El Presidente, José Antonio Kast, firmó esta mañana dos proyectos para mejorar la seguridad en las comunidades educativas, tras el alza de casos de violencia en los colegios. El primero busca aumentar la responsabilidad penal de quienes cometen delitos dentro de los establecimientos educacionales o en actividades extracurriculares, como también aquellos ilícitos contra la propiedad. El segundo, denominado “Escuelas Protegidas” (vea aquí el comunicado), incluye cinco medidas con más atribuciones de control interno, como revisión de mochilas, sanciones por interrumpir las clases, inhabilidad para acceder a gratuidad y prohibición de uso de capuchas.

La idea de sancionar a aquellos que cometan actos que paralicen total o parcialmente las clases o la alteración del desarrollo de la jornada escolar causó reparos por parte de parlamentarios de oposición, quienes acusan que, de esa forma, se criminalizaría el derecho a protestar que deben tener los ciudadanos, en lo que a su juicio es un intento de la derecha para meter en el mismo saco la protesta legítima con las manifestaciones violentas. También cuestionaron que se busca inhabilitar el acceso a la gratuidad universitaria a los condenados por delitos que atenten contra la vida, integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o infraestructura pública en algún momento de su vida, sin considerar su comportamiento posterior, lo cual debería ser objeto de revisión.

Tras firmar los proyectos, junto a los ministros de Educación, Seguridad y Justicia, María Paz Arzola, Trinidad Steinert y Fernando Rabat, respectivamente, Kast destacó la importancia de las medidas porque “la violencia en las escuelas no tiene color político. La vida de cualquiera de nuestros niños o miembros de un establecimiento educacional, de la comunidad educativa, no tiene color político”.

(Créditos: Sebastián Brogca / Agencia Uno)

Según cifras del Ministerio Público publicadas hoy por El País, desde que partió el nuevo gobierno –el pasado 11 de marzo– hasta este lunes 6 de abril, se han registrado 26 homicidios e intentos de homicidio (15 consumados y 11 frustrados). El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía informó que en 2025, bajo la administración de Gabriel Boric y en el mismo periodo, hubo 19 homicidios e intentos de homicidio (16 consumados y tres frustrados). El alza en este tipo de delito fue de 36,8% .

Hay que destacar que se considera homicidio consumado el acto de conseguir la muerte de la víctima. Mientras que el homicidio frustrado se da cuando el asesinato no se lleva a cabo por circunstancias ajenas al agresor, impidiendo su objetivo.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

Gremios agrícolas de la Región de La Araucanía advirtieron un alza en los precios de los alimentos ante el aumento del valor de los combustibles y de los fertilizantes. Según dio cuenta Bío-Bío, la Asociación de Agricultores Unidos aseguró que los altos costos de producción profundizan la crisis de su sector diariamente. Por eso es que el presidente de la organización, Camilo Guzmán, apuntó a una “inflación alimentaria” que está comenzando y se da a partir del descuido de las políticas de Estado sobre el campo y los agricultores, según dijo. Guzmán acusó que “si nuestras autoridades no toman conciencia ahora, no vamos a poder atenuar el impacto cuando llegue con toda su fuerza”.

La Asociación de Agricultores Malleco también se pronunció al respecto. Uno de sus miembros, Sebastián Naveillán, explicó que el precio de los fertilizantes por hectárea ha crecido entre $150 mil y $200 mil y con el alza del petróleo, el valor subió $100 mil adicionales por hectárea.

Ante ese escenario, los agricultores piden que los ministerios de Hacienda y Agricultura les apoyen con medidas para recuperar el 100% del impuesto específico al combustible por las faenas agrícolas.

(Créditos: Pablo Ovalle / Agencia Uno)

Este martes la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, declaró como testigo durante tres horas y 40 minutos, en la misma causa en la que ella investiga a Luis Hermosilla. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la diligencia solicitada por la defensa del abogado, por los chats albergados en el teléfono del penalista que revelan distintas interacciones cercanas con la persecutora. Las preguntas, que se mantuvieron en reserva, fueron preparadas por el equipo jurídico del imputado, que encabeza su hermano Juan Pablo Hermosilla.

La declaración la tomó el fiscal Manuel Zara, quien es uno de los subordinados de Parra en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Tras la toma de declaración, la vocera de esa sede del Ministerio Público, Pamela Valdés, afirmó que la diligencia se realizó con total transparencia y de manera muy objetiva: “Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Por ende, se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa, y la diligencia fluyó con la mayor rapidez sin ningún problema en este caso, y con todo el respeto entre las partes que estuvieron».

Parra ya había presentado una acusación contra Hermosilla por tráfico de influencias, soborno, delitos tributarios y lavado de activos a raíz de la arista Factop, en la que solicitó 14 años de cárcel para el abogado. Tras la reapertura de la investigación, la fiscalía deberá presentar una nueva acción judicial que incluirá los últimos antecedentes recopilados.

Fiscal regional Lorena Parra (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)