El juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Guillermo Rodríguez, aceptó todas las imputaciones que hizo el Ministerio Público al exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras una audiencia de formalización que se extendió por ocho jornadas, Guerra fue conducido por funcionarios de Gendarmería al anexo penitenciario Capitán Yáber. De esta forma, se convirtió en la primera persona que, habiendo ocupado el cargo de fiscal regional, queda en prisión preventiva.

Los cargos imputados en la formalización por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, son cohecho, prevaricación y revelación de secreto. La indagatoria que lleva adelante Carrera se centra en la relación entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla. 

A juicio de la fiscalía, y a partir de los chats entre el exfiscal y Hermosilla, Guerra habría favorecido a cercanos al abogado en distintas causas, como los casos Penta, Exalmar y Dominga. Posterior a eso, dijo el juez Rodríguez en su resolución, “Guerra gestionó con Hermosilla y (Andrés) Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián”. De esta forma, el nombre del exministro del Interior Andrés Chadwick volvió a ocupar un lugar central en las indagatorias relacionadas con el Caso Hermosilla.

Exfiscal Manuel Guerra (Créditos: Víctor Huenante / AgenciaUno)

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que dio instrucciones a la Tesorería General de la República (TGR) para que inicie la cobranza a los deudores morosos del Crédito con Aval de Estado (CAE) que perciben remuneraciones mensuales superiores a $1,5 millones brutos mensuales, los que corresponderían al 20% del total de morosos. Hablando en un seminario del Diario Financiero, Quiroz dijo que “el tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando”. 

El ministro también sostuvo que la cartera impaga del CAE alcanzaba los $500 mil millones en 2018 y que ha aumentado hasta los $4 billones en la actualidad. “La morosidad ha aumentado 8 veces”, indicó. Asimismo, señaló que “hay 1.800 personas morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de $5 millones mensuales”. La cobranza que ahora inició la TGR, dijo Quiroz, incluye embargos. 

En la ocasión, el titular de Hacienda también sostuvo que “desde el 2017 el Estado no ha iniciado alguna acción de cobro (del CAE)”. Eso contrasta con los datos expuestos en un artículo de La Tercera, basado en cifras de la Comisión Ingresa, entidad que administra el CAE, los que indican que el año pasado la TGR recaudó $22.895 millones por retenciones tributarias aplicadas a más de 152 mil deudores del CAE.

Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / AgenciaUno)

Un informe reservado de la Contraloría acreditó que el jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, se comunicó con directivos del Hospital del Salvador previo a la intervención quirúrgica que se práctico a la madre de la secretaria de Estado. El órgano fiscalizador investiga si hubo intervenciones indebidas que habrían favorecido una atención expedita a la mama de Aguilera, en desmedro de otros pacientes. 

Tras conocerse el informe, parlamentarios de las bancadas oficialistas anunciaron que estudian enviar los antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue una eventual responsabilidad penal. Esto, porque el informe de la Contraloría indica que, tras el llamado del jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera de Ferrari, se realizaron coordinaciones con distintas autoridades del hospital. Según el mismo documento, el tiempo de espera de otros pacientes con diagnóstico similar fue de más de 123 horas por una cama básica. El documento estableció que no hay antecedentes que justifiquen la atención preferente que se dio a la madre de la ministra.

El diputado Daniel Lilayu (UDI), citado por La Tercera, indicó que en su bancada “estamos evaluando enviar antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue la posible existencia de un tráfico de influencias”. En la misma nota, el diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que se podría activar una acusación constitucional “porque la Contraloría señala que se trasgrede el principio de probidad”.

Exministra de Salud, Ximena Aguilera (Créditos: Lukas Solís / AgenciaUno)