En esta columna su autor analiza las primeras semanas del actual gobierno desde la importancia que le han dado a la educación, concluyendo que no se le ha dado prioridad. Sostiene que «en este mundo en crisis, cuyo orden se ha trastocado brutalmente, dando cuenta de la fragilidad de nosotros, los países pequeños y de nuestros ciudadanos vulnerables, necesitamos de una política educacional empoderada, con sólidos fundamentos y propuestas de herramientas claras acerca de lo que requieren nuestros estudiantes para el presente/futuro, que trascienda lo puntual, supere las ideologismos mezquinos como aquellos que buscan suprimir el Sistema de Admisión Escolar, desoyendo sus resultados y la experiencia internacional».

Imagen de portada: Agencia Uno

Las primeras siete semanas de gestión del actual gobierno ratifican una máxima de la política en estas décadas, a saber: la forma como se enfrentan y resuelven las situaciones imprevistas da cuenta de la capacidad efectiva de dar gobernabilidad a un país. 

Aunque este lapso de tiempo, por cierto, es insuficiente para marcar una tendencia final en una materia tan compleja, lo experimentado trasunta hasta hoy una feble capacidad de gobernanza del Ejecutivo, basándonos en que las nuevas autoridades, en los meses previos a asumir sus cargos, coparon la agenda pública insistiendo en la eventual ineficiencia e inoperancia del gobierno saliente, sosteniendo un discurso que remarcaba la capacidad que demostraría el nuevo gobierno para afrontar esas tareas.

No obstante, pareciera que tanto las expectativas sembradas en la campaña presidencial, como las intervenciones de los equipos ministeriales en sus cargos, dieron pronta cuenta de un “baño de realidad” para el Gobierno y los ciudadanos. Para el primero evidenció –al menos- su inexperiencia en diseño e implementación de iniciativas de políticas públicas vinculadas al bienestar de las grandes mayorías. En tanto, para buena parte de los ciudadanos hizo sentir que las prioridades de la gestión responden esencialmente a “las barras bravas políticas y económicas que sustentan ideológicamente a la ultraderecha chilena” donde no tienen cabida –como se ha podido ver en este tiempo- la mayor parte de los intereses y necesidades de los ciudadanos “a pie”.

La gestión política se le entiende como la capacidad de traducir, según las circunstancias y el contexto, los ideales y principios que guían su actuar a la realidad. En esta simple ecuación pareciera que buena parte de la ciudadanía –al tenor de estudios de opinión al respecto- ha perdido la confianza en la capacidad del equipo de gobierno para comprender cabalmente los principales problemas que aquejan a cada sector y, en razón de ello, implementar soluciones pertinentes y adecuadas poniendo a la mayoría de la población como el centro de atención.

Durante la reciente campaña presidencial, las prioridades de Kast estuvieron en los temas de seguridad, migración y reactivación económica. Es claro que educación no estaba ni está en la primera línea de su atención. Este mes y medio de gestión, más allá de la urgencia por atender las lamentables consecuencias de la violencia acaecidas en algunos establecimientos escolares, no ha habido públicamente mucho más de orientaciones reales para el sector que vengan de las autoridades respectivas. Entonces, al volver sobre el programa de Gobierno de Kast, hallamos algunas iniciativas aisladas, evidenciando la ausencia de un marco significativo de política educacional propiamente tal.

La política educacional es un conjunto articulado y coherente de principios y orientaciones que guían el actuar de la política pública gubernamental, para encauzar su hacer y direccionar sus acciones, asumiendo un rol clarificador, incluyendo además aquellas situaciones no previstas como la clave operacional de una política. 

Entonces, no debería extrañarnos lo acontecido en educación en estos 45 días. Fiel a sus principios ideológicos, para la ultraderecha lo intransable es la economía de las empresas (basta ver todo lo relacionado con la llamada ley miscelánea o de reconstrucción). En consecuencia, la educación pública y la de las grandes mayorías es algo de tercer orden de preferencia para el gobierno. Es más, de no haber ocurrido estos recientes hechos de violencia en espacios escolares, posiblemente la educación estaría en la intrascendencia total desde la agenda pública.

Se ha hablado y escrito mucho en estos días sobre la violencia en espacios escolares, destacando que es un tema importante, con algunas dimensiones urgentes, el cual siguiendo a expertas y expertos, es muy complejo de resolver pues las variables que inciden en sus causas están prácticamente fuera de la escuela, como también lo está su solución. No obstante, no hay que confundir la violencia con la convivencia. Al respecto debiese prevalecer la convicción de que la escuela es un espacio privilegiado para construir y fortalecer virtudes cívicas y el aprendizaje de vida en comunidad. Teniendo claro que el proyecto en trámite en el Parlamento (“Escuelas Protegidas”) es una respuesta puntual, esencialmente con medidas punitivas, más que dar una solución de fondo, toda vez que además no contempla recursos financieros relevantes para algunas acciones que sí lo requieren para ser efectivas.

El tema de fondo es que muchas de estas soluciones pasan por asignar a los docentes más tareas que les distraen de su rol esencial, el aprendizaje de sus estudiantes. Como sabemos, mientras menos recursos posee la escuela, el docente es un factor que hace la diferencia positiva, pero al seguir asignándole más tareas, porque no se contemplan recursos para contratar asistentes en funciones de seguridad, se desprotege a los estudiantes de un tiempo de calidad en su enseñanza, es decir “se viste un santo y se desviste otro”.

En este mundo en crisis, cuyo orden se ha trastocado brutalmente, dando cuenta de la fragilidad de nosotros, los países pequeños y de nuestros ciudadanos vulnerables, necesitamos de una política educacional empoderada, con sólidos fundamentos y propuestas de herramientas claras acerca de lo que requieren nuestros estudiantes para el presente/futuro, que trascienda lo puntual, supere las ideologismos mezquinos como aquellos que buscan suprimir el Sistema de Admisión Escolar, desoyendo sus resultados y la experiencia internacional. Como también, desnudando las ideas subrepticias de privatizar lo que queda de la educación pública, asfixiando económicamente a los Sistemas Locales de Educación, y mostrando como camino de salida alternativo a la educación municipal, cuando ésta arrastra 45 años de fracasos -salvo algunos casos aislados- desde todas las perspectivas y con evidencia irrefutable de ello.

En este sentido, es fundamental abordar las brechas persistentes en los resultados educativos y los aprendizajes de los estudiantes más vulnerables, las desigualdades crecientes  en las trayectorias educativas, y las presiones de los gobiernos por obtener resultados con recursos limitados y en entornos que evolucionan rápidamente en el contexto actual de crisis mundial de la educación. 

Pareciera que no tenemos aún desde la política pública acciones deliberadas como un todo comprensivo de iniciativas articuladas, coherentes y relevantes en el contexto de cambios, indefiniciones y amenazas de un mundo que requiere de la educación certezas y orientaciones relevantes, para dotar nuestros ciudadanos de las capacidades para enfrentar exitosamente estas situaciones. Allí es donde la política educacional tiene pleno sentido y por mientras vemos una orfandad muy alta al respecto.