El autor de esta columna entra en el detalle del polémico oficio 16 de la Dipres y concluye que “no fue una reflexión teórica sobre la eficiencia del Estado, sino una instrucción formal de formulación”. Y concluye que “el problema de Jorge Quiroz no es solo ideológico, aunque también lo sea, si no que su oficio reveló una comprensión precaria de algo que en Hacienda debería ser sagrado: que el Estado no administra clientes, administra deberes. No opera con consumidores, opera con ciudadanos, y no puede permitirse el lujo de descontinuar la realidad”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

No fue un desliz semántico y me cuesta tragar dicha justificación de Dipres respecto a los oficios circulares enviados. En resumen, no fue sólo un problema de comunicación. Y, sobre todo, no fue una inocente torpeza burocrática o de pronto, una comunicación viralizada malintencionada. El Oficio Circular N° 16, despachado por el Ministerio de Hacienda el 21 de abril de 2026, invocó expresamente el artículo 67 de la Constitución y los artículos 13 y 15 del decreto ley N° 1.263 para instruir la formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y del Programa Financiero 2028-2031.

Eso importa porque un oficio de esta naturaleza no es una entrevista, ni una cuña, ni una columna de opinión ministerial de Quiroz, es el instrumento mediante el cual Hacienda fija las reglas del proceso presupuestario para todos los ministerios. El texto ordena elaborar una propuesta a cinco años, definir una línea base de gastos comprometidos legales, construir una propuesta complementaria y ajustarse a un límite máximo de gasto consistente con el presupuesto 2026 menos los ajustes fiscales ya aplicados.

Dicho de otra manera: el oficio no fue una reflexión teórica sobre la eficiencia del Estado, sino una instrucción formal de formulación. El propio documento señala que la línea base debe incorporar “los resultados del seguimiento y evaluación de programas” y agrega, de manera explícita, “reducir y eliminar cuando corresponda”. Es más bien, una indicación ideológica de cómo debería operar el Estado.

Por eso resulta tan impropio que, una vez desatada la polémica, el debate público se haya intentado desplazar hacia una disputa lingüística sobre la palabra “descontinuar”. Cuando una autoridad presupuestaria usa esa expresión dentro de un anexo programático, con plazos, plataforma de carga, restricciones financieras y efectos esperados en el anteproyecto, no está haciendo «literatura», está comunicando qué programas no deben seguir presentándose como continuidad presupuestaria ordinaria. 

Y allí aparece el verdadero problema político. El Ministerio pareció no calibrar el efecto de lo que estaba enviando, sino que además transmitió la impresión de no comprender del todo el peso institucional de su propia firma y los demás directores de servicio. Porque si el oficio obliga a los ministerios a priorizar obligaciones legales, contractuales y línea base, y simultáneamente marca programas emblemáticos como “descontinuar”, lo que hace no es abrir una conversación abstracta sobre mejora de gestión: fuerza una colisión entre la lógica del recorte y la lógica de la responsabilidad pública.Tan abstracta es la discusión, que existen programas como el de «Servicio País» que ejecuta la Fundación para la Superación de la Pobreza que aparecen con recomendación de «ajuste presupuestario» sin ninguna comunicación previa o evaluación negativa. 

En educación, esa colisión se vuelve aún más aguda. El anexo del Ministerio de Educación identifica 15 programas como “descontinuar”, entre ellos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el PACE, el Programa Nacional de Lectura, Reinserción Escolar y, sobre todo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB. En ese mismo anexo, el gasto ejecutado en 2025 para el Programa de Alimentación Escolar aparece consignado en 1.061.028.664 miles de pesos de 2026, es decir, más de un billón de pesos. ¿En qué se traduce aquello? en más de 2 millones de niños y niñas alimentados diariamente.

Ese dato, por sí solo, vuelve insostenible cualquier intento de relativizar el asunto. No se trataba de un programa marginal, de baja visibilidad o de pilotaje. Se trataba de uno de los dispositivos más reconocibles del Estado social chileno, uno que durante décadas ha encarnado algo elemental: que la escuela no solo enseña, también sostiene.

