Hace dos semanas, el Plan Nacional de Búsqueda envió este documento a la magistrada Paola Plaza, quien investiga este caso desde 2022. La presunción se basa en testimonios de policías en retiro, testigos civiles y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas. Según este reporte, las víctimas habrían sido enterradas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en un terreno que entonces pertenecía a la Municipalidad de Ñuñoa, el que era utilizado como vertedero. Entre las personas que podrían estar en esa zona figuran tres miembros del GAP, un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras víctimas sin filiación política. El texto incluye una propuesta técnica de excavación, que debiera ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los cuerpos de hasta 30 detenidos desaparecidos podrían estar en un sitio eriazo ubicado en Departamental con Macul, el que antes operaba como un vertedero, según advierte un informe de 33 páginas elaborado por el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). El escrito fue entregado a fines de febrero a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien investiga los hechos desde 2022.

El reporte consideró testimonios de carabineros en retiro y de civiles, registros del Servicio Médico Legal e imágenes aéreas de la zona tomadas por la FACH en las décadas de 1960, 1970 y 1980, además de investigaciones judiciales ya concluidas, entre otros antecedentes revisados por CIPER.

Para confeccionar el listado de posibles víctimas inhumadas en este terreno, el Plan Nacional de Búsqueda sólo consideró casos de personas detenidas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en la Región Metropolitana y de las cuales no hay ningún antecedente judicial de su destino final.

El informe concluye que los antecedentes recopilados son “múltiples, convergentes y consistentes”, por lo que permiten comprobar “la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar”, así como “la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.

Uno de los relatos clave que apoya la tesis de este informe es el de Marcelo Bustamante, quien señaló ante la Justicia que entre octubre y noviembre de 1973 vio como comenzaron a llegar al vertedero “varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo”, dijo.

Los antecedentes que él aportó no son los únicos. El informe del PNB recuerda que “tanto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (en adelante “CNVR”) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante “CNR”) recibieron denuncias a comienzos de los años 90 sobre el uso del sector como un sitio de abandono de cadáveres”.

“En 1995 -detalla el reporte- el equipo de Destino Final de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (…) recibió el testimonio de Fernando Morales, quien indicó que uno de sus trabajadores, que vivía frente al exvertedero de Macul al momento del Golpe de Estado de 1973, le habría confesado que había visto cuerpos que eran arrojados por camiones”.

Aunque hoy es un sitio eriazo en la mitad de una zona urbana, este terreno era en la década de 1970 un vertedero emplazado en una zona semi rural, con presencia de parcelaciones, casas y campamentos como Lomas de Macul, Unidad Popular (hoy Población Los Copihues) y Nueva La Habana (hoy población Nuevo Amanecer), donde residían algunos de los testigos de la causa. Frente a este sitio, por el lado sur de Departamental, estaba la fábrica textil Cotesa, en un predio donde hoy funciona la Clínica Bupa (vea el reportaje: Justicia investiga denuncias de ejecución y entierro de víctimas de la dictadura en el terreno donde funcionó la discoteca Luxor).

Este vertedero funcionó hasta la década de 1980 cuando fue clausurado por las autoridades de la época, debido a las nuevas políticas de salubridad.

Foto actual de la zona donde estuvo ubicado el ex vertedero de Macul.
(Créditos: CIPER Chile)

LOS TESTIMONIOS

En el expediente de la causa, aparecen testimonios de 11 personas que vivían en los costados del vertedero entre 1973 y 1974, quienes coinciden en señalar que presenciaron de forma directa inhumaciones ilegales cometidas por militares y policías.

Por ejemplo, José Obreque señaló ante la justicia que él se encontró con cadáveres al caminar con amigos desde su casa al colegio, pasando por Departamental y Macul. “(Vimos) que dos o tres militares tomaban todos los cuerpos que estaban botados en dichas avenidas y los subían al interior de un camión militar, el que posteriormente ingresó al vertedero”.

Una versión aún más gráfica es la que entregó Víctor Flores, quien tenía 16 años en la época de los hechos. “Unos doce a quince cuerpos se encontraban al interior del vertedero de Macul (…) los cuerpos que más recuerdo son tres y correspondía a dos hombres y una adolescente que era de mi edad aproximadamente y a quienes pude ver a una distancia de un metro”. 

Por su parte, Marcelo Bustamante, quien siempre ha vivido en el sector de Lomas de Macul, señaló a la Justicia que, entre octubre y noviembre de 1973, fue a jugar con un amigo al vertedero. “Vimos que comenzaron a llegar varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo, quienes presentaban diversos impactos de fusil, sin mantener rastros de sangre a la vista (…). Dichos cadáveres se encontraban completamente desnudos y de esa misma forma fueron arrojados en el vertedero”, dijo.

