La autora de esta columna comenta la declaración de Alerta Sanitaria Oncológica, detalla cuatro cosas que debieran pasar y señala que «la alerta sanitaria puede ser una oportunidad. Pero solo si se utiliza para corregir las fallas estructurales del sistema. De lo contrario, será un nuevo parche frente a un problema que Chile ya no puede seguir postergando».

La reciente declaración de alerta sanitaria en el contexto oncológico en Chile refleja una realidad que ya no admite interpretación: el cáncer dejó de ser solo un problema clínico y se consolidó como un desafío estructural del sistema sanitario y del desarrollo del país. En Chile se estiman 59.876 casos nuevos y 31.440 muertes por cáncer al año, con una prevalencia a cinco años de 169.882 personas, lo que confirma una presión sostenida sobre la red y un problema que ya no puede abordarse como contingencia aislada.  

Hoy esa presión tiene una expresión concreta y oficial: el propio Ministerio de Salud informó que la alerta sanitaria se decretó para atender a 27.329 pacientes en lista de espera oncológica, de los cuales 19.613 corresponden a garantías GES retrasadas y 7.716 a prestaciones No GES, con una media de retraso de 76,8 días en GES y 322 días en No GES. Ese dato, por sí solo, da cuenta de una situación que excede la gestión ordinaria y que afecta directamente la oportunidad diagnóstica y terapéutica.  

En este contexto, la alerta sanitaria puede ser una herramienta legítima. El Minsal ha señalado que permitirá dotar de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast para agilizar compras, contratación de personal, coordinación logística y colaboración entre la red pública y privada, además de crear un Comité Operativo Nacional para monitorear un plan de resolución de listas de espera oncológica GES y No GES. El punto, entonces, no es si la medida era necesaria. El punto es si se utilizará para transformar capacidades permanentes o si volverá a operar solo como contención transitoria.  

La evidencia es clara. El sistema oncológico chileno presenta una demanda estructural insatisfecha, marcada por brechas territoriales, fragmentación institucional y una oferta que no logra responder al ritmo del crecimiento de la enfermedad. La concentración de capacidades en la Región Metropolitana, la escasez de especialistas y la limitada articulación entre niveles de atención generan cuellos de botella que ninguna medida de corto plazo resolverá por sí sola.  

Pero hay una dimensión que sigue siendo insuficientemente abordada: el impacto económico del cáncer. El estudio de WifOR sobre carga socioeconómica en América Latina muestra que, en Chile, las pérdidas económicas asociadas a neoplasias alcanzan 2,3% del PIB bajo el supuesto de no sustitución. Dicho en simple: cuando el cáncer saca a personas de la vida laboral, reduce productividad, genera ausentismo y muerte prematura, su costo excede largamente el presupuesto sanitario visible.  

Ese hallazgo dialoga, además, con evidencia nacional. Un estudio chileno estimó el costo anual esperado del cáncer en 0,69% del PIB, incluyendo costos directos en atención de salud, subsidios de incapacidad laboral y pérdidas de productividad. Aunque esa estimación utiliza otra metodología y un alcance distinto al de WifOR, ambas apuntan a la misma conclusión: el cáncer no solo es una tragedia humana y sanitaria, sino también una fuente mayor de presión fiscal, pérdida de productividad y deterioro del desarrollo económico.  

El problema, por tanto, no es solo de capacidad: es de diseño. Chile ha avanzado en normativa —Ley Nacional del Cáncer, GES, Ley Ricarte Soto y planes nacionales específicos—, pero no ha logrado traducir esos instrumentos en una red realmente integrada, resolutiva y guiada por datos. Persisten brechas en oportunidad, acceso, continuidad y equidad territorial que revelan que aún no contamos con una arquitectura operativa capaz de responder de manera consistente a la magnitud del problema.  

Aquí emerge un punto crítico: la ausencia de información robusta, interoperable y disponible para gestionar con inteligencia. Chile ha mejorado su vigilancia y sus registros en algunas áreas, pero siguen existiendo limitaciones en acceso oportuno, integración de datos y trazabilidad del recorrido real del paciente. Sin datos comparables sobre tiempos, costos efectivos, resultados clínicos y capacidad instalada, incluso una buena decisión política corre el riesgo de operar a ciegas.  

Por eso, el mayor riesgo de esta alerta sanitaria no es su existencia, sino su eventual estrechez. Si la medida se limita a comprar más prestaciones, derivar pacientes o descomprimir coyunturalmente la lista sin rediseñar la lógica de funcionamiento de la red, solo trasladaremos el problema en el tiempo, probablemente a un costo mayor. Lo sostenible no es una alerta permanente, lo sostenible es una red oncológica con reglas claras, información en tiempo real, incentivos correctos y capacidad de respuesta distribuida territorialmente.  

¿Qué debiera ocurrir entonces? Primero, usar la alerta como palanca para ordenar una verdadera gestión integrada de la red oncológica, con rutas asistenciales explícitas y coordinación efectiva entre atención primaria, especialidad, hospitales de alta complejidad y prestadores privados en convenio. Segundo, instalar un sistema nacional interoperable de información oncológica que permita monitorear tiempos de espera, productividad, resultados y costos reales. Tercero, avanzar hacia mecanismos de financiamiento y compra que premien resolución, oportunidad y valor, no solo volumen de actividad. Y cuarto, exigir evaluación: toda medida extraordinaria debe tener metas, indicadores y una estrategia de transición hacia institucionalidad permanente.  

La alerta sanitaria puede ser una oportunidad. Pero solo si se utiliza para corregir las fallas estructurales del sistema. De lo contrario, será un nuevo parche frente a un problema que Chile ya no puede seguir postergando.