de inventario, cruces entre planta y bodega, verificaciones de balance metalúrgico— o bien no detectaron la anomalía, o bien la detectaron y no escaló. Ambas hipótesis son malas, y ambas son responsabilidad del gobierno corporativo.

Cochilco, por su parte, reconoció que las alarmas técnicas estaban en sus manos desde febrero de 2026, pero la auditoría gubernamental independiente se activó recién tras la caída brusca de la producción de enero y marzo —91.000 tmf en marzo, una contracción interanual del 41%—. Es decir, el sistema de control externo detectó el efecto (el desplome posterior) antes de identificar la causa (la inflación previa). En auditoría forense, esta secuencia es típica: las cifras infladas se sostienen mientras el inventario disponible alcanza para alimentar la fachada; cuando el material reclasificado se agota, la caída revela lo que la inflación ocultaba.

LO QUE VIENE: AUDITORÍA FORENSE Y REDISEÑO DEL INCENTIVO

El nuevo directorio, encabezado por Bernardo Fontaine desde el 26 de mayo de 2026, recibió como primer mandato una auditoría forense externa sobre toda la gestión operativa, financiera y de proyectos estructurales de la administración saliente. La herramienta es la correcta, pero su utilidad será limitada si se queda en la identificación de responsables individuales sin revisar el diseño del sistema de incentivos que produjo el fraude.

La lección técnica del episodio es austera. Cuando una empresa estatal define sus metas de producción en una unidad —toneladas métricas de cobre fino— que admite reclasificación contable discrecional, y cuando los bonos del personal técnico y ejecutivo dependen del cumplimiento de esa meta, el sistema produce un sesgo predecible hacia la reclasificación en los meses de cierre. No es necesario imputar mala fe a los seis mil trabajadores que recibieron el bono: basta con notar que el incentivo estaba mal calibrado en su origen, y que el control interno no fue diseñado para detectar la categoría específica de manipulación que terminó ocurriendo.

La pregunta para el directorio entrante no es quién firmó la reclasificación. Esa pregunta la responderá el Ministerio Público. La pregunta relevante es por qué el sistema de control de gestión de la mayor corporación del Estado permitió, durante un año completo, que 26.875 toneladas de material en proceso aparecieran en los reportes oficiales como cobre terminado. Mientras esa pregunta no tenga respuesta estructural —no anecdótica—, el próximo cierre de ejercicio operará bajo los mismos incentivos que produjeron este.