Esquivando la pregunta técnica y centrándonos en la cuestión política del asunto: ¿qué clase de comprensión del Estado tiene un ministro de Hacienda que autoriza un documento donde la alimentación escolar aparece bajo la categoría de “descontinuar” mientras la discusión pública insiste en priorizar trayectorias educativas, primera infancia y revinculación? ¿Qué idea de administración pública hay detrás de una autoridad o ministerio que parece leer el presupuesto como si fuera una cartera de productos, donde basta cerrar líneas deficitarias para que el sistema siga funcionando, o en la lógica del ministro, «creciendo»?

Ese es el punto ciego de una parte de la élite empresarial chilena, suponer que el Estado opera como una empresa, cuando precisamente su razón de ser comienza allí donde la racionalidad empresarial se vuelve insuficiente. Una empresa puede abandonar mercados, porque su finalidad es ser rentable. El Estado, en cambio, administra obligaciones, continuidades, derechos, inercias institucionales y, sobre todo, vidas concretas. El ministro participó de las charlas iniciales de la Contraloría, ya lo debería saber.

Por eso no basta con refugiarse en la defensa fácil de que el oficio solo era “una recomendación”. Si fuera apenas una sugerencia, no estaría inserto en un procedimiento reglado, con cronograma, con exigencia de consolidación ministerial, con revisión de línea base y con un mandato de responsabilidad financiera a largo plazo. A pesar de que después se haya querido suavizar el término, el problema real es que el documento, leído como corresponde leer un acto de formulación presupuestaria, sí producía un efecto real sobre cómo debían presentarse y justificarse los programas ante Hacienda. Las opiniones cruzadas tanto del ministerio como otras figuras del gobierno, suena a una liviandad brutal de lo que implican dichos cambios, una ligereza propia de alguien que no tiene intenciones amplias de discernir, discutir o acercar puntos, sino que su intención es instalar una agenda económica que le haga sentido al sector que representa.

Y eso vuelve todavía más delicada la posición del ministro Quiroz. Porque aquí no estamos ante una diferencia legítima sobre el tamaño deseable del Estado, discusión que siempre puede darse. Estamos ante algo más básico: la necesidad de que quien conduce la billetera fiscal entienda cómo funciona el aparato público que está ordenando.

Un ministro de Hacienda no necesita ser pedagogo, salubrista o experto en protección social. Desde el primer periodo de Sebastián Piñera que se ha ido perfilando la necesidad de tener personas expertas en carteras técnicas más que figuras políticas, pero sí necesita algo indispensable: saber que, en el Estado, las palabras no flotan. Una palabra mal puesta en un oficio puede alterar decisiones institucionales, tensionar cadenas administrativas enteras y mandar señales profundamente irresponsables a servicios que sí conocen el terreno donde operan, y que claramente, el ministerio desconoció.

Ese contraste explica buena parte de la confusión de estos días. Mientras desde los equipos sectoriales se percibe el peso concreto de cada glosa, cada subasignación y cada continuidad operativa, desde la cúspide política pareció imponerse una mirada demasiado limpia, demasiado abstracta, demasiado convencida de que gobernar consiste en trazar una línea roja sobre una planilla. Pero el presupuesto público es mucho más que un Excel elegante, es la traducción financiera de prioridades, obligaciones y conflictos que afectan la vida diaria de millones de personas, y que esta desconexión sólo acarrea confusiones gratuitas a lo que podría ser una discusión absolutamente sana sobre cómo abordar el plan de crecimiento del ministro Quiroz.

Por eso la polémica no se agota en si el PAE, el PACE o la reinserción escolar finalmente seguirán existiendo bajo otro nombre. La pregunta de fondo es otra: ¿puede conducir con solvencia el presupuesto del Estado alguien que, al parecer, no distingue con suficiente claridad entre una herramienta de ajuste y una amenaza institucional? Porque en el sector privado un error conceptual puede costar utilidades. En el Estado, en cambio, puede costar confianza, credibilidad, continuidad y protección. Y esa es, quizá, la conclusión más incómoda para el ministro. El problema de Jorge Quiroz no es solo ideológico, aunque también lo sea, si no que su oficio reveló una comprensión precaria de algo que en Hacienda debería ser sagrado: que el Estado no administra clientes, administra deberes. No opera con consumidores, opera con ciudadanos, y no puede permitirse el lujo de descontinuar la realidad.