El autor de esta columna analiza el impacto que ha tenido el mayor reconocimiento, especialmente político, del mundo evangélico. Pero, sostiene que «esta búsqueda de reconocimiento también ha tenido consecuencias internas. A medida que la política adquiere mayor centralidad en la vida evangélica, las diferencias ideológicas comienzan a reorganizar las divisiones dentro de la comunidad. Las antiguas disputas teológicas pierden protagonismo y las diferencias entre iglesias o líderes pasan a definirse cada vez más por posiciones políticas. De este modo, la política deja de ser solo un espacio de interlocución con el Estado y se transforma en un principio de diferenciación dentro del propio mundo evangélico».

Imagen de portada: Te Deum evangélico 2023 (Víctor Huenante / Agencia Uno).

La historia contemporánea del mundo evangélico en Chile está atravesada por una constante búsqueda de reconocimiento político. Este proceso no puede entenderse simplemente como un interés reciente por la participación electoral o la presencia pública. Se trata más bien de una dinámica estructural que surge de la posición histórica de marginalidad religiosa que ocuparon los evangélicos durante gran parte de la historia nacional. En ese contexto, la política aparece como un espacio donde la identidad evangélica busca legitimación, visibilidad y reconocimiento institucional dentro del orden social.

Durante buena parte del siglo XX, los evangélicos constituyeron una minoría religiosa socialmente subordinada. En una sociedad culturalmente marcada por el predominio del catolicismo, sus prácticas religiosas fueron con frecuencia objeto de estigmatización social, desconfianza institucional y exclusión simbólica. Por ello, la búsqueda de reconocimiento no surgió inicialmente como una estrategia de poder político, sino como una demanda de igualdad religiosa y de legitimidad social. Los evangélicos aspiraban, ante todo, a ser reconocidos como una religión legítima dentro del marco institucional del Estado chileno.

Este proceso comenzó a manifestarse con mayor claridad a partir de la década de 1960, cuando diversas organizaciones evangélicas empezaron a demandar al Estado y al sistema político el reconocimiento de su contribución histórica al país. Estas demandas buscaban superar la condición de marginalidad religiosa y garantizar igualdad jurídica frente a otras confesiones. Sin embargo, a medida que estas reivindicaciones comenzaron a canalizarse a través del cabildeo político y la interlocución con actores estatales, quedó también en evidencia la fragilidad del vínculo comunitario evangélico y su creciente dependencia de dinámicas externas de reconocimiento.

Un momento clave en esta historia fue la instauración del Te Deum evangélico. En 1975, el general Augusto Pinochet asistió por primera vez a esta ceremonia religiosa, inaugurando una práctica que posteriormente continuaría de forma anual. Este gesto tuvo un fuerte significado político: por primera vez un jefe de Estado participaba oficialmente en una celebración religiosa no católica. Con el retorno de la democracia en 1990, esta práctica se consolidó como una tradición institucional. Los presidentes democráticamente electos continuaron asistiendo al Te Deum evangélico, reforzando así el reconocimiento público de esta comunidad religiosa. Con el tiempo, la ceremonia dejó de ser un hecho excepcional y pasó a convertirse en un ritual político-religioso institucionalizado en distintas ciudades del país, al que asisten autoridades civiles y militares, y donde mayor relevancia tiene, es en regiones.

El momento decisivo de esta política de reconocimiento llegó con la promulgación de la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa y de Culto en 1999. Esta legislación constituyó un hito histórico para el mundo evangélico al otorgar igualdad jurídica a las iglesias no católicas dentro del sistema institucional chileno. Su aprobación fue el resultado de un prolongado proceso de movilización social y política que incluyó presión mediática, gestiones parlamentarias y manifestaciones públicas masivas. Entre 1994 y 1999 se realizaron al menos seis marchas organizadas por líderes evangélicos que demostraron una notable capacidad de convocatoria y evidenciaron un alto grado de unidad en torno a esta demanda común. Estas movilizaciones no solo buscaban cambios legales, sino también reconocimiento simbólico: aspiraban a que el Estado reconociera públicamente a los evangélicos como un actor legítimo dentro de la sociedad chilena.

Sin embargo, este logro marcó también el inicio de una nueva etapa en la relación entre el mundo evangélico y la política. Tras obtener reconocimiento institucional, comenzaron a surgir nuevas formas de visibilidad pública. Entre ellas destaca la instauración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes mediante la Ley 20.299, promulgada en 2008, que estableció el 31 de octubre como feriado nacional en conmemoración del inicio de la Reforma Protestante.

