El autor de esta columna señala que su objetivo «es preguntarse por qué el entrante gobierno de derecha adopta estas decisiones, a partir de escudriñar la matriz ideológica que motivan la racionalidad, la emocionalidad y el actuar político de este». Y es así como analiza las primeras medidas tomadas por la administración de José Antonio Kast.

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

En las primeras dos semanas de mandato, el gobierno del Presidente Kast ha anunciado una batería de medidas de alta incidencia. Dichos anuncios se enmarcan en el relato sobre el “Gobierno de emergencia”, como consecuencia de la situación fiscal contingente que afecta al país. Este concepto fue un elemento determinante de la reciente campaña electoral presidencial y ha guiado el accionar político y comunicacional del gobierno desde su llegada el 11 de marzo.

Lo anterior justificaría la adopción de medidas de austeridad general a partir del publicitado anuncio del Ministerio de Hacienda, en el que se establecieron recortes generales al 3% del presupuesto del sector público, los cuales inciden en áreas sociales sensibles como ciencias y tecnología, educación, salud, vivienda y seguridad. Otras tienen un alto impacto en la economía del país, como lo referente al retiro de los decretos respecto a las tarifas del costo de la energía eléctrica y el tan bullado caso del rediseño del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (mEPCO). 

Las medidas anteriores tienen un hilo conductor sumamente notorio. Son intervenciones del Estado en la economía, en el marco de lo que la literatura de economía política internacional denomina impulsos del capitalismo estatal. En ellas vemos medidas que responden a ejemplos concretos de impulsos productivistas, absorbentes, estabilizadores y de disciplina, destinados a cómo los Estados han mediado políticamente los procesos de restructuración de la economía global post crisis 2008 y los cambios en los ámbitos de producción, circulación y distribución de valor en el capitalismo actual.

La intención de esta columna de opinión no es valorar la plausibilidad o justificación de tales medidas, ni referirse respecto al debate originado entre los diversos sectores políticos y eventuales efectos que estos anuncios tendrían en el país. El objetivo principal es preguntarse por qué el entrante gobierno de derecha adopta estas decisiones, a partir de escudriñar la matriz ideológica que motivan la racionalidad, la emocionalidad y el actuar político de este.

Al respecto, la actual administración ha centrado su narrativa del gobierno de emergencia en las siguientes ideas. La primera versa sobre la inevitabilidad de la adopción de medidas de austeridad del sector público, las que van orientadas principalmente al funcionamiento y operación estatal. Una segunda idea se refiere a que el país tiene demasiadas demandas e intereses que enfrentar, pero que la satisfacción de estas ha implicado un gasto de recursos públicos que no se condicen con su capacidad financiera. Como tercera idea se señala que en este escenario fiscal se debe priorizar el gasto público y focalizar las políticas públicas en los sectores más vulnerables del país. Como cuarta idea, que el déficit estructural del país se debe principalmente al gasto público irresponsable adoptado por los gobiernos anteriores, sin referirse expresamente a la recaudación o ingresos de recursos por la vía tributaria. Por último, todo lo anterior justificaría la adopción de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, dinamizar la actividad económica y generar medidas que incentiven el crecimiento económico por parte de los agentes privados, a efectos de que por esta vía se logre recuperar el país y salir de la senda de crisis sistémica en la cual se encuentra. 

Lo anterior no es una estrategia nueva. El énfasis que se insiste con dicha narrativa tampoco lo es. Esta racionalidad y emocionalidad ideológica se encuentra presente en el discurso titulado Strong State and Sound Economy de Carl Schmitt, presentado a un grupo de empresarios en 1932 y publicado en 1933. Lo que se busca es una separación radical de la política (del Estado) del ámbito propio de la economía, una distinción meridianamente clara y objetiva de la esfera pública y de la esfera estrictamente privada de la economía. La premisa que justifica lo anterior es la articulación de un “estado total cualitativo” como una unidad política no partisana que utiliza todo su poder e institucionalidad para retirar al Estado de la economía productiva y de las políticas sociales redistributivas.

La crítica a este razonamiento schmittiano la formula Hermann Heller en su texto de 1933 titulado Authoritarian Liberalism?. Heller sostiene que lo característico del Estado autoritario es su visión capitalista de la economía y que conduce indefectiblemente al autoritarismo. Este fin se logra mediante el establecimiento de dispositivos para asegurar la distancia estatal respecto de la economía libre y la articulación de formas de gestión económica autónoma. De esta manera, se enfrenta la politización de los más amplios ámbitos de la economía, indeseable fenómeno que es impulsado por los diversos intereses políticos y económicos que se desarrollan en un sistema democrático de partidos políticos.

Este era el mismo objetivo de Schmitt cuando presenta este discurso durante la última etapa de la República de Weimar en Alemania; también se observó en la dictadura militar chilena, en la importantes personeros y asesores recepcionaron las ideas de Schmitt, por medio de autores franquistas y carlistas; y en el proceso de integración económica de la Unión Europea pos-2008. Pero esta trayectoria también es identificable en las medidas adoptadas por el actual gobierno al justificar la adopción de dichas medidas, como consecuencia de una situación inédita y extraordinaria, pero con un grado de permanencia en el tiempo, las cuales han sido presentadas tanto por el Presidente como su ministro de Hacienda en diversos discursos ante foros empresariales nacionales.

Por tanto, el objetivo primario del gobierno actual ha sido cumplir la premisa schmittiana de la despolitización del Estado de aspectos fundamentales de la actividad económica. Este repliegue ideológico se utiliza en contra de la principal vía que cuenta el Ejecutivo para intervenir directamente en la economía y mediante políticas públicas redistributivas: la política fiscal. La forma de ejemplificar este acto político decisional del actual gobierno fue con el subsidio del Mepco, debido a la coyuntura geopolítica internacional que se experimenta. Pero pudo ser otra medida ejemplificadora, lo importante es el objetivo señalado a partir de este razonamiento y emocionalidad ideológica que se presenta. Adicionalmente, ya existe un diseño institucional y una articulación de competencias en diversos organismos públicos que ponen obstáculos al desarrollo de políticas fiscales distintas a la austeridad como objetivo fundamental.

De esta manera, surge nuevamente la pregunta helleriana de si estamos frente a un nuevo capítulo del (neo)liberalismo autoritario y la redefinición política del Estado chileno ante la insistencia de la presente narrativa. Solo el tiempo y la misma política partidista y contingente, aquella que Schmitt tanto aborrecía, nos permitirá responder esta interrogante.