Señor director, 

Es triste ver cómo la Plaza de la Ciudadanía se llenó de un símbolo internacional contra el maltrato infantil, los remolinos azules, cuando es el mismo Estado el que termina vulnerando a niños nacidos en Chile. En particular, a aquellos cuyos padres están en calidad de turistas, aunque hayan iniciado aquí su proyecto de vida, o se encuentran en situación migratoria irregular. Así lo establece la circular N°014 del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 13 de abril de 2026. 

Esta decisión implica un retroceso de al menos una década en los avances del país en prevención de la apatridia. Además de sus problemas jurídicos: errores de coherencia, fundamentos discutibles y referencias imprecisas; la circular parece invertir principios básicos, privilegiando interpretaciones restrictivas y desatendiendo el interés superior del niño. Incluso tensiona normas vigentes, como la Ley de Migraciones (promovida por el mismo sector político que hoy gobierna) y la Ley de Protección Integral de la Niñez, abriendo flancos de responsabilidad internacional para el Estado. 

Pero más allá de sus deficiencias técnicas, hay un elemento que sintetiza el problema: la crueldad. Crueldad al desproteger y discriminar arbitrariamente a un grupo de niños solo por la nacionalidad de sus padres; crueldad al tirar por la borda el trabajo de cientos de personas en la erradicación de la apatridia en Chile; crueldad al pretender privarles de un derecho humano, básico y fundamental como es adquirir la nacionalidad del lugar donde se nace, especialmente en un contexto global marcado por la migración forzada; crueldad por promover discursos de protección a las infancias pero solo para las «elegidas» o propias. En fin, crueldad por promover remolinos azules que giran solo para algunos, mientras los otros se quedan mirando.