El abogado -actual responsable de la estrategia comunicacional del gobierno- fue durante siete años profesional experto en el Servicio Civil del Sistema de Alta Dirección Pública. Uno de sus últimos trabajos en esa entidad fue presidir el comité de selección del subdirector/a de la recién creada Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), cargo en el que se nombró a Michelle Bordachar. Valenzuela no advirtió que Bordachar tenía una relación previa con la delegada de la ANCI que integraba el comité de selección (le brindaba el trato de “amiga” en redes sociales). Y, según un oficio de la Contraloría -organismo que aún no toma de razón el nombramiento-, no se incorporó al expediente de este proceso de selección el informe de reclamos recibidos por el Servicio Civil, documento necesario para la revisión de la juridicidad del proceso.

Cristián Valenzuela, actual Director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, trabajó siete años en el Servicio Civil del Sistema de Alta Dirección Pública. El abogado y mano derecha del Presidente José Antonio Kast, integró un grupo de 54 profesionales encargados de elegir personal para el Estado entre 2018 y el año pasado. Una de sus últimas tareas en 2025 fue presidir el comité de selección que dirigió el nombramiento del nuevo subdirector/a nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). La elegida para el cargo fue la abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, Michelle Bordachar, la misma que hoy lidera la investigación por el robo de información sensible desde una repartición pública.

Durante el concurso se presentaron alegatos ante el Servicio Civil por supuestos conflictos de intereses entre concursantes y miembros del grupo encargado del proceso de selección. El exdirector de la ANCI, Daniel Álvarez, se abstuvo de escoger al candidato ganador, debido a que mantenía una relación de amistad con más de uno de los concursantes. Pero, sí firmó el decreto que nombró a Bordachar. Hasta la fecha, este decreto no cuenta con la toma de razón de la Contraloría General de la República (CGR). Desde la entidad fiscalizadora explicaron a CIPER que el procedimiento está en revisión jurídica y a la espera de que se resuelvan tres denuncias que fueron ingresadas en marzo de 2026 contra el nombramiento.

El 27 de abril pasado la CGR emitió un oficio en el que identifica dos fallas en este concurso de Alta Dirección Pública: primero, que el exdirector de la ANCI no sólo tenía que abstenerse de seleccionar al ganador de entre los integrantes de la terna final, sino que también debía abstenerse de suscribir su nombramiento, ya que, de intervenir en la nominación, “ponía en riesgo la imparcialidad de su decisión”. Segundo, la ausencia del certificado de reclamos, emitido por el Consejo de Alta Dirección Pública, que no se adjuntó en el expediente del concurso dirigido por Valenzuela. 

Según el oficio de la CGR, el certificado de reclamos es fundamental para realizar el examen de juridicidad del proceso de selección. CIPER pudo comprobar que en el caso de este concurso se presentaron al menos dos reclamos ante la Alta Dirección Pública. 

CIPER detectó otro posible foco de conflicto de interés en este concurso. El comité de selección presidido por Valenzuela también estuvo integrado por un delegado del Ministerio de Seguridad y por una ingeniera industrial que es funcionaria de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (cuyo nombre se mantendrá en reserva debido al reglamento de ADP). La ingeniera tiene una relación social previa con Michelle Bordachar -quien la llama “amiga” en redes sociales-, y de quien fue su subalterna en 2023, cuando Bordachar estuvo a cargo de la secretaría ejecutiva de la Comisión Asesora del Comité Interministerial de Ciberseguridad (que antecedió a la actual ANCI). En ese equipo también estaba otra persona que participó del proceso de selección de la subdirectora, Cristián Bravo Lillo reemplazó al exdirector Alvear y terminó escogiendo a Bordachar para el cargo. Bravo es el actual jefe del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT).

Sólo unos meses antes de que se abriera el llamado a concurso para la subdirección de la ANCI, la ingeniera industrial que después ofició como delegada de la ANCI en el comité de selección publicó en LinkedIn un mensaje de admiración por el trabajo de Bordachar, e hizo un llamado a votar por ella, porque estaba nominada para ser una de las 10 mujeres en TI & Ciberseguridad 2025 de la Revista TrendTIC. Bordachar respondió: “Linda amiga”. 

