Cuando Guerra investigaba a Rodolfo Carter, una colaboradora del entonces fiscal —la periodista Ariella Orrego— pasó a ser contratada por la Municipalidad de La Florida. En esos días, la municipalidad era dirigida por Carter. CIPER accedió a diligencias en las que consta que Orrego transfirió un total de $2 millones a Guerra mientras trabajaba con Carter. Además, le hizo otros tres depósitos, por un total de $1,8 millones, cuando ya había dejado la municipalidad. Para este reportaje, Ariella Orrego señaló que las cinco transferencias corresponden al pago de un préstamo que le hizo Guerra. El exfiscal, finalmente, también fue contratado por Carter en La Florida. Esa relación hoy es investigada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, causa en la que Guerra está en prisión preventiva. En esta indagatoria hay registros telefónicos que demuestran que, una vez que dejó el Ministerio Público, Guerra tomó contacto con Carter y con los fiscales que concretaron el cierre de la causa que afectaba al entonces alcalde.

El senador Manuel José Ossandón pidió al Ministerio Público indagar la relación entre el exfiscal Manuel Guerra y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, actual senador. Según señaló Ossandón en su declaración prestada ante el fiscal que investiga a Guerra, Mario Carrera, el exedil era imputado en una causa que llevaba la fiscalía regional que entonces dirigía Guerra y que involucra $20 mil millones en déficit. Esa indagatoria “quedó en nada”, dijo Ossandón, y agregó que “después Guerra y otras personas de su círculo fueron contratadas en la Municipalidad de La Florida”.

En su testimonio Ossandón apuntó a que la periodista Ariella Orrego, excompañera de universidad de Guerra y su amiga cercana, después de trabajar con él como asesora en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente pasó a ser colaboradora de Carter. Un cambio de empleo que se ejecutó cuando la fiscalía regional que dirigía Guerra todavía investigaba al entonces alcalde. Y, según antecedentes que figuran en la investigación que lleva adelante el fiscal Carrera —a los que CIPER tuvo acceso—, la periodista realizó transferencias de dinero a Guerra cuando ella ya cumplía funciones en La Florida. 

El primer traspaso se realizó el 12 de agosto de 2020 por un monto de $250 mil, cinco meses después de que ella dejó el Ministerio Público. El segundo depósito fue de $1.750.000 y se efectuó un año y medio después, el 9 de febrero de 2022. Orrego prestó servicios en la Municipalidad de La Florida hasta abril de 2022 y tras abandonar ese mismo año el cargo, realizó otros tres depósitos para Guerra: uno en agosto por $500 mil y dos entre noviembre y diciembre por $650 mil cada uno. En total, las transferencias sumaron $3,8 millones.  

Entre las diligencias que hasta ahora ha realizado la fiscalía sobre la relación de Guerra con La Florida, figura el análisis de tráfico de llamadas del exfiscal y su georreferenciación telefónica.  Según esos registros, poco después de haber dejado el Ministerio Público y mientras todavía se investigaba a Carter en esa fiscalía, Guerra se comunicó con el entonces edil: el 2 de septiembre de 2021 sostuvo tres llamadas con Carter. Esto ocurrió cuando el tribunal ya había fijado audiencia para discutir la Decisión de No Perseverar que el fiscal Carlos Ramírez —cercano a Guerra— había ingresado el 9 de agosto de ese mismo año, acción judicial que buscaba cerrar la investigación.    

Tras salir de la fiscalía, Guerra también tomó contacto con los dos fiscales que siguieron a cargo del caso en La Florida: Carlos Ramírez y Felipe Díaz.     

CIPER tomó contacto con el ahora senador republicano, Rodolfo Carter para conocer la razón detrás de sus contactos con Guerra en esa etapa de la investigación en su contra. Sin embargo, no estuvo disponible para aclararlo. El 2 de abril pasado, el exedil ya había indicado a CIPER que, en 2018, cuando esta causa estaba comenzando y la PDI había ido a la municipalidad a realizar diligencias, se reunió con el entonces fiscal regional para reclamarle por la llegada de policías —junto con prensa— a la municipalidad. Las huellas de esa reunión quedaron en los intercambios vía WhatsApp entre Guerra y Luis Hermosilla del 3 de abril de ese año, cuando el entonces fiscal le dijo al penalista que iba a recibir al edil: “Yo lo recibiré hoy en la fiscalía en forma discreta como él mismo lo pidió”. 

Al ser contactada, la abogada de Guerra, Alejandra Navarro, tampoco quiso responder consultas. El fiscal Felipe Díaz, en tanto, tras ser consultado por sus llamadas con Guerra, aseguró que no habló con el exfiscal regional sobre esta causa y sobre ninguna donde no tuviera patrocinio. Y que el procedimiento lo obliga a fijar y registrar cualquier contacto con los víctimas y querellantes en cualquier causa.

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, junto al exfiscal Manuel Guerra. 13 de noviembre de 2023 (Créditos: Flickr Municipalidad de La Florida).