Este último testimonio coincide también con el de Ramón Benítez, quien, en septiembre de 1973, vivía en la toma Unidad Popular, actual población Los Copihues. “Con mis amigos, (…) quienes eran mis compañeros de colegio y actualmente se encuentran fallecidos, fuimos durante un mes al vertedero a buscar comida”, recordó.

“En dos ocasiones –prosiguió– vimos que por la entrada al vertedero (…) ingresó un jeep militar con tres militares, y después un camión militar con seis militares aproximadamente, desde el cual empezaron a arrojar cuerpos desnudos al vertedero, de los cuales solo uno estaba amarrado. Si bien estaba oscuro y no había luz, nosotros pudimos ver esa situación por la luz que se proyectaba de los focos del camión. En estas dos ocasiones vimos un total de ocho cuerpos aproximadamente, los que después fueron tapados por una retroexcavadora (sic)”.

El informe del Plan Nacional de Búsqueda también cita una declaración contenida en otra investigación judicial y brindada por el cabo de Carabineros en retiro, Juan Antonio Pérez, en la causa rol N°61-2010, conocida como el caso La Bandera. 

“[A fines de 1973] llegó el capitán Héctor Osses Yáñez [condenado a 140 años de prisión por 18 asesinados cometidos en dictadura] y me preguntó por el auto que yo tenía en ese momento, que eran de color amarillo, tipo Jeep argentino, que había prestado una dependencia del Ministerio de Agricultura, conocido como ‘La Platina’, y me dijo ‘que ese vehículo era muy bueno para salir a eliminar gente, pues los vehículos de colores institucionales eran muy vistosos, que me fuera enseguida a la Subcomisaría La Granja, sacara cuatro personas de los calabozos, los eliminara y los dejara tirados por los alrededores de Avenida Departamental”, dijo.

LAS POSIBLES VÍCTIMAS DEL EXVERTEDERO 

Aunque los borradores iniciales a los que tuvo acceso CIPER listaron más nombres, el reporte final en manos de la magistrada sostiene que los cuerpos de hasta 30 personas podrían estar enterrados ilegalmente en los terrenos del otrora vertedero.

Entre ellos figuran tres miembros del GAP, un militante del Partido Comunista, tres ciudadanos uruguayos, una persona de nacionalidad brasileña, un niño de 11 años y, en su mayoría, otras víctimas sin filiación política, como obreros o comerciantes ambulantes del sector sur de la capital.

En todos estos casos, se trata de causas que fueron o que están siendo investigadas por la justicia y donde los cuerpos de las víctimas no han podido ser encontradas o no existe evidencia de dónde fueron ultimados y enterrados. También son personas que fueron detenidas, en específico, entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en la Región Metropolitana (vea un documento con los nombres y más detalles judiciales). 

OTROS ANTECEDENTES

El informe también subraya que en otras seis causas judiciales fueron encontradas víctimas de la dictadura en las cercanías del exvertedero. El reporte agrega que los registros del entonces Instituto Médico Legal de Santiago (hoy Servicio Médico Legal) indican que entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre de 1973, “fueron encontrados al menos dieciocho cadáveres en la vía pública en el sector”.

Según el escrito, la información disponible ya en los registros de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990, permite además aseverar  que “la mayoría de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la vía pública en el sector de Avenida Departamental con Avenida Macul habían sido detenidas por Carabineros de la zona centro-sur de la capital (Santiago Centro, la Duodécima Comisaría de Carabineros de San Miguel, la Tenencia San Joaquín y la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago) así como por efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea”.

“De esta manera -concluye el reporte-  los antecedentes que se han expuesto son múltiples, convergentes y consistentes en cuanto a: i) las características del terreno y su evolución, en relación con las actividades que se realizaban en el sitio objeto de nuestro análisis, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; ii) la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar ; iii) la entrada y salida habitual de camionetas y camiones de las Fuerzas Armadas y de Orden al lugar de interés, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; y, iv) la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.

LA ZONA PRIORITARIA DE INTERÉS

Para el Plan Nacional de Búsqueda, no todo el predio tiene el mismo interés forense. En su análisis, “el sector con mayor priorización se encuentra a unos 100 metros en dirección norponiente de [donde funcionaba] la discoteca Luxor”, un terreno que en la actualidad es propiedad de Tanner Leasing. “Esta priorización no se limita al área señalada, sino que corresponde a una primera etapa de búsqueda planificada”, advierte el reporte.