Consultada por CIPER, Bordachar descartó que su relación laboral con la delegada de la ANCI en su proceso de selección “pueda haber incidido en su evaluación”. Recalcó que “no soy ni he sido amiga íntima de esa persona, sin perjuicio de que suelo usar los términos ‘amigo’ o ‘amiga’ con colegas en sentido coloquial y afectuoso”.  

En este caso ninguna de las involucradas hizo explícito su potencial conflicto de interés. Cristián Valenzuela, quien, como delegado del Servicio de Alta Dirección Pública tenía entre sus tareas “resguardar el trato igualitario entre los candidatos”, tampoco lo advirtió.   

Para Alberto Precht, abogado, exdirector ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional y expresidente de la Comisión Defensora Ciudadana y de Transparencia Administrativa, el proceso de selección de Michelle Bordachar sí contendría un conflicto de interés o falta de abstención y señala la responsabilidad del Servicio Civil y de su representante que en este caso era, Cristián Valenzuela:

«A mi juicio habría un conflicto de interés o al menos habría una falta al deber de abstención porque efectivamente si la amistad es cercana y además ha habido una relación de subordinación en una de las candidatas esta persona no debió haber participado. Es exactamente el delegado de la Alta Dirección Pública quien debe precaver porque se cumpla con los principios de la Alta Dirección Pública, la probidad, la transparencia en el proceso, por lo mismo uno podría decir que el cuidado debió haber sido un tanto forzado, aunque haya quedado a su propio criterio. Es el delegado de la alta dirección pública el que tiene este rol, entonces es exactamente este rol el que no se habría cumplido del todo, bueno evidentemente será muy importante que sea la Contraloría General de la República quien se pronuncie acerca del conflicto de interés».

CIPER intentó comunicarse con Cristián Valenzuela a través de llamadas y mensajes dirigidos a su teléfono, además de consultar por él a través del área de prensa de la Presidencia de la República. Pero, no hubo respuesta.

PROFESIONAL EXPERTO

En octubre de 2025, cuando aún integraba el panel de expertos del Servicio Civil, Valenzuela publicó su columna “Parásitos” en La Tercera. En ella hace referencia a los funcionarios públicos y menciona que el Estado no está enfermo, sino que podrido, entre otras afirmaciones sobre la ineficiencia y el clientelismo en la administración pública. Para esa fecha, Valenzuela presidía el comité que seleccionó a Bordachar. 

Aunque la columna fustigaba a los funcionarios estatales, la mayor parte de la experiencia laboral que registra Cristián Valenzuela Bustos es en la administración pública. Fue jefe de gabinete del diputado Rodrigo Álvarez (UDI), quien presidió la Cámara entre 2009 y 2010. Luego, cuando Álvarez fue nombrado subsecretario de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Valenzuela se mantuvo como su jefe de gabinete. Y siguió en ese mismo cargo en julio de 2011, cuando Álvarez se convirtió en ministro de Energía. 

Valenzuela continuó en el sector público como asesor de la Dirección de Presupuestos entre 2018 y 2022, y asesor del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno (UDI), sobrino de Jaime Guzmán, entre enero y abril de 2020. En diciembre de 2020, realizó una consultoría para el Ejército y al año siguiente, según informó Interferencia, asesoró a Kast en su derrotada campaña presidencial frente a Gabriel Boric.

El cargo público que ocupó Valenzuela desde 2018 a 2025, antes de instalarse en el segundo piso de La Moneda, fue el de “profesional experto” del Servicio Civil, en el Sistema de Alta Dirección Pública. Entre sus tareas, presidió comités de selección que definen ternas para los nombramientos de segunda categoría -aquellos en que el Consejo de Alta Dirección Pública no escoge directamente la terna, sino que lo hace un equipo dirigido por el “profesional experto”- y que son unos 800 a 900 cargos. Además, el “profesional experto” participa en la elaboración de los perfiles para cada puesto. Según los registros del Servicio Civil, en 2025 Valenzuela participó en cinco procesos como “profesional experto”.