A ello se sumaron diversas iniciativas institucionales que ampliaron el reconocimiento público del mundo evangélico: el acceso de pastores a capellanías en las Fuerzas Armadas y de seguridad, la asistencia espiritual en hospitales y recintos penitenciarios —donde los evangélicos trabajan desde la década de 1920— y la creación de la capellanía evangélica en La Moneda, institucionalizada durante el gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, en distintos espacios públicos comenzaron a multiplicarse gestos simbólicos de reconocimiento: homenajes parlamentarios a pastores, nombramientos como hijos ilustres en municipios, calles con nombres de líderes evangélicos, monumentos a la Biblia e incluso el izamiento de la llamada “bandera evangélica” en algunas ciudades.

No obstante, este creciente reconocimiento político y estatal no necesariamente fortaleció la cohesión interna del mundo evangélico. Por el contrario, en muchos casos profundizó sus divisiones. A medida que distintos liderazgos comenzaron a disputar el acceso a posiciones de visibilidad pública, el campo evangélico empezó a reorganizarse según lógicas de competencia política y negociación institucional.

Al ingresar plenamente en el espacio de visibilidad del poder político, el mundo evangélico comenzó también a adaptar sus estrategias a las dinámicas propias del campo político. La política dejó de ser un ámbito externo a la vida religiosa y pasó a convertirse en un recurso para asegurar reconocimiento social y presencia pública.

En este escenario, algunos líderes evangélicos comenzaron a desarrollar alianzas con actores políticos que mostraban mayor disposición a reconocer públicamente a esta comunidad. Esta convergencia se produjo con particular intensidad con sectores de la derecha política. Sin embargo, esta relación no se explica necesariamente por una afinidad ideológica previa entre evangélicos y conservadurismo político. Más bien responde a una lógica de reconocimiento: los evangélicos tendieron a vincularse con aquellos actores que les ofrecían visibilidad pública y legitimidad simbólica.

Un ejemplo de esta dinámica es la presencia recurrente de candidatos políticos en reuniones religiosas o cultos evangélicos. Estas visitas no cumplen únicamente una función electoral. Operan también como actos performativos de reconocimiento. La presencia del político en el espacio religioso confirma simbólicamente la existencia pública del grupo y legitima su lugar dentro del orden social. De este modo, la fotografía del pastor junto al candidato o la invitación a autoridades evangélicas a ceremonias políticas adquiere un significado que trasciende lo anecdótico: se convierte en una señal visible de reconocimiento social y político de lo evangélico.

Sin embargo, esta búsqueda de reconocimiento también ha tenido consecuencias internas. A medida que la política adquiere mayor centralidad en la vida evangélica, las diferencias ideológicas comienzan a reorganizar las divisiones dentro de la comunidad. Las antiguas disputas teológicas pierden protagonismo y las diferencias entre iglesias o líderes pasan a definirse cada vez más por posiciones políticas. De este modo, la política deja de ser solo un espacio de interlocución con el Estado y se transforma en un principio de diferenciación dentro del propio mundo evangélico.

La consecuencia ha sido una creciente polarización interna. Las identidades religiosas se reconfiguran en torno a clivajes políticos que redefinen las fronteras de pertenencia y exclusión. En este contexto, la búsqueda de reconocimiento político no explica por sí sola la crisis del mundo evangélico en Chile, pero sí permite comprender una de sus dimensiones fundamentales. Al ingresar plenamente en el régimen de visibilidad del poder político, el mundo evangélico expone la fragilidad de los fundamentos simbólicos que anteriormente sostenían su cohesión comunitaria.

La política, que inicialmente fue un medio para obtener reconocimiento institucional, se convierte así en un espacio donde se reorganizan las identidades religiosas. La comunidad evangélica deja de articularse exclusivamente en torno a narrativas teológicas o espirituales y pasa a estructurarse también a partir de alianzas políticas, disputas ideológicas y estrategias de visibilidad pública.

En consecuencia, la búsqueda de reconocimiento político revela una tensión constitutiva del mundo evangélico contemporáneo. Por un lado, expresa la aspiración legítima de una minoría religiosa históricamente marginada por alcanzar igualdad y legitimidad dentro del orden social. Por otro, expone los riesgos que implica la creciente subordinación de la identidad religiosa a las dinámicas del poder político.

La paradoja es evidente: el reconocimiento buscado debilitó las bases comunitarias que originalmente sostenían la vida religiosa. En lugar de fortalecer la cohesión interna, la política introduce nuevas divisiones y transforma la identidad evangélica en un campo de disputa permanente.

Así, la búsqueda de reconocimiento político no representa simplemente un proceso de integración institucional. Se ha convertido también en un elemento central de la transformación contemporánea del mundo evangélico en Chile.