El informe del CFA sobre las razones del déficit fiscal; administrador de Ñuñoa debió renunciar por incumplir condena, y Valencia rechazó asumir causas donde se indaga a Boric

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este miércoles un duro informe sobre el manejo fiscal del gobierno de Gabriel Boric. El balance estructural de 2025 cerró con un déficit del 3,6%, pese a que la meta estaba cifrada en 1,1%. Según el CFA, esto se debe a errores recurrentes en los ingresos esperados, debido a problemas en “la ejecución de los recortes de gasto comprometidos y a la materialización de las proyecciones de ingresos”.

En el estudio, el organismo explica que los errores son: “Reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos -especialmente tributarios no mineros-”. Y responden a “modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo y un ajuste de gasto adicional que resultó insuficiente durante el año, incluso superando el nivel de gasto comprometido al anunciarse la meta vigente”.

Además, en el escrito se señala que los resultados del balance estructural con un déficit de 3,6% son elevados considerando que 2025 fue un año sin eventos extraordinarios que afectaran la economía, superando los registrados en 2023 y 2024. Por otro lado, el documento consignó que la deuda bruta del país llegó a 41,7% del PIB a fines del año pasado, misma cifra con la que cerró el 2024. Por eso, el CFA recomienda a la Dirección de Presupuestos (Dipres) implementar una serie de medidas orientadas al cumplimiento de las metas de regla fiscal “al menos convergiendo hacia un equilibrio estructural en el mediano plazo y asegurando una trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB que se estabilice por debajo del 45%”.

(Créditos: sitio web Consejo Fiscal Autónomo)

El administrador municipal de Ñuñoa, Tomás Fuentes, se vio obligado a renunciar a su cargo luego de que La Tercera consignara que, en marzo de 2025, fue condenado por conducir en estado de ebriedad, al registrar 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. Esa condena implicaba 41 días de prisión y una multa de un tercio de una Unidad Tributaria Mensual (UTM). Además, como pena accesoria, el tribunal determinó que debía ser suspendido de su cargo en Providencia mientras durara la condena, periodo en que debía recibir su remuneración rebajada a la mitad. Sin embargo, Fuentes continuó trabajando en la municipalidad liderada por Sebastián Sichel, recibiendo su sueldo ininterrumpidamente el que asciende a entre $5 millones y $8 millones.

Según informó Bío Bío, en un Concejo Municipal, el edil respaldó a Fuentes diciendo: “La Contraloría no ha oficiado al municipio solicitando la aplicación de la sanción, que es la suspensión por 41 días del ejercicio del cargo público (…) No hay ninguna inhabilidad, ni parcial ni total, que pese sobre el exadministrador municipal“.

Sin embargo, según lo que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, como Fuentes tiene un cargo público, en su caso se debe aplicar el principio de probidad, el cual señala que “las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta». Al respecto, Fuentes dijo a La Tercera que él “no estaba en conocimiento de que tenía la obligación de informar”, agregando que “los fondos de los 41 días de remuneraciones que percibió pese a su condena, serían restituidos».

Tomás Fuentes junto al alcalde Sebastián Sichel (Créditos: redes sociales de Tomás Fuentes)

El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó la petición del abogado ligado al Partido Republicano, Raimundo Palamara, quien buscaba que él asumiera las investigaciones en las que está imputado el Presidente Gabriel Boric. La solicitud del litigante era que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fuera removido de las investigaciones que lidera, donde se indaga la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y la contratación con fondos públicos del abogado defensor del mandatario, Jonatan Valenzuela. Como ambas indagatorias fueron cerradas, el abogado requería que Valencia las reabriera y realizara las diligencias pendientes.

Bío Bío dio a conocer la respuesta de la Fiscalía Nacional, firmada por la jefa de gabinete de Valencia, Catalina Wildner, donde se señala lo siguiente: “No se avizoran por el momento circunstancias que ameriten que sea el fiscal nacional quien asuma la dirección de dichas investigaciones”, añadiendo que Valencia no puede “dar instrucciones u ordenar realizar u omitir actuaciones en casos particulares”.

Fiscal nacional Ángel Valencia (Créditos: Manuel Lema Olguin / Agencia Uno)