Reformalizarán a exjueza Vivanco por nuevos hechos; fiscalía investigará la gestión de los incendios de Valparaíso de 2024, y Suprema acoge querella de capítulos contra exfiscal Guerra

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde a la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos para reformalizar a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y lavado de activos. Esto, a raíz de nuevos hechos conocidos en la denominada trama bielorrusa. Según dio a conocer el fiscal Marco Muñoz en la segunda jornada de formalización de los imputados Sergio Yáber, Yamil Najle y el dueño de la casa de cambios Harold Pizarro, este último reveló en su declaración ante el Ministerio Público un antecedente que, hasta ese momento, era desconocido. Pizarro señaló que el 8 de febrero de 2024 recibió $20 millones de manera fragmentada a través de la secretaria de Eduardo Lagos, abogado que actualmente se encuentra en prisión preventiva por presuntamente haber pagado coimas a Vivanco por sus fallos a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM).

La hipótesis de la fiscalía apunta a que esos dineros provenían de CBM y llegaron a las manos de la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, en dos pagos. Pizarro declaró que tras cambiar las divisas a dólares, fue su hijo, Cristián Pizarro, el que se reunió con Migueles en dos ocasiones para entregar el dinero. Al menos uno de estos habría ocurrido el 28 de febrero de 2024, movimiento que la fiscalía asegura haber corroborado a través de geolocalización de teléfonos, revisión de chats y llamadas. Por estos hechos, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer también imputará a Lagos y Mario Vargas nuevos delitos de soborno. Mientras que a Migueles, se le formalizará por cohecho.

La jueza Patricia Ibarreche resolvió que la audiencia se realizará el próximo 17 de marzo a las 9:00 horas, instancia en la que también se discutirá la ampliación del plazo de la investigación. Además, se espera que en esa audiencia la fiscalía confirme de qué se trata el hecho que habría ocurrido el 12 de febrero de 2024, fecha que el Ministerio Público incluyó en la solicitud de reformalización como el día en que se constituye el nuevo delito de lavado de activos contra Vivanco.

Ángela Vivanco (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

El Ministerio Público confirmó que abrió una causa penal para investigar la demolición de viviendas afectadas por los incendios que sufrió la Región de Valparaíso en 2024. Esto, luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso detectara irregularidades en la gestión tras los siniestros. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, señaló que las auditorías realizadas, entre estas, a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso dependiente del Ministerio de Obras Públicas, dan cuenta de que están comprometidos más de $1.100 millones provenientes de fondos fiscales.

Según confirmó la Fiscalía Nacional, los antecedentes que remitió a la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, consideran dos informes de Contraloría. En uno de ellos, se verificó que la empresa San Nicolás SpA fue contratada por $782 millones para la demolición de 209 viviendas en el sector El Olivar, pero no se acreditó su ejecución. También se constataron anomalías en el proceso utilizado para designar a San Nicolás SpA en el proyecto, pues según el informe no se contaba con la justificación técnica necesaria. Además, la empresa fue contratada sin acreditar experiencia en demoliciones, capacidad operativa ni solvencia económica. Tampoco contaba con maquinaria propia, ni trabajadores contratados y tampoco tenía un giro ante el Servicio de Impuestos Internos acorde a los servicios prestados. Según Contraloría, los pagos que presentó la empresa no incluyeron la documentación laboral exigida y tenían inconsistencias respecto al número de trabajadores declarados, entre otros puntos (vea aquí el informe completo).

En la otra auditoría, el organismo contralor, cuestionó la contratación de la empresa Excavaciones SpA para la destrucción de 1.638 viviendas, pues solo se habrían ejecutado 466 demoliciones. Se señala que hay falta de fundamentos financieros y técnicos para la contratación; incumplimientos de los plazos y la falta de aplicación de multas; incumplimiento de la fiscalización del contrato, entre otras irregularidades. Asimismo, se detectó un problema similar respecto a otra compañía, Sociedad Demoliciones, pues habría demolido 572 de las 713 viviendas acordadas (vea aquí esa auditoría).

Viviendas que no han sido reconstruidas tras el incendio en El Olivar en 2024 (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias)

En un fallo unánime, la Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Arica contra el exfiscal Manuel Guerra por delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. En la acción judicial, el fiscal regional Mario Carrera señala que Guerra habría solicitado reiteradamente favores al abogado Luis Hermosilla para su propio beneficio y el de terceros, aprovechándose del cargo de fiscal regional metropolitano oriente que ostentaba en la época. Con esta resolución, Guerra podrá ser formalizado.

La fiscalía acusa que el exfiscal, mientras ejercía como titular regional, le habría entregado a Hermosilla información sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, las que afectaban directamente al entonces Presidente Sebastián Piñera. Todo esto mientras Hermosilla ejercía como asesor del Ministerio del Interior, y era conocido como el abogado del Presidente.

El Ministerio Público acusa que tras estas gestiones con Hermosilla, Guerra le habría solicitado al penalista una serie de favores, como por ejemplo, que lo ayudara a conseguir un puesto en el Consejo de Defensa del Estado. El escrito considera que Guerra le pidió ayuda de manera reiterada al penalista para conseguir trabajo en el ámbito privado y académico, también para conseguir apoyo para el exfiscal Tufit Budafel -quien fue condenado por abuso sexual por sorpresa-, y ayuda para que la abogada Patricia Manríquez fuera designada como notaria.

En la querella, además, se da cuenta de actos y omisiones que constituirían, a juicio del Ministerio Público, infracciones graves a los deberes propios de su cargo. Sobre eso, considera que Guerra entregó información reservada a terceros sobre investigaciones penales a personas ajenas al proceso; adoptó decisiones procesales supuestamente injustas sobre reformalizaciones, solicitudes de salidas alternativas, procedimientos abreviados o exclusión de hechos previamente formalizados, y la conducción personal y exclusiva de causas, prescindiendo de equipos especializados o la opinión técnica de unidades de apoyo de la Fiscalía Nacional.

Manuel Guerra (Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)