“El área conjunta de priorización Muy Alta y Alta es de 0.75 hectáreas, abarcando profundidades que van desde los 25 metros hasta los 10 metros en el sector norte del vertedero”, precisa el documento.

Zona del exvertedero y áreas de priorización de la búsqueda
(Fuente: Informe del Plan Nacional de Búsqueda)

CÓMO OPERABAN LAS CAJSI

En enero de este año, las agrupaciones de derechos humanos entregaron al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) un expediente técnico de 127 páginas, solicitando que el exvertedero sea declarado monumento nacional, un paso esencial para convertirlo luego en un sitio de memoria como el Parque de la Paz Villa Grimaldi.

Este documento, elaborado por el académico Pablo Seguel y que aún no está en poder de la ministra Paola Plaza, detalla en especial cómo operaban las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), el dispositivo de seguridad que posibilitó el desarrollo de la represión política en los primeros meses de la dictadura. De hecho, según este informe, la función principal de la CAJSI en la zona sur de la capital fue desarticular las redes sociales construidas por los pobladores en asentamientos como los que rodeaban el vertedero. 

Este reporte incluye también testimonios de vecinos que aseguran que el otrora vertedero fue un punto de ocultamiento de cuerpos de ejecutados, pero además considera relatos de mujeres sobrevivientes de los centros de tortura Venda Sexy y Villa Grimaldi, quienes -según ellas- fueron llevadas a un terreno baldío de Avenida Departamental, antes de ser enviadas al centro de torturas de Cuatro Álamos.

A modo de ejemplo, Zabrina Pérez señala: “Cuando me llevan entremedio de los matorrales, me sacan la venda, y uno de ellos me queda mirando a los ojos.  Se devolvió, discutió con el chofer del jeep y cuando se devuelve hacia mí, me agarra del brazo y me llevan de vuelta al jeep. Allí reconozco que es la av. Departamental. De allí, me llevaron a Cuatro Álamos, donde quedo detenida”. 

Beatriz Bataszew también asegura: “El 17 de diciembre de 1974 salimos y en un momento detienen el vehículo en un lugar descampado y nos sacan las vendas. Vi que ese lugar era Departamental, a unos cien metros de Vicuña Mackenna. Después nos llevan al campo de concentración Cuatro Álamos.”

LAS GESTIONES PREVIAS

La inhumación ilegal de personas durante la dictadura en el exvertedero de Departamental ha sido relatada y denunciada desde hace décadas por los vecinos del sector, quienes incluso publicaron un libro titulado Militantes de un sueño.

Pero, fue recién en febrero de 2022 cuando estas versiones derivaron en una investigación judicial. Ese año distintas asambleas ciudadanas de Macul se unieron para crear la “Coordinadora No al Mega Proyecto Departamental – Por la Memoria pasada, presente y futura”; una iniciativa destinada a evitar la creación de un proyecto inmobiliario de nueve edificios a construirse sobre el exvertedero. 

En una de sus primeras acciones, la coordinadora recogió y suscribió ante notario los testimonios de vecinos que aseguraban haber presenciado el fusilamiento de personas y/o el entierro de cuerpos desnudos en el vertedero de Macul. Estos relatos fueron entregados en mayo de 2022 a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. 

Ese mismo mes, miembros de la coordinadora se constituyeron como una organización con personalidad jurídica, creando la Agrupación de DD.HH. y Sitios de Memoria de Macul. El trámite era necesario para poder ingresar, en junio de 2022, una querella destinada a esclarecer lo ocurrido. 

Esta acción legal dio inicio a la investigación judicial que sustancia la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. En ese contexto, inmobiliaria Departamental, la empresa que buscaba construir los edificios en el terreno, terminó desistiendo del proyecto. 

Sin embargo, la presión de la agrupación por avanzar en una investigación no disminuyó, realizando decenas de actividades informativas y de memoria, además de sostener múltiples reuniones técnico-políticas con organismos del Estado y autoridades políticas.

Mural “Lomas de la Ausencia”
(Crédito: Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul)

La Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul elaboró actas de cada una de las actividades en que participó. Sólo en los últimos dos años, según se puede leer en esos documentos que revisó CIPER, organizaron 33 actividades de distinto tipo, orientadas a visibilizar lo ocurrido en el exvertedero. También participaron en más de una docena de reuniones, pericias y solicitudes formales a autoridades y organismos del Estado, vinculadas al avance de la investigación.

Ahora, con la elaboración del informe redactado por el Plan Nacional de Búsqueda, la decisión de iniciar la excavación queda en las manos de la ministra Paola Plaza.