La autora de esta columna aprovecha el lamentable incidente en Talcahuano a un joven con síndrome de Down para recordar que un proyecto de modificación de la Ley Antidiscriminación lleva ya nueve años «durmiendo» en el Congreso. Sostiene que «el llamado es claro y no admite dilaciones: el Ejecutivo actual tiene una oportunidad imperdible de hacer las cosas bien. Ya lo demostraron al constituir el gabinete más inclusivo de la historia con dos personas con discapacidad liderando ministerios de suma relevancia: Catalina Parot en Bienes Nacionales y Francisco Undurraga en Cultura, quienes han hablado abiertamente de su discapacidad de índole física. Es por esto, que esperamos que junto a los y las parlamentarios de todos los sectores, otorguen urgencia a esta reforma que está atorada en Comisión mixta en estas primeras semanas del año».

Desde Fundación Ronda rechazamos categóricamente y declaramos un acto repudiable e indignante las amenazas recibidas por una joven estudiante con síndrome de Down del Liceo Santa Leonor de Talcahuano. Amedrentar de esa manera, a través de una carta anónima, y más encima a una menor de edad, es discriminación arbitraria.

Este sábado 21 se conmemoró el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Sabemos que esto que ocurrió en la región del Biobío no es un hecho aislado sino que son miles de personas con discapacidad las que son discriminadas diariamente -ya sea de forma positiva, pero también negativa- e incluso violentamente como es en este caso donde, infelizmente, su vida está en riesgo. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades a que den el resguardo y protección necesaria, pero también proporcionen medidas de reparación y contención a ella y su familia.

Cada año, el 21 de marzo se repiten los titulares, las declaraciones, los actos conmemorativos y las invitaciones a usar calcetines de distinto color en cada pie. ¿Para qué? Para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down.

Por unas cuantas horas el tema ocupa columnas, noticieros y posts en redes sociales.

Pero luego, una vez más… el silencio. Y en ese silencio, miles de personas en Chile siguen siendo excluidas, restringidas, miradas de reojo o directamente agredidas por ser quienes son. O, lo que es peor y se ha vuelto moda, discriminar positivamente, asistir y sobreproteger a las personas con Síndrome de Down. La pregunta que debemos hacernos —con honestidad y sin comodidad— es cuán inclusivos somos realmente como sociedad cuando nos enfrentamos a alguien diferente.

Chile cuenta desde 2012 con la Ley 20.609, conocida popularmente como la «Ley Zamudio», en memoria de Daniel Zamudio, un joven brutalmente atacado por su orientación sexual. La ley define la discriminación arbitraria como cualquier distinción, exclusión o restricción sin justificación razonable, basada en motivos como raza, nacionalidad, orientación sexual, género, enfermedad o discapacidad, que prive o amenace derechos fundamentales. Es un avance importante. Pero más de una década después de su promulgación, resulta evidente que no es suficiente.

El problema no es sólo legislativo. Es cultural, es educativo, es de mirada. Nos han enseñado a ver la diferencia como una amenaza, como incomodidad, como algo que hay que gestionar desde lejos sin involucrarse mucho. Y que en el mejor de los casos hay que “aceptarla” o “hacer el esfuerzo y tolerarla”. Desaprender eso no es tarea de un día conmemorativo. Es un trabajo sostenido, personal y colectivo, que requiere valentía para encarar nuestros propios sesgos inconscientes, estereotipos y prejuicios antes de señalar los ajenos. Es una brecha aún no resuelta colectivamente para lograr el tan anhelado deseo de que logremos transitar hacia una real y profunda valoración de las diferencias.

No discriminar es una elección diaria. Y precisamente por ser una elección, puede tomarse bien o mal, puede postergarse o ejercerse con convicción. Lo que no puede seguir ocurriendo es dejarla al azar de la buena voluntad individual, al arbitrio que actúa en muchas oportunidades desde la ignorancia y raíces arcaicas de paradigmas asistencialistas que lo menos que tienen es perspectiva de derecho. Pero eso no se podrá transformar, sin que el Estado provea herramientas reales ni la sociedad en su conjunto, tenga mecanismos efectivos para exigir justicia cuando esa elección se toma mal y, por lo general, con los que más nos necesitan, grupos de especial protección de nuestro país.

Aquí es donde el debate legislativo se vuelve urgente. Llevamos más de nueve años esperando que el Congreso apruebe una reforma profunda a la Ley Antidiscriminación. Nueve años en los que se han presentado propuestas, se han generado consensos técnicos y se han alzado voces desde las organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Ronda y Fundación Iguales hemos encabezado, junto a múltiples organizaciones que representan a grupos en situación de especial vulnerabilidad, la red para la reforma de la Ley 20.609. Sus planteamientos son serios, concretos y urgentes.

