En estos días el Senado está discutiendo una ley que separaría la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación de Fútbol de Chile. El autor de esta columna argumenta por qué este cambio es tan necesario. Dice que “una Federación independiente, con mandato de desarrollo integral y con capacidad de acceder a fondos públicos, podría canalizar parte de esos ingresos hacia lo que el país necesita: que más niños jueguen, que los que juegan estén protegidos, y que el sistema forme personas antes que productos de exportación. Un círculo virtuoso de actividad deportiva, integración social y, al mismo tiempo, la base de la pirámide para nuestros futuros seleccionados nacionales”.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

En mayo de 2025 la familia de un niño de 11 años en Maipú denunció públicamente que Cobresal se negaba a liberar su pase. El niño había dejado de entrenar porque los horarios en Puente Alto lo obligaban a salir del colegio antes de tiempo. Palestino ofreció recibirlo con condiciones compatibles con su escolaridad, pero Cobresal rechazó todas las ofertas. La familia lleva meses esperando. Y lo más revelador: no tiene dónde acudir. No existe un tribunal independiente, un defensor del deportista infantil ni una instancia de arbitraje donde una familia pueda resolver una disputa de pase con un club profesional. El sistema remite todo a los órganos internos de la propia ANFP, es decir, al gremio de los mismos clubes.

¿Por qué debería importarle esto a alguien que no sigue el fútbol? Porque detrás de este caso hay un problema de interés público que trasciende al deporte: Chile tiene una crisis de salud pública infantil que rara vez se conecta con la actividad física organizada. Según la Encuesta Nacional de Actividad Física 2024, solo el 26,4% de los niños chilenos son físicamente activos. La actividad en tiempo libre se redujo drásticamente de 16,5% a 10,5% entre 2019 y 2024, con la pandemia y el avance de las pantallas como posibles causas. Mientras se discute sobre listas de espera, salud mental adolescente y obesidad infantil, el instrumento más poderoso y accesible para combatir estos problemas funciona sin plan institucional alguno: una pelota, una cancha y alguien que organice el juego.

El fútbol es la actividad deportiva más masiva de Chile. Las ligas ANFA agrupan más de 3.600 equipos en 313 asociaciones locales a lo largo del país. Potencialmente cientos de miles de niños lo practican en pichangas, ligas barriales, colegios y academias. Pero estos sistemas operan completamente desconectados entre sí. No hay registro común ni coordinación, ni un plan de desarrollo que concilie el interés privado por formar futbolistas de élite con una política deportiva integral para la infancia. Nadie sabe cuántos niños juegan porque nadie se ha preocupado de conectar las piezas.

Los colegios privados organizan sus propios campeonatos. Los liceos públicos participan en los Juegos Deportivos Escolares del MINDEP, un programa valioso que en 2025 proyecta convocar a 200.000 estudiantes con una inversión de $7.300 millones, pero que opera como un evento competitivo anual, no como un sistema de desarrollo permanente. El IND financia talleres deportivos y el Fondeporte entrega fondos concursables a clubes comunitarios. Son esfuerzos legítimos, pero fragmentados: ninguno se articula con el ecosistema del fútbol federado. Las academias particulares cobran lo que quieren sin supervisión de calidad. Y los clubes profesionales, constituidos como sociedades anónimas deportivas (SADP), aparecen recién alrededor de los 10 u 11 años, cuando la ANFP comienza a organizar campeonatos formativos en categorías Sub-11 y Sub-12. Su objetivo es identificar talentos comercializables. Desde la lógica del negocio, esto es completamente racional. El problema es que ninguna institución se hace cargo de los cientos de miles de niños que simplemente quieren jugar.

La desigualdad de género agrava el problema. De las 14 categorías de fútbol formativo que organiza la ANFP, solo 3 son femeninas. No existe un campeonato formativo femenino por debajo de la Sub-16, lo que significa que para las niñas el sistema simplemente no contempla formación organizada antes de la adolescencia. Mientras en Inglaterra el fútbol femenino de base creció 116% en seis años y en Países Bajos la participación femenina se duplicó en dos, en Chile el fútbol formativo de mujeres depende casi enteramente de la voluntad individual de clubes y entrenadoras, sin estructura, sin presupuesto dedicado y sin obligación institucional alguna.