LA LLEGADA DE ORREGO A LA FLORIDA

Ariella Orrego Olivares es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad La República, de donde egresó en 1999. Manuel Guerra también estudió ahí, titulándose como abogado ese mismo año. Orrego señaló a CIPER que ambos mantienen una cercanía desde la época universitaria y que fue precisamente él quien la llevó a trabajar a la Fiscalía Oriente.

La periodista ingresó a trabajar a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en mayo de 2019 para realizar un reemplazo, el cual se extendió hasta marzo de 2020. Según su perfil profesional, una de las tareas que debía desempeñar era asesorar directamente al fiscal regional Manuel Guerra. Dos meses después, tras dejar el Ministerio Público, se incorporó a la Municipalidad de La Florida para cumplir funciones comunicacionales bajo la modalidad de honorarios.

La exadministradora municipal y entonces mano derecha del exalcalde Carter, Jannet Fernández, recordó la llegada de Orrego a La Florida en su declaración ante la fiscalía por el caso Guerra: “El alcalde me señala que contrate a una periodista, y en el CV señalaba que había trabajado con el fiscal Guerra, ella es de nombre Ariella y ella era encargada de comunicaciones y prensa de la Fiscalía Oriente. No había una necesidad imperiosa de contratación de una periodista, pero no puse mayor reparo”.

En el marco de la misma investigación en la cual Jannet Fernández prestó declaración, también compareció el senador Manuel José Ossandón, quien solicitó formalmente que se indague el vínculo entre el exalcalde Carter y Guerra. “Debe investigarse la relación entre el alcalde Carter y este señor Guerra, pues había una causa por más de $20 mil millones que se investigó por el señor Guerra, y que quedó en nada. Lo extraño de esa situación es que después, Guerra y otras personas de su círculo fueron contratadas en la Municipalidad de La Florida, entre ellas una mujer que creo que se llama Ariella Orrego”.

Orrego se incorporó a la Municipalidad de La Florida bajo la modalidad de honorarios con una remuneración bruta de $1.666.666, destinada a labores de protocolo y asesoría comunicacional. Sin embargo, en seis meses, pasó a formar parte del personal a contrata, en grado 7, lo que elevó su base salarial a $2.935.937 brutos. Este ascenso no solo implicó un aumento en su sueldo fijo, sino que también le permitió acceder a bonos y al cobro de horas extraordinarias, alcanzando remuneraciones de hasta $3.575.648.

Mientras Ariella Orrego se desempeñó en la Municipalidad de La Florida, la Fiscalía Oriente —liderada hasta julio de 2021 por Manuel Guerra— mantenía vigente la investigación iniciada en 2018 por presunta malversación de caudales públicos, fraude al fisco y apropiación de cotizaciones previsionales, en la cual el exalcalde Carter figuraba como imputado.

Durante el transcurso de la investigación, Orrego no solo transfirió a Guerra $2 millones en dos pagos —uno por $250 mil y otro por $1 millón 750 mil—, sino que también mantuvo con su exjefe un contacto telefónico permanente. El registro del tráfico de llamadas del exfiscal reveló 11 comunicaciones entre ambos, entre octubre de 2021 y noviembre de 2022, destacando una conversación que se extendió por 26 minutos el 9 de diciembre de 2021. Ese día, los querellantes activaron una ofensiva penal para que la causa siguiera abierta, la que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que les dio la razón en enero de 2022. 

Manuel Guerra (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

GUERRA Y LOS FISCALES DEL CASO

Según la declaración que Manuel Guerra prestó en la causa, su vínculo con el fiscal Carlos Ramírez —quien llevó directamente el caso de La Florida— se inició antes de su llegada a la Fiscalía Metropolitana Oriente en 2017. “Cuando asumí, me pidió la posibilidad de trasladarse… No me opuse, pues lo conocía y tenía buenas referencias de él», declaró Guerra, añadiendo que nombró a Ramírez para hacerse cargo de las causas más relevantes, tras la salida de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes renunciaron cuando Guerra otorgó una salida sin condena, en el caso Penta, al senador Iván Moreira (UDI). 

Ramírez, quien ya no forma parte de la fiscalía, también declaró en la causa: “Conocí a Manuel Guerra en Maipú el 2005, él era fiscal jefe. Tuvimos una buena relación laboral. Desde Maipú a la [Fiscalía] Oriente postulé a una permuta y se concretó me parece, pero no estoy seguro el año 2017 aproximadamente. Recuerdo que conversé de esto con Manuel Guerra, pero no recuerdo detalles”. 

Ramírez afirmó, eso sí, que nunca recibió consulta alguna por parte del exfiscal sobre temas de investigación o causas que se encontraran vigentes en aquel entonces.

“La última vez que tomé contacto con él fue el 2022 debido a mi postulación a la academia judicial, donde pedían dos cartas, ambas de las últimas jefaturas, una de las cuales fue firmada por él. Luego de eso, no tuvimos más contacto”, dijo. 

