Los autores de esta columna comentan el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, el cual, según opinan, es una «nueva barrera» par la integración de los migrantes. Señalan que «Chile puede y debe tener una política migratoria ordenada e inclusiva. El orden no se construye invisibilizando a quienes ya están aquí, negando el acceso a la escuela a los hijos de familias atrapadas en trámites interminables, ni creando paradojas institucionales que aseguran que quien más necesita ayuda sea exactamente quien menos puede acceder a ella».

Imagen de portada: Cristóbal Escobar / Agencia Uno

La migración vuelve a tensionar el debate público en Chile, en medio de una contradicción persistente. Durante décadas, Chile ha ofrecido a las personas migrantes una promesa clara: con trabajo y esfuerzo, es posible prosperar. Sin embargo, esa expectativa choca con una realidad marcada por trabas burocráticas, extensos tiempos de espera y procesos de regularización complejos que mantienen a miles de personas migrantes sin poder avanzar. En este contexto, el proyecto que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería no aparece como una solución, sino como una nueva barrera que podría profundizar estas dificultades, limitando además el potencial aporte social, económico y cultural de la migración al país.

La propuesta de modificación de la ley conlleva tres ejes de restricción de beneficios fiscales. Primero, autoriza priorizar la atención médica y la cobertura educativa a favor de nacionales por sobre extranjeros en situación migratoria irregular. Segundo, exige cédula de identidad vigente y residencia definitiva para acceder a beneficios sociales. Tercero, impide que personas sin esos documentos se inscriban en el Registro Social de Hogares.

Aun cuando estas modificaciones parecen tener una lógica que apunta al objetivo de “ordenar la casa”, el citado proyecto de ley se funda en múltiples principios erróneos; para empezar, se basa en el supuesto de una intención deliberada detrás de la falta de documentación migratoria. Lo erróneo de este supuesto es que, en la gran mayoría de los casos, quienes no han regularizado su situación migratoria no lo han hecho porque se han encontrado con barreras estructurales que se lo impiden. Organismos como la OCDE y la CEPAL por años han documentado que la irregularidad no es una decisión individual de la persona migrante, sino el resultado de sistemas de regulación sobrecargados, burocráticos y llenos de obstáculos. Este proyecto responde a esa realidad añadiendo más barreras a la integración social.

Adicionalmente, el proyecto deja entrever una idea preocupante: que las personas migrantes representan una “carga para el país”. Sin embargo, la evidencia —tanto nacional como internacional— muestra lo contrario. La migración dinamiza la economía, favorece el recambio laboral y aporta en ámbitos como la innovación y el emprendimiento. Además, su contribución a las arcas fiscales supera lo que recibe en beneficios sociales. Un reciente estudio del Banco Mundial lo ilustra con claridad: mientras los nacionales aportan 1,01 pesos en impuestos por cada peso que reciben en beneficios, las personas migrantes aportan 1,61.

La irregularidad, en cambio, sí reduce esa contribución. No es la presencia de personas extranjeras lo que tensiona los recursos, sino el limbo administrativo que el propio Estado tarda en resolver. Otra imprecisión del proyecto consiste en asumir que agudizar la adversidad a la que se enfrentan las personas con situación migratoria irregular propenderá a un éxodo voluntario de este grupo y permitirá “ordenar la casa”. La evidencia de otros países con mayor historia de migración sobre la aplicación de este tipo de medidas muestra que el efecto más contundente es el aumento de la segregación social y de las condiciones de precariedad social, laboral y económica de este grupo. Es esta misma situación, justamente, la que alimenta los mercados laborales informales y la trata de personas, que nuestro país se ha comprometido a combatir.

Finalmente, un elemento clave no abordado es la forma en la que estas medidas impactarían el acceso a salud y educación de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en situación migratoria irregular. Un primer elemento a considerar en este contexto es que las personas menores de edad tienen derecho a regularizar su estatus migratorio, independientemente de la situación migratoria de sus tutores o de la forma de ingreso al país. Por cuanto la presencia de 70.195 NNA en situación migratoria irregular (según datos de la Defensoría de la Niñez) evidencia la ineficiencia del Estado chileno para cumplir con los mandatos establecidos en convenciones internacionales de protección de la infancia. 

En el ámbito escolar, las consecuencias son aún más concretas. En 2024, según datos del MINEDUC, la tasa de incidencia de deserción entre estudiantes migrantes fue del 11%, dramáticamente superior a la de sus pares nacidos en Chile (1,5%). Son precisamente los programas estatales enfocados en fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes que sufren un mayor grado de marginalización (como la Ley SEP) los que excluyen de sus beneficios a estudiantes migrantes en situación migratoria irregular debido a su invisibilidad en el Registro Social de Hogares. Desde cualquier perspectiva de derechos, o simplemente desde el sentido común de la política pública, eso no es eficiencia: es un retroceso.

Excluir a personas en situación migratoria irregular de ese registro no elimina su vulnerabilidad, sólo la esconde. Un Estado que no ve a una parte de su población no puede gobernar con eficacia. En la práctica, menos apoyo, se traduce en menos escolarización, implica una menor productividad futura, menor contribución fiscal y mayor presión sobre el gasto público. El proyecto, que pretende ahorrar hoy, por el contrario, aumentará los costos estructurales para el mañana.

Chile puede y debe tener una política migratoria ordenada e inclusiva. El orden no se construye invisibilizando a quienes ya están aquí, negando el acceso a la escuela a los hijos de familias atrapadas en trámites interminables, ni creando paradojas institucionales que aseguran que quien más necesita ayuda sea exactamente quien menos puede acceder a ella. Ese no es un modelo de gestión eficiente. Es, sencillamente, un modelo diseñado para excluir.