En el Servicio Civil explicaron a CIPER que estos profesionales “son designados por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), a partir de un listado elaborado para estos fines, con profesionales de reconocida trayectoria en materias de gestión de personas, y/o políticas públicas. El rol principal de los profesionales expertos es representar al consejo en las decisiones que se adopten en los comités de selección, velando por el trato igualitario a los candidatos, la transparencia de los procesos de selección y el respeto a los principios de mérito e idoneidad que guían la Alta Dirección Pública”.

Cristián Valenzuela (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno).

EL REEMPLAZANTE

El concurso ADP-29266 registró una sola inhabilidad: la del entonces jefe de la  Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Daniel Álvarez. El abogado optó por delegar su potestad para escoger al nuevo subdirector del organismo en Cristián Bravo Lillo.

“En el concurso de subdirección y en otro más, de jurídica, yo me tuve que abstener de decidir porque conocía a todos los candidatos. El concurso es muy largo, toma mucho tiempo, y uno no participa mucho del concurso. Como jefe del servicio, a mí me tocó mandar los oficios al Servicio Civil para que hiciera el concurso. Y no sé, nueve meses después, me llega la terna. En el caso de subdirección y jurídica, si mal no recuerdo, yo los conocía a todos. Tenía relaciones profesionales, colegas, incluso de amistad en algún caso, y por eso, me abstuve de tomar la decisión”, explica Álvarez. 

A Michelle Bordachar, dijo Álvarez, la conoce en el ámbito académico como profesor de la Universidad de Chile: “Nosotros creamos los primeros programas de postítulos en ciberseguridad, en el 2015-2016, más o menos. Y sí, Michelle fue alumna de uno de esos programas. No me acuerdo si fue de ciberseguridad o de datos, pero fue alumna. Después colaboró como investigadora en la Facultad de Derecho. Y años después, cuando comenzó la asesoría del Ministerio del Interior en temas de ciberseguridad, yo le pedí que se incorporara a mi equipo. Lo mismo que Cristián [Bravo]”.

Quien reemplazó a Álvarez fue, precisamente, Cristián Bravo Lillo. Doctor en Ingeniería y Política Pública de la Carnegie Mellon University, también fue parte de un equipo coordinado por la propia Bordachar. Pero, Bravo dijo a CIPER que no conocía a Michelle Bordachar. Según señaló, “si bien en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, Michelle coordinaba el trabajo de los profesionales técnicos y jurídicos, la supervisión de dicho trabajo siempre correspondió al coordinador nacional”. Y recalcó: “Nunca trabajé bajo supervisión de ninguna de las personas que llegaron a la etapa de entrevistas finales”.

"SUELO USAR LOS TÉRMINOS ‘AMIGO’ O ‘AMIGA’"

Consultada por CIPER por su relación con la ingeniera industrial que actuó como delegada de la ANCI en su concurso, Michelle Bordachar dijo que la “representante del servicio en la comisión y yo éramos compañeros de trabajo, con buena relación laboral, como la que existe naturalmente entre colegas que se llevan bien, sin que existiera ninguna circunstancia que comprometiera la imparcialidad del proceso”. Según la subdirectora, de haber existido un conflicto, la jefa de la División Jurídica debió haberlo advertido “al visar el acto de designación”. Cabe destacar que la identidad de los postulantes es secreta hasta que llegan a la instancia de las entrevistas con el comité de selección.

Bordachar descartó que su relación laboral con la delegada de la ANCI “pueda haber incidido en su evaluación” y recalcó que “no soy ni he sido amiga íntima de esa persona, sin perjuicio de que suelo usar los términos ‘amigo’ o ‘amiga’ con colegas en sentido coloquial y afectuoso” (revise aquí la respuesta completa).

La ingeniera que actuó como delegada del servicio, explicó: “En el contexto de la instalación de la agencia, con una dotación de 32 personas, las posibilidades de designar como representante del servicio a una persona que no tuviera ningún grado de conocimiento previo de los postulantes del servicio a los concursos respectivos, eran prácticamente nula”. La profesional descartó un eventual conflicto de interés: “Lo anterior no configura en ningún caso, por ese solo hecho, la concurrencia de alguna causal de abstención o potencial ‘conflicto de interés’ por parte del representante del servicio”.