Señor Director:

Aunque hoy parezca extraño, hace no mucho pizarras y libros fueron tecnologías novedosas y escasas. Su expansión dependió de las políticas educativas que buscaron alfabetizar y crear una nación común de ciudadanos, “los chilenos”. En ese contexto, la labor docente, de la cual depende todo el proyecto modernizador, se apoya en las tecnologías escritas que se masificaron y dieron forma a la nueva vida ciudadana.

En 2026 la innovación tecnológica llega por fuera: tecnologías como los teléfonos inteligentes fomentan hábitos que surgen desde el nuevo entorno económico digital. El potencial impacto de esta innovación es tan profundo como el que llevó de una sociedad agraria a la ciudad moderna, pero sus motivaciones parecieran ser menos claras (o nobles).

En medio de estas transformaciones, no resulta sorpresivo que el Estado, mediante el Ministerio de Educación, busque reencausar el curso del progreso tecnológico, no solo por razones pedagógicas, sino también para recuperar control sobre formas de socialización que hoy desbordan a la escuela.

¿Y los profesores? Una sociedad cambiante exige roles cambiantes. El profesor ya no se limita a transmitir información (por ejemplo, textualmente, mediante el dictado): su responsabilidad se complejiza al mismo ritmo del mercado, la ciudad y la sociedad que esta contiene. 

En este contexto de transformaciones aceleradas, es bien conocido el nivel de sobrecarga laboral que enfrentan los docentes; la implementación de esta ley parece añadir otro peso adicional. Por ello, resulta crucial discutir cómo gestionar el cambio sin sacrificar el bienestar de aquellos que posibilitan el éxito de las políticas orientadas a forjar el carácter de los futuros ciudadanos.