A cinco días del anuncio de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, de un recorte de $72 mil millones del presupuesto de la cartera que lidera, el gobierno dio pie atrás y descartó la reducción que afectaba principalmente a la policías. La medida había generado críticas incluso desde la derecha. Según constató CIPER el jueves recién pasado, la mayor parte de la disminución de fondos le correspondería a Carabineros, con $51.612 millones menos para 2026, principalmente lo programado para vehículos, pero también en gasto de personal y reparación de cuarteles. Mientras que se esperaba que la PDI tuviera una reducción de $16 mil millones, fundamentalmente de remuneraciones.

Al salir hoy de una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres), la secretaria de Estado señaló que “el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías”.

La disminución de fondos en Seguridad se dio a partir de la instrucción que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que llamó a recortar un 3% del presupuesto de cada cartera ministerial. En esa línea, Steinert sostuvo que “ese 3% se queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia”.

(Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)

El viernes el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama sufrió el lamentable fallecimiento de una de sus inspectoras, luego de que un estudiante de 18 años la atacó brutalmente con un arma blanca, dejándola sin vida y a otras cuatro personas gravemente heridas . A raíz de la tragedia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que elaborarán un proyecto que permitirá que los centros educacionales puedan revisar las mochilas de sus alumnos. Arzola sostuvo que el objetivo es “hacer frente a conflictos y fortalecer autoridad y respeto”.

Además, afirmó que el gobierno está avanzando en reglamentos y orientaciones que agilizarán la entrega de detectores de metales a los colegios, una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar que fue despachada en enero pasado. El Presidente José Antonio Kast también se refirió a lo ocurrido en Calama: “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”. Agregó que algunas medidas estarán en los reglamentos y otras en normas legales que el Ejecutivo llevará al Congreso.

Ministra María Paz Arzola (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer que la tasa de desempleo entre el trimestre diciembre 2025 y febrero 2026, marcó un 8,3% con un leve descenso de 0,1% en 12 meses. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la estimación de personas ocupadas llegó a 57,1%, aumentado un 1,0% en el mismo periodo.

Las personas desocupadas aumentaron 0,3% “incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%”, señaló el organismo en su informe. Mientras que las actividades de salud, actividades profesionales y alojamiento y servicio influyeron en el crecimiento de la cantidad de personas con empleo.

Respecto de la informalidad, esta creció 0,4% en los últimos 12 meses, siendo de 26,5% (28% los hombres y 25,4% las mujeres).

(Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

Durante la cuenta pública de la Contraloría General de la República (CGR) realizada hoy, la contralora Dorothy Pérez informó que hay 6.311 funcionarios públicos que trabajaron para empresas privadas mientras estaban con licencia médica, según publicó La Tercera. Al respecto, Pérez señaló: “No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.

La CGR constató que en total son 55.933 los casos que involucran irregularidades con licencias médicas, los que terminaron en 13.074 sumarios informados en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) y otras 723 entidades no informaron sobre los procedimientos administrativos. Con ello, registran 344 investigaciones finalizadas que dejaron a 93 funcionarios destituidos y 77 personas con término de contrato.

En cuanto a las condonaciones ante los requerimientos de recuperación de fondos del Servicio de Impuestos Internos (SII), se ha rechazado el 96% de las solicitudes. Sobre los casos que sí se han aprobado, la contralora dijo: “Solo se han otorgado cuando había algún error en la determinación de la persona o cuando hay una causal humanitaria: la persona está en una situación terminal. Todos los demás casos se rechazan porque son fondos, como lo dijimos al comienzo, de todos y tenemos que recuperarlos”.

Contralora Dorothy Pérez (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)