Sin embargo, según los registros de llamadas a los que tuvo acceso CIPER, el 26 de noviembre de 2021, cuando Ramírez todavía tenía a su cargo la causa en La Florida, telefoneó a Manuel Guerra, manteniendo una conversación que se extendió por casi 40 minutos. Ese día, el tribunal había declarado admisible una segunda querella presentada por concejales opositores y remitido los antecedentes al Ministerio Público para que se procediera con las diligencias correspondientes. En los registros hay otra llamada realizada por Ramírez el 14 de marzo de 2022, que coincide con lo que señaló en su declaración.

Ramírez dejó el Ministerio Público en 2021, y lo reemplazó en esta causa el fiscal Felipe Díaz, quien —según fuentes del Ministerio Público— también mantenía una estrecha relación con Manuel Guerra. Este vínculo fue confirmado por la actual fiscal regional, Lorena Parra, quien en declaración señaló: “Se forjó una relación de amistad, nos veíamos y nos juntábamos en nuestras casas junto a otros fiscales como Felipe Díaz y Alejandro Sepúlveda. Con todos ellos nos conocíamos desde nuestro paso por el norte”. 

Díaz también confirmó su vínculo con Guerra y respondió preguntas sobre la causa en La Florida: “La causa en contra del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comenzó el 2018. No estoy seguro con quién se inició la investigación, pero sí recuerdo que el grueso de la tramitación fue desarrollada por el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Ramírez Moreno… Adjunto minuta del exfiscal Carlos Ramírez, la cual detalla la postura del MP [Ministerio Público] para instar a una decisión de no perseverar, la que en resumen se fundaba en que no había peritajes ni pruebas concluyentes que fuesen elemento para imputar cargos concretos, más allá de un desorden contable o desprolijidad en las cuentas”, dijo.

Dicha determinación fue ratificada por la fiscal regional Lorena Parra y posteriormente visada por el 14° Juzgado de Garantía el 6 de mayo de 2022. Pese a la apelación interpuesta por los querellantes, la Corte de Apelaciones de Santiago terminó por confirmar la resolución el 3 de abril de 2023.

El fiscal Felipe Díaz también tomó contacto con Guerra mientras se tramitaba la causa en La Florida en seis oportunidades. Tres ocurrieron el 8 de febrero de 2022, día en que el tribunal fijó la audiencia para discutir el cierre de la tramitación judicial. El otro fue el 31 de enero de 2023 y dos el 17 de mayo de 2023.

Rodolfo Carter junto a Manuel Guerra, 13 de noviembre de 2023 (Créditos: Flickr Municipalidad de La Florida)

FISCAL DE LA GENTE

El tráfico de llamadas del celular de Manuel Guerra arrojó cinco llamadas entre Rodolfo Carter y el exfiscal regional. Las primeras tres comunicaciones se efectuaron mientras la causa en la que el exedil estaba imputado se encontraba abierta, todas del 2 de septiembre de 2021. Los otros tres registros son de noviembre de 2023, periodo en el que Guerra ya había sido contratado como «Fiscal de la gente» en La Florida: uno el día 14 de ese mes y el último el día 25.

Entre las diligencias decretadas respecto de Manuel Guerra, la fiscalía solicitó no solo el acceso a copias de los registros de llamadas sino además el posicionamiento por antenas telefónicas, análisis que abarca tanto el tráfico de voz como las conexiones de datos con sus respectivas georreferenciaciones. En términos sencillos: cualquier actividad realizada con el dispositivo queda registrada en la antena más cercana y, si el GPS del teléfono se encuentra activo y envía información a aplicaciones de clima o de otro tipo, los persecutores también pueden determinar su posición en una fecha y hora determinadas.

El 19 de octubre de 2023, a las 18:45, se inició la sesión del concejo municipal de La Florida en la que Guerra fue designado como «El Fiscal de la gente». Este puesto tenía como propósito prestar servicios jurídicos a la comunidad en casos de delitos violentos y materias de seguridad, además de impulsar estrategias legales para representar a los vecinos de la comuna. En esa sesión, Manuel Guerra estuvo presente (ver documento).

Tras asumir su rol como “Fiscal de la gente” en La Florida, se estipuló un contrato de honorarios con una remuneración mensual de $4.597.701 durante el año 2023 (ver documento), monto que aumentó a $4.637.681 en 2024 en un segundo contrato (ver documento). El acuerdo incluía una cláusula que permitía optar por un adelanto del 50% de la renta bruta en los meses de septiembre y diciembre.

En el primer contrato se estableció que cumpliría sus funciones desde el 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Según el informe mensual que tenía que realizar Guerra, su primera actividad fue el 3 de noviembre: “Redacción de presentación relativa a estructura y funciones de la defensoría de la gente” (ver documento). Dada su calidad jurídica de personal a honorarios, el contrato suscrito no fijaba un horario establecido para el cumplimiento de sus funciones.