Señor Director:

Eliminar la franquicia tributaria del SENCE puede sonar, en tiempos de estrechez fiscal, como una decisión valiente. En realidad, es una forma bastante rudimentaria de resolver un problema más complejo: cómo mejorar la calidad del gasto sin debilitar la capacidad productiva futura del país. 

Porque el diagnóstico, en lo esencial, no está en discusión. El sistema de capacitación chileno tiene fallas evidentes: cursos de baja pertinencia, débil fiscalización en algunos segmentos, y una concentración que favorece a empresas grandes por sobre pymes. Todo eso es cierto. Lo que no se sigue de ese diagnóstico es que la solución sea eliminar el instrumento más importante de financiamiento de formación laboral en Chile. 

La evidencia disponible es incómoda para las simplificaciones. La evaluación de la Dirección de Presupuestos muestra efectos acotados en salarios y empleo, pero también evidencia aumentos significativos en la probabilidad de capacitación cuando el incentivo es mayor. Es decir, la franquicia sí mueve la aguja donde se supone que debe hacerlo: en la decisión de capacitar. 

El problema, entonces, no es la existencia del incentivo, sino su diseño. 

En paralelo, Chile enfrenta un desafío que no admite ingenuidad: la transición hacia una economía intensiva en datos, automatización e inteligencia artificial. En ese contexto, la pregunta relevante no es cómo reducir el gasto en capacitación, sino cómo hacerlo más eficaz, más focalizado y más alineado con las habilidades que el mercado demandará en los próximos años. 

Aquí aparece la paradoja. Mientras la evidencia internacional insiste en ampliar y sofisticar los sistemas de formación continua, Chile discute cómo reducirlos. Mientras países de la OCDE avanzan en credenciales modulares, reconversión tecnológica y formación dual, la conversación local se queda atrapada entre el statu quo y la poda fiscal. 

Sustituir la franquicia por “aprendizaje en el trabajo” es, en ese contexto, más un eslogan que una política pública. El aprendizaje informal existe, pero no reemplaza trayectorias formativas estructuradas, certificables y acumulativas, especialmente cuando se trata de habilidades tecnológicas. 

Eliminar la franquicia no eliminará los cursos malos; eliminará también una parte relevante del financiamiento disponible para formar capital humano en áreas críticas. Y eso, en una economía rezagada en competencias digitales, es una apuesta riesgosa. 

Las malas políticas públicas no se corrigen con su desaparición, sino con mejores políticas públicas. La franquicia tributaria necesita una reforma profunda: más exigente en resultados, más accesible para pymes, más orientada a habilidades tecnológicas. Pero eliminarla es, simplemente, renunciar a un instrumento que -bien diseñado- Chile no puede darse el lujo de perder.

(*) Puedes leer aquí un estudio realizado por el autor con sus argumentos en contra de la eliminación de la franquicia Sence.