1.- Ampliación del enfoque de la ley hacia la prevención. La propuesta no sólo busca sancionar la discriminación, sino también prevenirla y erradicarla, obligando al Estado a adoptar un rol proactivo ante una materia de pública relevancia que urge atender.

2.- Mejora sustancial del acceso a la justicia para las víctimas. Esto se logra mediante varias modificaciones clave: Se amplía el plazo para presentar una demanda de 90 días a 6 meses; se elimina la multa al demandante si su denuncia es desestimada, quitando un desincentivo para litigar, y se facilita la obtención de pruebas al permitir que el tribunal solicite al demandado presentar antecedentes cuando la demanda sea plausible.

3.- Establecimiento de una reparación integral y eficiente. La reforma permite solicitar una indemnización por los daños sufridos en el mismo juicio, agilizando el proceso. Además, faculta al tribunal para ordenar diversas medidas de reparación, como disculpas públicas o capacitaciones obligatorias, para asegurar una justicia plena para la víctima.

4.- Creación de una nueva institucionalidad. Se mandata a la Subsecretaría de Derechos Humanos a promover la no discriminación, y se crea un Consejo de Igualdad y No Discriminación para proponer políticas públicas con visión de largo plazo.

Cada uno de esos puntos responde a una falla real del sistema actual. El plazo de 90 días para presentar una demanda es, en la práctica, una barrera infranqueable para quien acaba de sufrir una agresión y debe reponerse emocional y logísticamente. La multa al demandante que pierde el juicio es un desincentivo brutal para quienes ya de por sí cargan con el peso de demostrar lo que les ocurrió. Y la falta de una institucionalidad dedicada a la prevención hace que el Estado llegue siempre tarde: cuando el daño ya está hecho, cuando la historia ya es noticia.

INERCIA LEGISLATIVA

No es casualidad que estas reformas no hayan avanzado. Hay una inercia legislativa que se alimenta de la distancia entre quienes legislan y quienes padecen cruelmente y en muchos casos a diario, la discriminación en carne propia. También hay una incomodidad social: hablar de discriminación obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos si nosotros(as) mismos(as), en algún momento, hemos sido parte del problema. Es una pregunta incómoda. Y precisamente por eso es necesaria.

Seguir mirando para otro lado tiene un costo que no pagamos nosotros. Lo pagan quienes ya cargaban con demasiado.

El llamado es claro y no admite dilaciones: el Ejecutivo actual tiene una oportunidad imperdible de hacer las cosas bien. Ya lo demostraron al constituir el gabinete más inclusivo de la historia con dos personas con discapacidad liderando ministerios de suma relevancia: Catalina Parot en Bienes Nacionales y Francisco Undurraga en Cultura, quienes han hablado abiertamente de su discapacidad de índole física. Es por esto, que esperamos que junto a los y las parlamentarios de todos los sectores, otorguen urgencia a esta reforma que está atorada en Comisión mixta en estas primeras semanas del año. No como gesto simbólico para una fecha conmemorativa, sino como compromiso real con las miles de personas que hoy enfrentan discriminación sin contar con las herramientas legales suficientes para defenderse. Y que han tenido que esperar por años porque se ha querido hacer creer que es una ley para promover una agenda oculta hacia las personas de la diversidad sexual siendo que dentro de los grupos prioritarios que más la han utilizado, está precisamente las personas con discapacidad. 

El caso de esta estudiante es uno de muchos más, que finalmente generan que este colectivo y su entorno, por temor a situaciones como éstas, no sean parte de ámbitos educacionales, laborales, recreativos, entre tantos otros.

Una ley sola no cambia las conciencias. Pero sí puede cambiar las condiciones en que se ejerce la justicia, puede hacer que discriminar tenga consecuencias, puede decirle a quien fue vulnerado que el Estado lo reconoce y lo respalda. Eso importa. Importa mucho.

Que cada 21 de marzo no sea sólo un trending topic. Ojalá que se convirtiera en la fecha en que Chile a través de sus autoridades recién asumidas puedan tomarse en serio la tarea de construir una sociedad que mire con los ojos correctos: ojos que incluyan, que reconozcan la dignidad donde sea que se encuentre, y que no necesiten una tragedia para recordar que el(la) otro(a) también existe y tiene los mismos derechos.

Pero también, un llamado a permitir que las personas con Síndrome de Down puedan vivir sus vidas como cualquier persona, en cada ámbito de su vida, en igualdad de oportunidades y condiciones. Dejándoles de ver como los (as) “eternos niños(as) “los(as) angelitos(as) o bufones de Dios“ o cuantas otras cosas que hemos escuchado. Ello solo les infantiliza y les impide vivir adecuadamente las diversas etapas de su vida con los ajustes necesarios para que el día de mañana si quieren estudiar, trabajar, casarse, tener familia, lo puedan hacer sin ser los súper héroes o heroínas. O lo peor, paguen precios muy altos por ser quienes quieren ser.