Gobierno deja Ley Uber en administración de Kast; encuentran cadáver frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal; y abogada de Krassnoff reconoce que redactó proyecto de ley para liberar reclusos

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones postergó la publicación del reglamento de la “Ley Uber”, el que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT), tales como Uber o Cabify, entre otras. A través de un comunicado, la cartera explicó que la decisión se tomó para “entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte”. La redacción final y publicación del reglamento quedará entonces en manos del gobierno de José Antonio Kast y de su ministro de Transportes, Louis de Grange.

La Ley EAT fue aprobada en 2023 y establecía, entre otras reglas, requisitos técnicos para conductores y vehículos, además de la entrega obligatoria de cierta información por parte de las plataformas. La ley no entrará en vigor hasta que el reglamento sea publicado.

El futuro ministro había solicitado en marzo que el actual titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, no publicara el reglamento, argumentando la necesidad de hacerle cambios importantes. A través de su cuenta de X, De Grange aseguró que, como estaba planteado, el reglamento “genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo)”.

(Créditos: Hans Scott / AgenciaUno)

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, indaga el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba al interior de una caja y que fue encontrado este domingo frente al domicilio de Karina Delfino (PS), alcaldesa de Quinta Normal. Un video publicado por 24Horas muestra a un camión 3/4 transitando cerca de la casa de Delfino con la caja, ubicada en la parte posterior del vehículo. De momento, no existe certeza de que el cuerpo haya sido dejado a propósito frente a la vivienda de Delfino.

La alcaldesa, sin embargo, señaló que ni ella ni miembros de su equipo han sido víctimas de amenazas: “Hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, hemos sacado campamentos, hemos derribado más de 10 casas (…) pero la verdad, en lo particular, ni yo ni mi equipo hemos recibido amenazas”. 

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo una reunión con Delfino durante este lunes donde discutieron potenciales medidas de resguardo para ella y sus colaboradores. 

La persona encontrada al interior de la caja, en tanto, estaba maniatada y, según Emol, se trataría de una mujer chilena de 26 años, quien habría fallecido hace aproximadamente 20 días.

Karina Delfino (créditos: Sebastián Beltrán Gaete / AgenciaUno)

Carla Fernández, abogada de condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco, admitió que participó en la redacción del proyecto de ley presentado por el senador Francisco Chahuán (RN), el que busca conmutar penas a presos enfermos y de edad avanzada. El proyecto permitiría que algunos de los clientes de Fernández como el exmilitar Miguel Krassnoff, condenado a más de 1060 años de cárcel por secuestro, tortura y desaparición de personas durante la dictadura; y el exjefe de la DINA, Álvaro Corbalán, condenado a cadena perpetua por crímenes similares, soliciten cumplir sus condenas en sus domicilios. También podrían acceder a este beneficio delincuentes como el psicópata de Alto Hospicio, quien violó y asesinó a 11 adolescentes y tres mujeres.

Un reportaje de Informe Especial publicado el pasado viernes reveló que el proyecto que presentó el senador Chahuán es idéntico a un documento elaborado por la abogada Carla Fernández. Este lunes, en una entrevista concedida a El Mostrador, Fernández reconoció haber participado en la redacción del proyecto: “Acudieron a mí como abogada porque conozco la realidad carcelaria ya que visito penales y defiendo reos rematados”, aseguró.

El proyecto de conmutación de penas fue aprobado el pasado 4 de marzo y su trámite legislativo continuará en la Cámara de Diputados. Este domingo 8 de marzo, los partidos Republicanos, UDI y RN, que habían apoyado la iniciativa en primera instancia, decidieron quitar el respaldo, argumentando que este debe ser mejorado.

Punta Peuco y la abogada Carla Fernández (crédito: José Francisco Zúñiga / AgenciaUno)

El Ministerio Público formalizó por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto al exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Pese a que Mario Carrera, el investigador a cargo del caso, tenía un acuerdo con la defensa de Guerra para no solicitar la medida cautelar más gravosa, sino solo arresto domiciliario, en la audiencia de esta jornada, las cosas cambiaron. 

Según explicó el mismo fiscal, el acuerdo con Guerra se concretaría mientras su defensa no alegara acerca de los elementos por los cuales se había formalizado. Sin embargo, el propio Guerra solicitó declarar ante el tribunal y durante varias horas contó su versión sobre cada uno de los puntos que el Ministerio Público abordó en la audiencia.

La formalización se basó en los chats que Guerra y Hermosilla intercambiaron entre 2016 y 2023, y  que revelaron las veces en que el exfiscal intentó conseguir un trabajo para renunciar al Ministerio Público. La fiscalía considera esas solicitudes como búsqueda  de retribuciones luego de que Guerra liderara causas ligadas a la UDI, al expresidente Sebastián Piñera  y a cercanos a Hermosilla. Se incluyó en la formalización hechos como que Guerra recalificara delitos en el caso Penta, causa ligada a financiamiento ilegal para la UDI. También que entregara información a Hermosilla sobre el administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, investigado por él en causas por presunto financiamiento de campañas. Y que informara al penalista detalles de la investigación de uno de sus defendidos: el ex PDI, Héctor Espinoza. 

Una vez que renunció a la fiscalía, Guerra se integró a la Universidad San Sebastián y a corporaciones de municipalidades de alcaldes UDI como Providencia y Lo Barnechea. 

En su declaración ante el tribunal, el exfiscal abordó casi cada una de las imputaciones, señalando, por ejemplo, que en el caso Penta, pese que desde la Fiscalía Nacional le señalaron que no había razón para cambiar esos delitos, volvería a tomar las mismas decisiones: “Hay que tomar decisiones en base a los antecedentes que existían. Sí, tomé decisiones en contra de lo que indicaba la Fiscalía Nacional, sí, lo volvería a hacer, de todos modos”, dijo.  

El exfiscal regional decidió declarar y romper el acuerdo con la fiscalía a partir de que el Consejo de Defensa del Estado y el resto de los querellantes (los abogados Mauricio Daza, María Inés Horvitz y Hugo Gutiérrez) confirmaran a su defensa que pedirán su prisión preventiva. La audiencia continuará este martes 10 de marzo donde Guerra seguirá declarando. Luego de eso, tanto la fiscalía como los  querellantes solicitarán ante el tribunal las medidas cautelares anunciadas.

Manuel Guerra (créditos: Hans Scott / AgenciaUno)