El autor de esta columna escribe sobre el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal formado por el gobierno para auditar la administración de Gabriel Boric. Detalla todos los organismos que ya cumplen por ley esa función y sostiene que «la incorporación de un grupo nuevo e inexperto para revisar los actos del gobierno anterior solo encuentra justificación en el cumplimiento de una promesa de campaña. No representa un aporte real a la transparencia ni a la rendición de cuentas. El camino correcto es otro: fortalecer y potenciar las instituciones que ya existen».

Durante la campaña electoral, el actual presidente José Kast anunció una auditoría «total» a la administración del exmandatario Gabriel Boric. Fue una de sus propuestas más emblemáticas y, como era de esperarse, se puso en marcha a los pocos días de asumir el cargo.

El anuncio no ha estado exento de polémica. Algunos cuestionan el gasto que implica una operación de esta envergadura; otros señalan su evidente carga política, puesto que desde el primer momento se indicó que el foco estaría en el caso Convenios y el caso ProCultura (aunque en ambos hay personeros de derecha e izquierda involucrados). Sin embargo, la crítica más relevante no ha recibido la atención que merece. Y no es casualidad: se trata de una objeción de carácter técnico que exige conocimientos que exceden a la figura política de moda, la cual suele ser más hábil en la expresión que en la materia. Difícil es pedirle a un diputado que enumere las instituciones que hoy fiscalizan activamente a la Administración del Estado, y más difícil aún que explique por qué ninguna de ellas estaría en condiciones de llevar a cabo la «auditoría total» prometida. Solo así, sin embargo, llegamos a la crítica que realmente importa.

La Contraloría General de la República es el órgano autónomo constitucional por excelencia en materia de fiscalización. No solo controla la legalidad de los actos del Ejecutivo, sino que también audita el uso de los recursos públicos, instruye sumarios y emite dictámenes vinculantes. Aun así, será una de las reparticiones afectadas por el recorte del 3% que el nuevo gobierno aplicará transversalmente al aparataje público. La pregunta es evidente ¿por qué financiar una operación de auditoría nueva y paralela mientras, al mismo tiempo, se le recortan recursos a quien realiza esta labor de forma permanente?

El problema no termina ahí. Multiplíquelo por cinco. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda monitorea la ejecución del presupuesto público, emite informes periódicos de gasto y supervisa su cumplimiento. También sufrirá el recorte. El Consejo para la Transparencia, encargado de garantizar el acceso ciudadano a la información pública, se verá mermado. El Ministerio Público, que investiga de forma autónoma eventuales ilícitos cometidos por funcionarios del Estado, también será víctima. Las unidades de auditoría interna de cada servicio (algunas de las cuales, por cierto, fueron incorporadas a la propia operación de auditoría total) igualmente verán reducidos sus presupuestos. Finalmente, la Unidad de Análisis Financiero, de la cual dejé de escuchar noticias por allá en febrero bajo la voz del ex ministro Cordero, se ve totalmente ignorada.

Llegados a este punto, cabe cuestionar seriamente la creación del nuevo Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. El organismo está integrado por quienes encabezan distintas subsecretarías: la Subsecretaría General de la Presidencia, la del Interior y la de Hacienda. Son autoridades políticas, no técnicas. Figuras que están lejos de tener el perfil que exige una operación de fiscalización de esta naturaleza; varias de ellas, además, sin experiencia previa en el sector público. Cuesta imaginar cómo podrían hacer una gestión más eficiente que las instituciones constitucionales y legales que llevan décadas especializándose en exactamente eso.

Nuestras instituciones funcionan. Cuesta creerlo, porque el flujo de noticias sobre irregularidades suele hacernos dudar. Pero basta con detenerse un momento: ¿por qué son públicas esas irregularidades? Precisamente porque las fiscalizaciones dan resultado. La paradoja es llamativa: la evidencia del funcionamiento del sistema se convierte, al menos para el público general, en prueba de su fracaso.

La incorporación de un grupo nuevo e inexperto para revisar los actos del gobierno anterior solo encuentra justificación en el cumplimiento de una promesa de campaña. No representa un aporte real a la transparencia ni a la rendición de cuentas. El camino correcto es otro: fortalecer y potenciar las instituciones que ya existen, que funcionan y que, con los recursos adecuados, pueden ser perfectamente optimizadas para revisar actuaciones anteriores si eso es lo que se desea.

Finalmente, los llamados a señalar estas inconsistencias son, en primer lugar, los parlamentarios (los diputados en particular). Pero si hay una institución a la que resulta improductivo exigirle análisis técnico riguroso, es justamente esa, en ese sentido, pedirle peras al olmo nos parece inútil.