La medida anunciada por Hacienda busca agilizar el acceso a efectivo mediante la venta de inmuebles adquiridos por “herencia vacante” y de propiedades sin uso que estén en poder de los ministerios. El Ejecutivo estima que se obtendrán entre US$200 millones y US$300 millones. Cuatro economistas explicaron a CIPER que la iniciativa no robustecerá drásticamente el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), ideado para equilibrar las finanzas públicas en momentos de crisis y que varió de US$8.148 millones en 2022 a US$3.913 millones en 2025. La solución pasa, según los académicos consultados, por llegar a un balance o superávit estructural presupuestario, o bien generar nuevos ingresos fiscales que se sostengan en el tiempo. A fines de 2025, Chile alcanzó un déficit fiscal estructural de 3,6% del PIB, con una deuda pública de 41,7% del PIB, un nivel aún calificado como prudente por el Consejo Fiscal Autónomo.

Créditos imagen de portada: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

Economistas de diferentes espacios académicos sostuvieron que, tanto la venta de propiedades sin uso que estén en poder de los ministerios, como la enajenación de 1.200 inmuebles que quedaron bajo administración del Estado por “herencia vacante”, no resolverá las brechas fiscales del Estado chileno. Y, a juicio de estos expertos, la enajenación de estos bienes anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debe ser pública, transparente y competitiva, si al final logra materializarse. 

La medida, que permitiría una recaudación de US$200 millones a US$300 millones, supone, en la práctica, vender tanto los inmuebles que están en poder de los ministerios y que no tienen un uso definido, como enajenar todos los bienes raíces que el Estado tiene bajo su administración luego de adquirirlos por “herencia vacante”. Es decir, aquellos inmuebles cuyos propietarios fallecieron sin contar con herederos legales.

La finalidad de esta iniciativa del gobierno de José Antonio Kast es allegar recursos frescos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), un instrumento estatal que sirve para estabilizar las finanzas públicas ante cambios abruptos en el ciclo económico. 

CIPER conversó con cuatro economistas, quienes coincidieron en que liquidar estos activos no es la mejor forma de recuperar el FEES, al tiempo que propusieron apegarse a una política de balance o superávit estructural o bien robustecer las arcas fiscales con nuevas fuentes de recursos.

El investigador del Centro de Estudios Públicos Jorge Rodríguez indicó que, sin duda, la holgura fiscal se ha reducido en los últimos 20 años, por lo que es necesario adoptar medidas: 

«El Fondo Monetario Internacional -dijo- ha recomendado a Chile que el FEES tenga entre 5% y 7% del PIB. Hoy tiene solo 1%. Por ello, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha recomendado al gobierno, desde la administración pasada, diseñar un plan para gradualmente alcanzar la cantidad recomendada de ahorro”, afirmó.

En ese contexto, Rodríguez sostuvo que la solución de fondo pasa por lograr superávits estructurales, “algo que Chile ha tenido apenas dos veces en los últimos 15 años”. 

En esa misma línea, el doctor en Economía de la Universidad de Chicago y académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Gustavo González, coincidió en que la mejor medida para fortalecer la situación fiscal es apegarse “a una política de balance o superávit estructural –como se planteó al comienzo de la regla, en el gobierno de Ricardo Lagos– que permita acumular activos en momentos donde la economía anda mejor y disminuirlos cuando anda peor”. 

Esta postura fue complementada por la doctora en Economía del Massachusetts Institute of Technology, Andrea Repetto, quien recalcó que las actuales necesidades de financiamiento del Estado chileno obedecen a que “el gasto fiscal supera los ingresos estructurales de largo plazo”, desde hace años. 

Repetto coincidió con González en que las soluciones deben ser de largo aliento. “El financiamiento que se necesita es permanente; esto es, nuevas fuentes de recursos para ahora y en adelante –vía impuestos o mayor cumplimiento tributario– o reducción de gasto que permita reasignar recursos”, explicó.

Por su parte, el economista Marco Kremerman, de la Fundación Sol, planteó que la venta de activos del Estado “no es la mejor medida”. A su juicio, Chile debe aprovechar el alto precio del cobre y crear un mecanismo “en sintonía con el ciclo económico, como el que tiene Noruega [con el petróleo]”.

Las cifras preliminares del Ministerio de Hacienda indican que el déficit fiscal estructural cerró 2025 en 3,6%, unos US$12.000 millones (ver informe). 

Asimismo, la deuda pública se mantuvo en un 41,7% del PIB, cifra por debajo del 45% establecido como un nivel prudente por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Este endeudamiento, sin embargo, es muy superior al registrado en 2007, cuando la deuda pública del gobierno central era de sólo 3,9% del PIB. La recesión de 2008 y la pandemia en 2020 elevaron sucesivamente este indicador, según estos registros. “Alcanzamos el nivel de endeudamiento público de 1990”, dijo Kremerman.

En este escenario, el CFA alertó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados que el Plan de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo está tramitando en el Congreso tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031.

La entidad especificó nueve riesgos directos del proyecto, entre los que se cuentan la rebaja al impuesto corporativo, el crédito tributario al empleo y la exención al IVA a viviendas nuevas, entre otros, los que generarían un déficit de hasta un 0,71% del PIB en el 2030, de no cumplirse las metas de crecimiento presupuestadas por el gobierno.

VENTA TRANSPARENTE Y COMPETITIVA

En el marco de esta menor holgura fiscal, el economista Jorge Rodríguez opinó que “sin renunciar a lograr tener superávits en el mediano plazo –algo que es necesario para la sostenibilidad fiscal–, el gobierno puede comenzar por vender activos estatales poco líquidos, como por ejemplo terrenos fiscales, y aportar esos recursos al FEES». 

Por su parte, respecto del impacto real de la anunciada venta de propiedades fiscales, Gustavo González añadió que la enajenación de estas 1.200 propiedades no cambiará “sustantivamente el valor de los activos totales del Fisco”. No obstante, esta medida sí podría permitir al Estado tener dinero en efectivo y reaccionar con más rapidez a contingencias imprevistas, en su opinión. “Probablemente, se toma esta medida ante la dificultad política de recortar el gasto o recaudar impuestos a la velocidad que requeriría un retorno a un balance o superávit estructural”, sopesó el doctor de la Universidad de Chicago.

Sobre lo mismo, Repetto –quien presidió el Consejo Fiscal Autónomo entre 2016 y 2018– ponderó que “hay que ser muy cuidadosos en entender bien por qué el Estado tiene estos activos y cuál es el uso que tienen hoy o que podrían tener” en el futuro. 

Los economistas consultados coincidieron en que, de venderse estas propiedades, este proceso debe ser transparente y competitivo.

“Básicamente, que se obtenga el mejor precio posible para el Estado en su subasta pública, que se vendan activos fijos que efectivamente están en desuso o que no tienen una función social importante, y que se preserve que no haya vicios de favoritismos en la adquisición, que es una sospecha siempre latente en el desprendimiento de activos del Estado”, detalló González, respecto a los requisitos que debería cumplir el proceso.

Ante el Congreso, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunció el 8 de abril que el Estado venderá unos 1.200 activos inmobiliarios en su poder, para obtener dinero líquido que pueda engrosar el FEES. Según la autoridad, se trata de bienes inmuebles que están en desuso o abandonados, en su mayoría.

Al respaldar su decisión ante el Congreso, el ministro de Hacienda advirtió que en marzo de 2022 el FEES ascendía a US$8.148 millones, mientras que a fines del 2025 sumaba US$3.913 millones.