Señor Director:

“La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. La frase del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no es solo provocadora: es conceptualmente peligrosa. 

No porque el empleo no importe. Importa, y mucho. El problema es reducir el contrato social completo a una sola variable, como si el resto fuera prescindible. 

Plantear que el empleo puede, por sí solo, sustituir el conjunto de políticas sociales implica desconocer la complejidad del desarrollo económico y social. No todo empleo genera bienestar. Cuando el trabajo carece de condiciones mínimas, puede incluso profundizar desigualdades, consolidando trayectorias de precariedad en lugar de superarlas. El empleo, sin derechos, sin protección y sin posibilidades de desarrollo, difícilmente puede sostener una promesa de estabilidad. 

Lo más preocupante no es solo la declaración, sino la secuencia de decisiones que la acompañan. En el marco de la denominada Ley de Reconstrucción, se ha impulsado la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE, un instrumento que durante décadas ha permitido financiar procesos de capacitación laboral en el país. Más allá de sus limitaciones ,que las tiene y son discutibles, su existencia ha sido parte de una arquitectura que vincula formación, empleabilidad y productividad. 

Eliminar este mecanismo sin un reemplazo claro no es una decisión neutra. Supone debilitar uno de los pocos puentes existentes entre capacitación y acceso al empleo, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de entrada al mercado laboral. La discusión sobre sus falencias técnicas no puede ocultar el problema de fondo, ya que prescindir de una herramienta sin una alternativa equivalente no corrige el sistema, lo deja incompleto. 

El impacto de esta decisión se vuelve aún más evidente cuando se observa en conjunto con otras señales. La reducción y descontinuación de programas sociales de capacitación refuerza una tendencia que resulta difícil de conciliar con el discurso del pleno empleo. Se instala la idea de que el trabajo es la principal política social, pero simultáneamente se debilitan los instrumentos que permiten a las personas acceder y sostenerse en ese mismo mercado laboral. 

Aquí aparece una contradicción que no es ideológica, sino estructural. El empleo no surge en el vacío. Requiere habilidades, formación y oportunidades de desarrollo. Sin inversión en capital humano, el mercado laboral no corrige desigualdades, las reproduce. 

En este contexto, el rol del Ministerio de Hacienda adquiere especial relevancia. No se trata únicamente de administrar recursos o mejorar la recaudación fiscal, sino de resguardar las condiciones que permitan un crecimiento económico sostenible. Y ese crecimiento depende, en gran medida, de la calidad del empleo y del nivel de preparación de la fuerza laboral. 

Reducir la política social al empleo, mientras se debilitan los mecanismos de capacitación, no es una simplificación técnica. Es una señal que tensiona la coherencia entre diagnóstico y acción. Porque, en el fondo, el debate no es si la franquicia tributaria es perfecta, por que

no lo es, sino, si un país está dispuesto a renunciar a herramientas de formación laboral sin tener un reemplazo claro, mientras declara que el empleo es su prioridad. Porque si el empleo es la meta, la capacitación no es un lujo, es la condición mínima.