El caso del niño en Cobresal no es aislado. Es el síntoma de un sistema donde los clubes tratan el «pase» de un menor como un activo financiero. La ilusión de convertir a un hijo en futbolista profesional se convierte en herramienta de negociación sobre familias que no tienen cómo pagar abogados ni enfrentar el poder institucional de una SADP.

Resulta llamativo que la Defensoría de la Niñez no haya tomado posición pública sobre esta problemática. Un niño obligado a elegir entre su escolaridad y el fútbol, o cuyo pase es retenido contra la voluntad de sus padres, tiene derechos vulnerados bajo la Convención sobre los Derechos del Niño que Chile ratificó en 1990. Organizaciones como Familias del Fútbol intentan visibilizar estos casos desde la sociedad civil, pero trabajan sin respaldo institucional.

La raíz del problema es de gobernanza. La Federación de Fútbol de Chile está controlada por la ANFP, una asociación de 32 clubes profesionales que simultáneamente administra la liga comercial y gobierna el fútbol en todas sus dimensiones. Algunos de estos clubes son gestionados por representantes de jugadores con intereses directos en transferencias. Los estados financieros auditados de la ANFP muestran que el gasto en «cadetes» alcanzó $7.332 millones en 2024, y la propia nota al pie aclara que el incremento corresponde a «subvención de Traslado, Alimentación y Estadía». Todo el presupuesto destinado al fútbol formativo subsidia la operación logística de torneos, sin inversión en programas de desarrollo integral, bienestar o protección de menores.

En octubre de 2024, la misma ANFP propuso eliminar las categorías Sub-13 y Sub-15 para recortar costos, una medida que habría sacado del sistema a 1.900 niños. La decisión fue revertida, pero dejó en evidencia que el fútbol formativo es la primera línea de ajuste cuando los números no dan.

Otros países han resuelto esto separando funciones. Uruguay creó la ONFI, una entidad independiente de la AUF que gestiona exclusivamente el fútbol de niños hasta los 13 años. El programa «Gol al Futuro» monitorea que más del 90% de los jóvenes en formación permanezcan en el sistema educativo. Uruguay entendió que la deserción escolar de un niño futbolista es un fracaso del sistema y no un costo del negocio.

Alemania reformó en 2024 su modelo eliminando las tablas clasificatorias en categorías menores e implementando formatos de juego reducido para priorizar el bienestar infantil sobre la competición. Francia registra 2,3 millones de licencias juveniles anuales. Portugal, con población comparable a Chile, documenta casi 200.000 jugadores. Chile no puede responder cuántos niños participan en su propio sistema.

Y mientras este vacío institucional persiste, el fútbol de base queda expuesto a riesgos que van mucho más allá de lo deportivo. Un reciente reportaje de Bío-Bío documentó cómo el crimen organizado se infiltra en ligas amateur, utilizando clubes como fachada para narcotráfico. En Quilpué, un club de divisiones menores usaba los buses juveniles para mover droga. Mientras los niños iban en los asientos, la cocaína iba en el maletero. Todo esto ocurre en un espacio sin fiscalización, sin registros, sin supervisión.

La Selección Chilena genera ingresos considerables: la última licitación de derechos comerciales y televisivos para el ciclo 2026-2030 superó los US$40 millones. Esos recursos, generados por un equipo que representa a 19 millones de personas, los administra la ANFP sin separación contable respecto de sus operaciones comerciales de liga. Una federación independiente, con mandato de desarrollo integral y con capacidad de acceder a fondos públicos, podría canalizar parte de esos ingresos hacia lo que el país necesita: que más niños jueguen, que los que juegan estén protegidos, y que el sistema forme personas antes que productos de exportación. Un círculo virtuoso de actividad deportiva, integración social y, al mismo tiempo, la base de la pirámide para nuestros futuros seleccionados nacionales.