El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados su análisis sobre el Plan de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo está tramitando en el Congreso. En la ocasión, tras valorar que promueva el crecimiento, alertó que la iniciativa tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031, “incluso incorporando el efecto de crecimiento y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”, según indicó el organismo autónomo.

El organismo especificó nueve riesgos directos del proyecto, entre los que se cuentan la rebaja al impuesto corporativo, el crédito tributario al empleo y la exención al IVA a viviendas nuevas, entre otros, los que generarían un déficit de hasta un 0,71% del PIB en el 2030, de no cumplirse las metas de crecimiento incorporadas al informe financiero.

También, el CFA hizo propuestas de mejora, como evaluar medidas de mitigación, ajustes en la gradualidad de aplicación de las medidas, aplazamientos e incluso condicionalidad, entre otras, con especial atención en las de mayor impacto fiscal.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras conocer del informe fue escueto: “Lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”.

Paula Benavides, presidente del CFA (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

La Tesorería General de la República (TGR) ha recaudado $34.320 millones de las deudas por Crédito con Aval del Estado (CAE) en lo que va del año, un 295% más que en el mismo período del año pasado. Según constató Emol, en el 2025 se recaudaron solo $8.681 millones en el primer cuatrimestre.

El gran salto se produjo en abril de este año, luego del anuncio del gobierno de que se intensificaría el cobro a los deudores, especialmente a quienes tienen más de $5 millones de ingresos mensuales. En este mes se establecieron 11.109 convenios, contra 1.324 del 2025. La TGR informó que del monto total $5.712 millones se obtuvieron en la Operación Renta y otros $1.500 millones por embargos y retenciones de bienes. Sin embargo, hasta la fecha, todavía hay 554 mil personas con deudas CAE, las que deben un total de $4 billones.

El organismo anunció que flexibilizará las condiciones del pago de las deudas, facilitando el acceso a “convenios de pago ajustados a la realidad económica de cada contribuyente”, señaló la TGR. Así, cada persona podrá pagar según su realidad económica. Por ejemplo, quienes perciben sueldos de $1 millón, podrán realizar un convenio y así abonar 1 UTM ($70.588 al mes de mayo), además de pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

(Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que finalmente implementará los recortes que instruyó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ordenó rebajas de hasta el 15% en algunos programas de esa y otras secretarías de Estado. Desde la Región del Biobío, Poduje señaló que “eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”.

Poduje había declarado el jueves pasado que su único jefe era el Presidente José Antonio Kast, siendo Quiroz “un ministro más” y que no estaba dispuesto a recortar programas como el de Pavimentos Participativos. La posición del jefe del Minvu tensionó a La Moneda y Kast tuvo que bajar la tensión indicando que “nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”.

Esta es la segunda vez, en los últimos días, que Poduje ha tenido que dar marcha atrás. La semana pasada tuvo un conflicto con el senador Alfonso de Urresti (PS) a raíz de la Ley de Humedales y la construcción de viviendas en Valdivia. Ese desencuentro provocó un cruce con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien criticó el actuar del ministro en medio de la negociación del Plan de Reconstrucción Nacional que el gobierno intenta conseguir. Poduje ofreció disculpas a De Urresti.

Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, hoy en la Región del Biobío (Créditos: Rodrigo Fuica / Uno Noticias)

Por unanimidad, la Cámara de Diputados este martes aprobó el proyecto de ley que prohíbe que personas condenadas por delitos de violencia intrafamiliar (VIF), femicidio u otros delitos graves –como homicidios o lesiones–, accedan a las pensiones de sobrevivencia de sus víctimas.

El texto del proyecto de ley indica que los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal deberán declarar en “la sentencia condenatoria la existencia del vínculo de parentesco con la víctima y que la condena recae sobre los delitos correspondientes”. A la par, deberán informar a la Superintendencia de Pensiones, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y compañías de seguros de vida para evitar la entrega de los beneficios a los agresores.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo que lo más importante es que la iniciativa viene a “asegurar que ninguna persona condenada por delitos graves, como femicidios, pueda beneficiarse económicamente de su víctima”.

(Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)